José Gabriel Marín Morante
Letrado de la Administración de Justicia
Decía Andrés Aberasturi, en una entrevista, hace muchos años, que era mujer sabia la que no quería que su hijo fuera periodista. ¿Es de sabios decir que no queremos que nuestros hijos sean letrados de la Administración de Justicia?
No hay duda de que, si un joven supera una de las oposiciones más difíciles, pertenece a un Cuerpo Superior Jurídico y tiene un trabajo con gran cantidad de funciones y una enorme responsabilidad, ello solo puede ser motivo de orgullo. Pero, es más cierto que si mi hija, que está en tercero del grado de Derecho, me anuncia su decisión de ser “LAJ” me surge la duda de invitarle a que reflexione respecto a otras opciones menos difíciles y mejor remuneradas. En el mismo sentido quiero destacar que en el terreno de la heroicidad entran los gestores procesales que deciden prepararse el acceso a LAJ, pues, en muchos casos, pasan a perder dinero. ¿Qué le diría un padre a su hijo si le dice que va a estudiar mucho para ganar menos y estar más expuesto a un expediente disciplinario en el trabajo?
Casi todos nosotros, en nuestro comienzo, hemos tenido que soportar consejos, pretendidamente sabios, del tipo “con un poquito más de esfuerzo serías juez” o, peor aún, cuando se suspendía la oposición, “mejor, que así sigues estudiando y puedes llegar a juez”. Desde el principio se ha tenido, por algunos, nuestro trabajo como un quiero y no puedo, incluso se ha hablado de nosotros como jueces frustrados y el antiguo tercer turno o actual cuarto quedaba como la salida digna a un camino que parecía quedar a medias del opositor que se había esforzado. Dicho esto, se nos olvida que muchos jueces han suspendido nuestra oposición. Estuve en la Escuela en el año 1993 y coincidí con una promoción de jueces en las que varios de ellos reconocían haber fracasado en su intento de ser “secretario judicial” y con modestia y realismo afirmaban que igual podíamos haber aprobado jueces nosotros, pues la suerte había ido en uno u otro sentido.
Este rollo es para destacar que, desde el principio, se nos provoca una crisis de autoestima que, en muchos casos, consigue (inconscientemente) el objetivo de hacernos un Cuerpo nada reivindicativo y capaz de asumir funciones y responsabilidades sin ninguna compensación económica (hecho inédito en la historia del Derecho Laboral) al entender que nuestras condiciones han de ser, necesariamente, peores que la del A1 del despacho de al lado. Basta ver lo que gana un juez, un fiscal o un forense y compararlo con nosotros. No es exagerado decir que nuestra oposición es una de las más difíciles que hay en el ámbito jurídico, que somos esenciales en el Juzgado y que, del mismo modo que pasa con los jueces, la eficacia y dedicación de un letrado de la administración de justicia se nota a la hora de hablar de lo bien o mal que va un Juzgado. El cuarto turno, las plazas de coordinador o de gobierno, direcciones de servicios comunes, las sustituciones o comisiones de servicio son zanahorias que se nos ponen en el camino para distraer el problema de fondo: lo mal pagados que estamos.
Podría dar nombre y apellidos de opositores a nuestro cuerpo que se lo dejaron por la dificultad, prepararon otras oposiciones más sencillas y hoy ganan mucho más que yo. En el juzgado, sin ir más lejos, los gestores A2 eran oficiales C, y ese salto económico no ha tenido un equivalente para nosotros. Jueces y fiscales vieron perder la novena y octava categoría de complemento mientras que para nosotros se inventó la cuarta…
Pero el colmo fue la materialización de la famosa Disposición Adicional de los Presupuestos Generales del estado que, tras una labor silenciosa y constante de nuestros representantes con las formaciones políticas, cuando llegó el momento de ejecutarse supuso solo 10 euros más que a un gestor. Esto provocó las jornadas de huelga que hemos tenido este año y ha dado lugar a un conflicto que a fecha de hoy no está definitivamente resuelto y que solo diremos acabado cuando se publique en el BOE lo que en justicia nos corresponde. Se desconvocó una huelga por un compromiso cuya ejecución está pendiente a fecha de hoy y que si no se materializa será simplemente porque nosotros nos hemos conformado con los 10 euros de más.
En septiembre empieza el año judicial, pero también es el momento de encontrarnos con la realidad y ver si en los Presupuestos Generales del Estado se contempla lo prometido o es humo. En el segundo caso, nuestra reacción será lo que determinará como se cierra el capítulo ilusionante que empezó el de enero con un apoyo masivo a la huelga convocada por UPSJ y que, a fecha de hoy, está por escribir. En 29 años que llevo en la profesión, no había visto nunca una respuesta tan contundente. Ojalá, sea de sabios querer que nuestros hijos sean, además, compañeros, pero ello nos obliga a actuar ahora con el espíritu de enero y que, de nuevo, nuestra UPSJ tome el liderazgo en esta justa reivindicación, si, como dice la canción, la vida sigue igual. El recurso contra las sustituciones y las entradas y registros simultáneas es el primer aviso de que somos nosotros los que nos tenemos que mover.
