Quien se acerque estos días a un Juzgado tiene muchas posibilidades de encontrarse con alguna movilización. A la huelga de funcionarios de los cuerpos generales se suman concentraciones hoy de letrados de la administración de justicia y mañana, de jueces, fiscales y abogados.
Aunque cada colectivo tiene reclamaciones propias, en realidad todos protestamos por la precarización de la justicia, por un modelo low-cost que se sustenta en personal sobre cualificado, infrapagado y sobreexplotado, como cualquier multinacional al uso.
El cuerpo de letrados de la administración de justicia es buen ejemplo de ello, con profesionales jurídicos a los que se les asignan funciones de todo tipo, desde las más técnicas jurídicamente a las más básicas. Desde funciones cuasi judiciales a rellenar boletines estadísticos o introducir datos en sistemas informáticos. Desde interpretar normas de servicios mínimos a notificárselos a los funcionarios.
Desde el año 2009 el letrado de la administración de justicia ha sufrido un incremento de funciones y de responsabilidades espectacular. En su día se le prometió una adecuación salarial cuando se superara la crisis. Pues bien, ha esperado, ha sido solidario y ha asumido en silencio todas esas funciones. Pero van pasando los años, y este letrado sigue trabajando en su despacho, respondiendo de lo que hace él y de lo que hacen los demás funcionarios de la oficina, verificando que ningún preso supere los plazos legales de prisión y a la vez embargando y realizando bienes que pueden valer millones de euros. Todo ello cobrando unos ciento cincuenta euros más que sus subordinados y un 30% menos que el juez del mismo juzgado, del que ha asumido una porción sensible de trabajo. Teniendo en cuenta que tanto los funcionarios como los jueces están muy claramente infrapagados a su vez. Pues bien, el letrado también se ha cansado de esperar y reclama lo que se le debe.
No son intereses meramente corporativos. La tutela de los derechos de los ciudadanos precisa de una justicia de calidad, y ésta a su vez requiere medios suficientes y profesionales justamente retribuidos.
Juan José Yáñez Pena
Letrado de la Administración de Justicia
