El día 14 de marzo de 2020 el RD 463/2020 declaró por segunda vez en España el estado de alarma, suspendió los plazos procesales y como consecuencia se paralizó la actividad judicial no esencial. El día 4 de junio finalizó la suspensión de los plazos procesales y el 21 de junio finalizó el estado de alarma.

Hace casi cuatro meses desde el inicio de esta época convulsa causada por el COVID19, tiempo suficiente para que las Administraciones tomen posiciones para revertir el impacto de esta pandemia. A veces, para ser justos esta lentitud la provoca la insuficiencia presupuestaria con que se la dota. Sin embargo, hay situaciones en que no hay excusa posible, y este sería el caso del Servicio de Decanato de Madrid.

No tiene explicación que durante casi cuatro meses la Comunidad Autónoma no haya cubierto más de la mitad de plazas vacantes que existen en el Servicio.

Porque hablamos de un Servicio de más de 200 funcionarios, por el cual transitan todas las demandas para ser turnadas, pero también todos los escritos dirigidos a los diferentes órganos judiciales. En otras palabras, a la cola de la modernización y digitalización de la justicia de todo el país, porque su organización corresponde a la de dos decenios atrás. Es inexplicable que la Comunidad Autónoma no haga absolutamente nada para revertir este déficit en infraestructuras tecnológicas, a pesar que es un llave de paso en el organigrama judicial de Madrid, y cuando la justicia está siendo literalmente arrollada por la entrada en masa de determinados asuntos y escritos, como por ejemplo, las reclamaciones de consumidores por contratos con clausulas abusivas, o  la cesión de créditos a favor de “fondos buitres”.

Piensen ahora el colapso que supone que desde hace meses este Servicio cuente solo con el 50% de efectivos, y  qué pasa con las demandas y  escritos que deben tramitar los 103  Juzgados de Primera Instancia de Madrid.

Y cuando hayan pensado sobre el tema, comprueben ahora si su imaginación se acerca o no a la realidad.

A dia de la fecha los hechos son los siguientes:

  • En estos momentos todavía se reparten las demandas presentadas antes del Covid19 ( sí, con fecha de entrada anterior al 14 de marzo)
  • Las demandas judiciales del ámbito civil presentadas desde del 14 de marzo, se sitúan a la cola del reparto respecto las anteriores y superan en número las 26.500 demandas.
  • Las 1.000 demandas de “procedimientos sobre cláusulas abusivas” presentadas hasta febrero de 2020, y que el Decanato ha de turnar al Juzgado de Primera Instancia 101 bis – que conoce de ellas en exclusiva-, siguen en la bandeja del Decanato. Y a estas 1.000 demandas hay que sumar las presentadas desde febrero 2020 hasta el día de hoy.

Detrás de cada una de estas demandas hay ciudadanos y empresas que ejercen sus derechos, a los cuales la Administración tiene la obligación de atender.

UPSJ quiere denunciar esta situación concreta. Las exageradas cifras provocadas por el colapso, unidas a la nula actitud de la Administración responsable del problema, que puede solucionar con la simple cobertura de las vacantes colman el vaso de la paciencia. Ni los Letrados de la Administración de Justicia destinados en Madrid, ni los ciudadanos, ni los profesionales, ni las empresas afectadas por este tema se merecen una justicia de segundo nivel.

Lamentablemente, la situación de abandono de la Justicia en Madrid ya la denunció UPSJ ante la Comisión de Justicia del Congreso los Diputados, y de aquellos barros, estos lodos.

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