La Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial, con el objetivo de fomentar la utilización de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia dio una nueva redacción al artículo 230 de la LOPJ y al artículo 147 de la LEC, de forma que ambas disposiciones recogen una prohibición: “las actuaciones orales y vistas grabadas y documentadas en soporte digital no podrán transcribirse, salvo en aquellos casos en que una ley así lo determine”.
Aún cuando dicha norma entró en vigor el 1 de octubre de 2015, no han sido pocas las peticiones realizadas a los órganos y oficinas judiciales interesando la transcripción de las actuaciones grabadas y documentadas en soporte digital por el Letrado de la Administración de Justicia, y ello ha dado lugar a que las Salas de Gobierno de varios Tribunales Superiores de Justicia hayan adoptado acuerdos en el sentido de disponer la transcripción a soporte papel de las informaciones testificales o periciales grabadas en soporte digital durante la fase de instrucción, acuerdos que vulneran lo dispuesto en el artículo 230 de la LOPJ.
En este contexto, la Comisión Permanente del CGPJ ha aprobado un informe relativo a la transcripción desde soporte digital a soporte papel de las grabaciones de las declaraciones testificales y periciales practicadas en fase de instrucción que concluye que “tales prácticas, en principio, no se ajustarían al ordenamiento jurídico”.
Y, dando un paso más, en dicho informe la Comisión Permanente del CGPJ entiende que corresponde a los Letrados de la Administración de Justicia el deber de cuidar que la grabación se efectúe con los puntos de control que permitan acceder con facilidad a los diferentes momentos de la grabación, considerando además absolutamente imprescindible que el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias pongan a disposición de los órganos judiciales los medios técnicos que permitan llevar a cabo sin dificultad tales funciones.
