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La Presidenta del Consejo General de la Abogacía, Dª Victoria Ortega, se ha reunido este martes día 23 con nuestra portavoz, para intercambiar opiniones sobre la Administración de justicia.

Se ha constatado una total afinidad y coincidencia entre el documento de propuestas de reforma en materia de justicia que UPSJ elaboró al inicio de la legislatura y ha presentado al Ministerio y a los partidos políticos, y los puntos que conforman la propuesta de pacto de Estado para el futuro de la justicia que el Consejo General ha puesto en disposición de todos los colectivos del ámbito judicial.

Si tuviéramos que destacar alguno de los treinta y cuatro puntos del documento del Consejo, nos decantaríamos por la búsqueda de una justicia accesible al máximo a los ciudadanos, lo que implica la digitalización efectiva e inmediata del sistema, con más y mejores medios pero también con un cambio profundo de organización y de actitud, donde se recupere la credibilidad de todos los órganos judiciales, y donde se retribuya a quienes intervienen al servicio de la Administración de justicia con incentivos basados en la calidad y el rendimiento, desde el diálogo con los colectivos afectados.

Pero, todo el documento en sí refleja un conocimiento certero de la realidad judicial, y quizás por ello, lo acertado de sus propuestas.

Las dos representantes han tratado también temas de actualidad jurídica como el rechazo a la última propuesta ministerial sobre el Registro Civil, y el lento arranque de esta legislatura en acometer reformas, y en especial los llamados “ juzgados bis” con competencias sobre las cláusulas suelo. En todos ellos, ha existido sintonía y entendimiento. En este sentido, por ambas partes se ha criticado la propuesta del Consejo General del Poder Judicial de crear juzgados especialistas en cláusulas suelo de ámbito provincial, sin la suficiente dotación de medios personales y olvidando regular la competencia de la subsiguiente ejecución de las sentencias que se dictasen, que plantea el problema del juez competente para despachar la ejecución y el juzgado que conocerá de esta ejecución.

Como Asociación de Letrados de la Administración de Justicia nos preocupa, también y especialmente, las lagunas en la propuesta ministerial que afectan a los Letrados de la Administración de Justicia, como por ejemplo, qué Letrado tasará las costas de la fase declarativa.

UPSJ, como no podía ser de otra manera, se adhiere a la propuesta de pacto de Estado ofrecida desde el Consejo General de la Abogacía, y ha ofrecido a su Presidenta colaboración en todas aquellas reivindicaciones, informes o estudios que le fueren precisos.

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