Autor: Enrique Alberto Maya. Letrado de Justicia.
Los presupuestos generales del Estado de este año 2021 recogen garantizar la adecuación salarial del cuerpo superior jurídico de Letrados de la Administración de Justicia.
Ha llegado el momento de que se aumenten nuestros registros salariales dado la naturaleza de nuestras funciones, las tareas que tenemos asignadas, nuestras condiciones educativas, profesionales y las formas exigidas para su acceso y ejercicio. Nuestras condiciones remunerativas deben ir hacia un volumen más justo, poniendo fin de una vez y para siempre a esta aberración retributiva que mancilla nuestros derechos. Este equipo ministerial tiene la obligación y a su vez la oportunidad de poner fin a la tortura en material salarial de un colectivo que es protagonista dentro de la Administración de Justicia. Esperamos con entusiasmo el inicio de actividades que permitan alcanzar un acuerdo que respalde nuestros déficits económicos, y que por ende premien nuestro ejercicio profesional que siempre ha sido ejemplar e intachable como estamos demostrando cada día en esta situación de emergencia nacional.
El servicio público sigue en marcha gracias al trabajo de todo el personal de Justicia donde destaca la actividad más que significativa de los Letrados de la Administración Justicia encargados de poner en marcha el motor y controlar el engranaje de la Justicia para que esta no colapse. Nuestros emolumentos evidencian una incorrecta valoración de nuestros puestos de trabajo que ningún equipo ministerial ha discutido pero que no ha podido corregir poniendo siempre como barrera insuperable al Ministerio de Hacienda. Pero en este 2021 esta barrera ya no es infranqueable como así reflejan los presupuestos.
Para nuestra adecuación salarial no sobra reiterar que el Ministerio debe tener en cuenta nuestras funciones y responsabilidades, debe cuantificar el trabajo que realizamos en función de variables concretas y que por consiguiente están bien definidas y por todos conocidas, es decir, lo que corresponde a nuestro volumen de trabajo ( decretos resolutivos, ejecuciones, movimiento y actividad de la cuenta de consignaciones, dirección procesal de la oficina… y también todas aquellas atribuciones que no precisadas por la ley llevamos a cabo con orgullo y profesionalidad para buen funcionamiento de los juzgados y oficinas).
Esperamos con anhelo la expresión de voluntad del Ministerio de Justicia para dar cumplimiento tanto a la ley de presupuestos como al artículo 141 del TUE que no hay que olvidar establece lo siguiente : 1.- “Cada Estado miembro garantiza la aplicación del principio de igualdad de retribución entre trabajadoras y trabajadores para un mismo trabajo o para trabajos de igual valor. 2.- Se entiende por retribución, a tenor del presente artículo el salario o sueldo normal de base o mínimo y cualesquiera otras gratificaciones satisfechas directa o indirectamente, en dinero o en especie, por el empresario al trabajador en razón de la relación de trabajo.” En esta línea la presidenta de la Comisión Europea Úrsula Von Der Leyen al iniciar su mandato prometió aprobar una Directiva de Transparencia Salarial que tuviese carácter vinculante para todos los Estados Miembros.
Si tenemos presente el efecto directo de las directivas y la posibilidad de sanciones en caso de incumplimiento, sería conveniente que el gobierno se anticipara a una legislación que pronto será una realidad por justicia social y pura coherencia jurídica.
De cualquiera de las formas se debe conseguir un salario adecuado y justificado de acuerdo con el trabajo que desempeñamos poniendo fin a la “brecha salarial” que existe con nuestro colectivo. Debemos estar seguros de que desde UPSJ se estará a disposición para exigir que los presupuestos se ejecuten, con la pretensión de que se revisen nuestros conceptos retributivos y nuestras tablas salariales a pesar de nuestras dificultades jurídicas añadidas como interlocutores.
