A consecuencia de la huelga de funcionarios de la administración de Justicia en Galicia, y de los retrasos y acumulación de trabajo consecuentes, por la Xunta de Galicia se están adoptando una serie de planes de recuperación consistentes principalmente en prolongaciones de jornada para los funcionarios (actualmente funcionan en las ciudades y previsiblemente en los pueblos empezarán más adelante). El sentido común dice, que por muchas horas de más que hagan los funcionarios, si las prolongaciones de jornada no se extienden a letrados de la Administración de Justicia y jueces y fiscales, el plan no funcionará. Por ello, el responsable de la Xunta se reunió con el Ministerio de Justicia y parece que de ahí surgió el compromiso de que el Ministerio apoyaría económicamente prolongaciones de jornada para jueces, letrados de la Administración de Justicia y fiscales (https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2018/09/19/justicia-compromete-rueda-pagar-horas-extras-jueces-superar-colapso-judicial/0003_201809G19P5991.htm), sin preguntar ni contar con las asociaciones.

La semana pasada los Letrados de la Administración de Justicia en Galicia, recibimos de nuestros Secretarios Coordinadores una serie de comunicaciones instándonos a decir si nos apuntábamos o no a los planes de recuperación retribuidos, y si lo hacíamos si nos limitaríamos a nuestro órgano o también respecto de otros, pero sin dar más detalles. Ante la insistencia de muchos compañeros de que se nos dieran más información previamente sobre en qué consistirían esos planes, nos ha llegado una comunicación terriblemente sorprenderte de la Secretario de Gobierno de Galicia. En la misma se nos dice que esta situación de incertidumbre se debe a que se solicitó un informe al CGPJ, el cual concluía “la necesidad de reforzar la oficina oficina judicial con funcionarios de cuerpo de gestión y de tramitación y con nombramiento de refuerzos, en casos concretos, de JAT o de Jueces en comisión de servicios con o sin relevación de funciones.” Según palabras de la propia secretaría de gobierno, el citado informe no consideraba necesarias medidas de refuerzo en ninguno de los casos respecto a los LAJ, por eso la propia secretaría junto los secretarios coordinadores, que sí lo consideran imprescindible, iban a elaborar un plan para nosotros para después presentarlo en el Ministerio de Justicia para su aprobación, y que para ello necesitaban saber con cuantos de nosotros podían contar.

Lo dicho, somos invisibles y en nuestra mano está que esta situación cambie. Por ello, debemos unirnos al paro de noviembre y estar dispuestos a ir más allá si es necesario.