Una de las instituciones peor valoradas por los ciudadanos es la Justicia. Esto viene siendo un mantra año tras año. Recientemente Movistar ha estrenado a bombo y platillo su serie HIERRO, con una trama de intriga policial y judicial. La protagonista principal es la juez de la isla que ha llegado destinada forzosamente a la isla de El Hierro. No vamos a desvelar más detalles dado que en toda novela, película o serie, mantener en vilo al espectador es un requisito indispensable para su éxito. Pero sí vamos a hacer una reflexión, como Asociación Profesional que somos, sobre el trato que da esta serie a los personajes, ya que habría sido una buena ocasión para acercar la realidad de la Administración de Justicia al ciudadano de a pie que, si tiene suerte, no va a pisar un juzgado en su vida. En la organización de todo juzgado, por pequeño que sea, hay un Juez, un Letrado de la Administración de Justicia (LAJ en adelante) y unos funcionarios. En la serie, vemos como la Juez (Candela Peña) se salta olímpicamente las normas procesales (que precisamente se llaman procesales porque guían el proceso y su infracción provoca que todo el procedimiento judicial sea nulo), realizando entradas y registros sin la fedataria pública (el juez las ordena pero las realiza el LAJ junto con la policía). Ruedas de reconocimiento igualmente sin la fedataria (el juez las acuerda, y las realiza el LAJ). Vemos a la Letrada de la Admón. de Justicia realizando tareas de mecanógrafa al lado de la Juez y, para colmo, en juicio sin toga, requisito éste para todo licenciado en Derecho que se sienta en estrados. Ya sabemos que es ficción, señores de la productora y señor director, pero en nada ayuda mostrar el funcionamiento de un juzgado totalmente distorsionado. Con haber asistido a un juicio (que son públicos) y haberse asesorado mejor, habrían acercado al público a una de las instituciones básicas del Estado de Derecho: la Administración de Justicia. Y no habían conseguido la animadversión de los más de 4.000 Letrados de la Administración de Justicia, directores de las Oficinas Judiciales de España.

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