El 14 de marzo de 2020 se publicó en el BOE el Real Decreto 463/2020 por el que se declaraba el  estado de alarma para la gestión de una  situación de crisis sanitaria sin precedentes,  ocasionada por el COVID-19, que ha paralizado la actividad de la mayor parte de  los países que la están padeciendo.

Han sido dos meses negros que han marcado y van a marcar el panorama político, social y económico de este país el próximo año.  Afortunadamente la crisis sanitaria está remitiendo, y aunque hay que ser cautos y respetar escrupulosamente las recomendaciones de las autoridades sanitarias, estamos viendo la luz al final  del túnel y vamos retomando la actividad de forma gradual y paulatina.

La Administración de Justicia también se ha visto afectada por la crisis sanitaria, a pesar de ello se ha dado respuesta aquéllos procedimientos que fueron declarados esenciales por el CGPJ el día 13 de marzo de forma coordinada con el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado.

Los Letrados de la Administración de Justicia, durante estos dos meses,  hemos estado al pie del cañón cumpliendo las funciones propias de nuestro cargo dirigiendo la oficina judicial,  gestionando   los medios  personales y materiales que teníamos a nuestra disposición y   articulando mecanismos de coordinación con  Jueces, Magistrados, Fiscales y personal integrante de la oficina. El teletrabajo, siempre que ha sido posible, ha sido  la pieza clave para el desempeño de nuestras funciones, en esta situación novedosa e incierta, sin dejar de lado nuestra presencia en las oficinas judiciales cuando ello ha sido necesario.

Desde UPSJ creemos que podemos darnos por satisfechos con el resultado.  Se ha  conseguido compatibilizar la actividad procesal con una situación de alarma sanitaria sin precedentes evidenciando nuestra rápida capacidad de adaptación a la situación creada.

Hemos considerado oportuno hacer un sondeo de datos y plasmar en cifras la actividad llevada a cabo durante estos dos meses en las oficinas judiciales. Arrojando el siguiente resultado:

  • Estadística Judicial: según el CGPJ más de 3000 LAJs han realizado y remitido la estadística judicial correspondiente al primer trimestre de 2020 a dicho organismo, a pesar de que no era obligatoria su confección y remisión.
  • Actividad en la Cuenta de Depósitos y consignaciones judiciales: mandamientos de pago y transferencias: se han emitido aproximadamente unos 214.000 por un importe que rondaría los 300.000.000 euros Se han dado de alta unas 350 subastas y se han acordado los embargos telemáticos más urgentes, que han llegado a ser 60.000.
  • Notificaciones: tomando como referencia la última semana de abril, se han realizado unas 50.000 notificaciones tan solo en Cataluña, por lo cual estimamos que en todo el Estado español se ha superado las 250.000
  • Registro y Reparto, a modo ejemplificativo constatar que sólo en la Ciudad de Barcelona se han registrado, repartido y  minutado unas 16.928 demandas,  en este cómputo no se incluyen los asuntos correspondientes a la jurisdicción penal.

Aunque las cifras son inferiores a las que se obtendrían dentro de una actividad procesal ordinaria evidencian que las oficinas judiciales no han estado paralizadas, puesto que los Letrados los hemos estado despachando, dentro de nuestras posibilidades, los asuntos que son de nuestra exclusiva competencia.

En todas las jurisdicciones se han  garantizado los servicios más urgentes y esenciales, especialmente en la jurisdicción penal y Registro Civil donde se ha respondido de forma óptima en circunstancias extraordinarias.

Desde UPSJ agradecemos a  los Letrados de la Administración de Justicia la labor desempeñada en una situación compleja y dificultosa. Esperamos que de ella podamos extraer algún aprendizaje, que hagamos del expediente electrónico una realidad y que el teletrabajo se constituya en una herramienta básica para la prestación del servicio público en la Administración de Justicia, sin merca de la actividad presencial que debe realizarse al frente de la oficina judicial.

Además, pedimos que consecuentemente a nuestra importancia en la realidad judicial el Ministerio de Justicia y el resto de operadores jurídicos escuchen más atentamente nuestras propuestas, porque al final, sí o sí, nosotros seremos los que pondremos en práctica el cumplimiento de las resoluciones procesales y judiciales.

 

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