La Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) valora positivamente la creación de 500 nuevas plazas judiciales aprobada mediante el Real Decreto 996/2026, de 16 de noviembre, como una medida necesaria para reforzar la capacidad de respuesta de la Administración de Justicia.
No obstante, esta ampliación de la planta judicial debe ir acompañada de una planificación adecuada de los medios personales necesarios para hacerla efectiva. Los Servicios Comunes y las Oficinas Judiciales no están actualmente dimensionados ni suficientemente dotadas para absorber un incremento tan significativo de actividad sin que ello repercuta en las cargas de trabajo y, en consecuencia, en la calidad del servicio público.
La creación de nuevas plazas judiciales no puede limitarse a incrementar el número de jueces y magistrados. Es imprescindible que vaya acompañada de una dotación suficiente de Letrados y Letradas de la Administración de Justicia y de funcionarios de los cuerpos generales, tanto para atender las necesidades derivadas de los nuevos órganos como para dotar correctamente los Servicios Comunes y las Oficinas Judiciales que deberán darles soporte y asumir el incremento global de actividad de la Administración de Justicia.
Por ello, UPSJ reclama la elaboración de un plan de refuerzo y adecuación de plantillas, que permita identificar las necesidades reales de cada Oficina Judicial y Servicio Común y garantizar que cuenten con efectivos suficientes en las fechas previstas para la entrada en funcionamiento de las nuevas plazas, siendo correlativo el aumento de los Servicios Comunes y de la plantilla de Letrados de la Administración de Justicia al de las plazas judiciales.
La implantación escalonada prevista en el Real Decreto, con fechas de entrada en funcionamiento en diciembre de 2027, junio de 2028 y noviembre de 2028, ofrece un margen para anticipar esta planificación. Es necesario comenzar a trabajar desde ahora para que la incorporación de las nuevas plazas no se traduzca en una sobrecarga adicional para unas plantillas que ya soportan importantes niveles de actividad.
El refuerzo de la planta judicial debe ir necesariamente acompañado del refuerzo de quienes hacen posible su funcionamiento. Una Justicia más dimensionada exige también Oficinas Judiciales y Servicios Comunes dotados de los recursos humanos necesarios para prestar un servicio público eficaz y de calidad.




