La movilización de los Letrados y Letradas de la Administración de Justicia es un hecho histórico. La reclamación de nuestra negociación colectiva y nuestra adecuación salarial nos ha llevado a tener que acudir al último recurso de la huelga los pasados 9 y 10 de marzo, que ha sido seguida ampliamente por el 60% del cuerpo. Queremos daros las gracias a todos los compañeros y compañeras por este éxito en las pasadas jornadas de huelga.
Los Letrados de la Administración de Justicia somos servidores públicos, estamos en primera línea y sabemos la importancia de nuestro trabajo. Sabemos que sin nosotros las oficinas judiciales no pueden funcionar y se para prácticamente toda la actividad procesal.
Las cifras de datos no nos sorprenden porque son la consecuencia de las más de 600 funciones que se nos atribuyeron, sin contraprestación alguna, desde la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial.
Por esto, la huelga de los días 9 y 10 de marzo ha supuesto la suspensión de multitud de actuaciones y trámites, que corresponden al 60% de las actuaciones que realizamos diariamente.
Los Letrados de la Administración de Justicia también somos los responsables de la estadística, con cuyos datos el CGPJ publica cuál es la actividad diaria de nuestros Juzgados y Tribunales, a partir de los cuales se mide el impacto del paro.
Además, se nos han solicitado por el Ministerio de Justicia datos sobre los efectos de nuestra propia huelga, que hemos facilitado a través de nuestros Coordinadores Provinciales. Esos datos que ha recopilado el Ministerio corroboran también nuestros datos de suspensión y paralización de actuaciones.
Los dos días de huelga suponen que se han dejado de mover más de 60.000.000 de euros, 30.540.404,28 de euros cada uno de los días, en todo el territorio nacional.
Además se han suspendido más de 140.000 juicios y declaraciones en todos los órdenes jurisdiccionales.
Estos dos días en la jurisdicción penal se han suspendido a causa de la huelga una media de 3157 juicios señalados, 126.286 declaraciones penales, 13 millones de euros sin movimiento al tesoro público o al justiciable, 608 poderes procesales, y 22.784 citaciones, notificaciones, requerimientos y emplazamientos.
En la Jurisdicción civil, este paro de dos días del 60% supone 5754 demandas que no han sido incoadas, 1276 vistas suspendidas en los Juzgados de Primera Instancia y 1.923 vistas suspendidas en los Juzgados Mixtos. Se han paralizado pagos por valor de 40.052.629 euros.
Igualmente se han dejado de celebrar casi 100 subastas judiciales y paralizado el trámite en el 60% de las que se encuentran en trámite.
Todo ello sin contar la actividad procesal, procedimientos que se dejan de archivar y de impulsar, como la finalización de 3.329 procedimientos monitorios, de 227 conciliaciones, de 230 expedientes de jurisdicción voluntaria, o de 20 concursos.
En los servicios comunes se han dejado de practicar 17815,8 diligencias unipersonales, 491 diligencias en comisión, y se han suspendido 345 lanzamientos.
En la jurisdicción social el seguimiento de la huelga ha supuesto que se hayan dejado de dictar 421 decretos de conciliación, y se ha dejado de mover la cantidad de 2.068.997 euros cuyo destinatario son mayoritariamente los trabajadores.
En la jurisdicción contenciosa la suspensión de la actividad a causa de la huelga ha significado que se han dejado de incoar 1262 demandas y que no se abonaron 5.608.306 a sus beneficiarios.
A todo esto, hay que añadir la actividad paralizada en los Registros Civiles, las resoluciones procesales que siempre van firmadas por LAJ, las tasaciones de costas, notificaciones telemáticas, la dación de cuenta, la falta de registro y reparto de asuntos, y todas las actuaciones que responden a esas seiscientas nuevas funciones que se nos atribuyeron en el año 2009.
Estas cifras reflejan nuestras funciones, nuestro trabajo y nuestra responsabilidad diaria, que debe tener una retribución acorde a las mismas, y son la base de nuestra exigencia de adecuación salarial.
Los Letrados de la Administración de Justicia hemos vuelto a dar un gran paso y nuevamente las cifras nos respaldan. El Ministerio de Justicia debe comprometerse ya de forma seria para solucionar nuestra situación, pues un servicio público de calidad precisa adecuados medios personales y materiales.
