Margarita Martínez González
Letrada de la Administración de Justicia
La Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, supuso un cambio enorme para nuestra Carrera. Aquel momento crucial lo vivimos con sentimientos encontrados, desde algún abierto rechazo, pasando por cierto temor, hasta con auténtica ilusión en una aplastante mayoría. Muchos de nosotros vimos el reconocimiento, por fin, del valor de nuestro trabajo, de la labor enorme que los entonces secretarios judiciales –ahora letrados de la administración de justicia- realizamos en los órganos judiciales.
Desde esa fecha no ha habido ningún Ministro de Justicia, Secretario de Estado, Secretario General o Director General que no haya utilizado la famosa expresión “piedra angular de la Administración de Justicia” para referirse a nuestra figura. Ese calificativo que en principio nos resultaba sospechosamente halagüeño, después cargante y finalmente hasta enojoso y sarcástico no carece de fundamento, paradójicamente: la famosa ley 13/2009 nos había atribuido una enorme responsabilidad y una multitud de competencias esenciales; tantas, que si falta el secretario judicial, ahora llamado LAJ, no funciona nada en absoluto en los órganos judiciales de nuestro país, cualquiera que sea su rango. Y ahora mismo lo estamos comprobando, inmersos en una protesta sin precedentes en defensa de lo que es nuestro.
En aquella ley se nos atribuían todas las funciones de dirección del proceso y otras de auténtica decisión. Nosotros asumimos todo ello con un extraordinario sentido de la responsabilidad, y estábamos convencidos de que tal reforma aparejaría una adecuación salarial lógica que a ningún ser humano con mediano entendimiento le podría parecer fuera de lugar.
En el año 2010 tuve la ocasión de defender en nombre de UPSJ, ante el Ministro Caamaño y en presencia de alrededor de doscientas personas de todos los estamentos de la Justicia, el merecimiento retributivo por las competencias y las responsabilidades que nos impuso la ley en 2009. Aquella reivindicación me valió los reproches directos, algunos muy dolorosos, de varios colectivos y de personas concretas, desde políticos –obviamente- , pasando por catedráticos –no sé por qué- y hasta jueces -cosa bastante incomprensible, o quizás no tanto- afeándome haber “reclamado dinero” en plena crisis económica…
Desde entonces han sido muchas las veces que nuestros representantes, básicamente las asociaciones en que se agrupa nuestro cuerpo, han trabajado y reclamado a cada Ministro de Justicia un salario adecuado a la responsabilidad que pesa sobre nosotros. Las reclamaciones se han articulado de muchos modos, siempre respetuosos, siempre prudentes; todos conocemos propuestas trasladadas a los responsables ministeriales; todos recordamos alguna protesta, algún paro. Todos sabemos que las respuestas de los sucesivos Ministros han sido nulas. Nunca es el momento, siempre hay crisis, siempre hay obstáculos. Obstáculos que no se nombran pero son clamorosos. Todos los funcionarios A1 de la Administración perciben un sueldo mucho más alto que el nuestro. La bienquerida cláusula de enganche se pudo vislumbrar en la Ley de Presupuestos Generales para 2022, pero no se materializa. Obstáculo: ¿la crisis? Igual sí, pero no solo.
Y mientras tanto, seguimos acumulando responsabilidades y competencias, como ocurrió con la Jurisdicción Voluntaria. Las ejercemos y asumimos con un sentido del deber muy grande y a veces digno de mejor causa, hasta límites inverosímiles. Porque nos atribuyen todo tipo de funciones. El colmo de las cuales se concreta en la reglamentaria obligación de cooperar con otras administraciones. Resulta surrealista, por ejemplo, que seamos nosotros quienes tengamos que entregar a los funcionarios de la Comunidad transferida los ordenadores que les suministra, y ¡hasta las mascarillas!. Y de todo eso también somos responsables.
Por eso, cuando otros nos acusan de dejar en sus manos el trabajo que nos corresponde a nosotros, ignorando lo dispuesto sobre competencias en las normas orgánicas, me pregunto si están dispuestos a cargar con la responsabilidad, a responder de las consecuencias de las decisiones que se toman. El jefe de un equipo, servicio, negociado o departamento no hace materialmente todo el trabajo del equipo: asume la responsabilidad de lo que se gestiona simple y llanamente porque lo dirige, lo ordena, lo supervisa y lo sanciona y garantiza con su firma. Y con carácter de autoridad además, al menos en nuestro caso.
Que estas razones avalan la justicia y la necesidad de una retribución apropiada es evidente; que nunca se ha dejado de reclamar al Ministerio, también lo es, siempre respetando y comprendiendo las coyunturas económicamente complicadas por las que va transitando nuestro país. Pero también es cierto que la tan cacareada subida general a los funcionarios de Justicia entre los que nos incluyeron, materializada el año pasado en un incremento lineal, no puede ser la adecuación salarial necesaria desde 2009 para las responsabilidades que tenemos los Letrados de la Administración de Justicia. Mantener esa afirmación como ha hecho el Ministerio no es sino una ocurrencia despreciativa y humillante. Desconozco de qué cráneo privilegiado dentro del Ministerio -utilizando de forma irónica la célebre expresión de Valle Inclán- ha salido semejante idea, queriéndonos hacer comulgar como con rueda de molino con la píldora de haber dado cumplimiento mediante ese incremento a lo ordenado en la disposición 155 de la Ley de Presupuestos Generales para 2022, es decir, nuestra merecida adecuación salarial. Ese y no otro es el detonante del conflicto en que nos vemos ahora envueltos, la torpeza denigrante del Ministerio, y por eso la insistencia y las medidas de presión desplegadas a lo largo del pasado año, que dieron el fruto de unos acuerdos ignominiosamente incumplidos por el propio Departamento que los ha firmado.
Y aún tenemos que soportar que la actual Ministra no sepa ni cuáles son nuestras responsabilidades y que ella y su equipo nos desprestigien ante la opinión pública.
Ya nos hemos hartado, y ya no toleramos más. Hemos sido y somos extraordinariamente responsables y sabemos lo que valemos, y ya es hora de que nos lo reconozcan.
