En el día de ayer, las Asociaciones de Letrados de la ADJ estábamos convocadas por el Secretario General para la Innovación y de la Calidad del Servicio público de Justicia, Sr. Borja Vargues, para reunirnos por segunda vez, conforme el Plan de reuniones que el Ministerio de Justicia quiere mantener mensualmente. Nos ha atendido tanto el Secretario general como la Directora general para el Servicio Público de Justicia Sra. Concepción López-Yuste, y el Subdirector adjunto Sr. Javier Garrido.
Por nuestra parte ha asistido la portavoz, Lidia Urrea.
Ha sido una nueva reunión informativa, que os pasamos a explicar de manera sintética:
1.- Se está trabajando en un protocolo de actuación diseñado entre Ministerio y CCAA que permita regular de modo general la actividad judicial ante un indeseado confinamiento total o parcial de la población. Se trata de un trabajo preventivo que partirá de la regulación que ha ido aprobando el Ministerio de Justicia durante la pandemia.
2.- Están en marcha la Ley de Eficiencia procesal, Ley de Eficiencia organizativa y Ley de Eficiencia Digital.
La primera de ellas está en un estado más avanzado que el resto, por lo cual, en breve el grupo de trabajo que tiene por objeto esta Ley recibirá el texto provisional a trabajar.
Sobre la Ley de Eficiencia organizativa, el Ministerio nos ha presentado un documento de ideas generales, entre las cuales destacan la constitución de los Tribunales de Instancia, el despliegue definitivo de la OJ en todo el territorio nacional ( culminando el proceso en el 2023), y el diseño competencial de las Oficinas Municipales de Justicia, que vendrían a ser la reconversión de los Juzgados de Paz y Agrupaciones de Juzgados de Paz.
La Ley de Eficiencia digital parece no llegará antes del verano de 2021
3.- Sobre los Planes de choque, no hay novedades. Se siguen estudiando las propuestas aportadas por las Asociaciones para regular la Fase II del Plan de choque, que se empezaría a aplicar a partir de enero de 2021. Dentro de este proceso, la semana que viene se reuniran el Ministerio y el CGPJ.
Sí que el Ministerio ha informado que el 31 de diciembre de 2020 entrarán en funcionamiento efectivo varias unidades judiciales vinculadas al COVID. Son los Juzgados de lo Mercantil a crear en Andalucia, Madrid, más otros dos Juzgados de lo Social para Galicia.
Respecto a los Planes de choque, UPSJ ha incidido en la falta de coordinación existente a día de hoy entre Ministerio de Justicia y CCAAs como Cataluña donde las condiciones de los funcionarios de los cuerpos generales siguen sin conocerse. Hemos advertido que estas descoordinaciones van a poner en peligro la fase II del Plan de Choque, no solo su continuidad sino su efectividad ya que solo en Equipo se pueden lograr los objetivos marcados por el Plan, y hemos pedido al Ministerio que resuelva el problema cuanto antes.
4.- Se ha abordado de nuevo el tema del Registro Civil, de máxima actualidad puesto que en el Congreso está en trámite una proposición de ley del PSOE para acabar con la vacatio legis de la Ley 20/11. En este punto el Ministerio se ha mostrado abierto a recibir nuestras enmiendas y propuestas para mejorar la referida proposición de ley. Y se creará un grupo de trabajo específico para este tema, ya que hay que contextualizar el modelo definitivo del Registro Civil antes de presentarlo a las CCAA, partidos políticos y asociaciones.
Se trata de una noticia esperanzadora para UPSJ, ya que tenemos una opinión negativa del modelo de Registro Civil propuesto por la referida proposición de ley del PSOE. Igual de negativa como la que UPSJ mantuvo frente una proposición similar presentada en 2018 por el PP. No admitimos que los compañeros que llevan los Registros civiles exclusivos, Juzgados de Instancia y mixtos se sobrecarguen asumiendo un servicio y una responsabilidad que actualmente comparten el Juez Encargado y el letrado de la ADJ.
5.- A nuestro parecer, la parte más novedosa de la reunión se ha referido al Plan de recuperación, transformación y resilencia en el ámbito de la Administración de Justicia.
El Secretario General ha informado que el Ministerio de Justicia va a recibir una partida extraordinaria de los Fondos Europeos de 410 millones de euros a repartir en tres años, a la que se sumaran las cantidades que el presupuesto general del Estado destina a Justicia y las cantidades que cada CCAA presupuesta también para Justicia. Esta partida extraordinaria se aplicará a un proyecto de país, o sea, en beneficio de todos, del territorio Ministerio pero también de las CCAA. Aquello que se proyecte habrá de ser efectivamente realizado y aplicado, ya que la Unión Europea va a controlar el destino de las cantidades recibidas. Por esta circunstancia, en el año 2021 el Ministerio va a destinar solamente la cantidad de 47 millones de euros, para el diseño de proyecto de país, aunque pueden incluirse temas de infraestructuras tecnológicas como el pago de licencias digitales o relativos al sofware. El resto de la partida extraordinaria procedente de los Fondos Europeos sufragarían la implantación de ese proyecto que tendría lugar durante los años 2022 y 2023.
El Ministerio incluye dentro de sus planes solucionar el problema de compatibilidad de los diferentes programas de gestión procesal que coexisten en nuestro país. Es prioritario que un expediente digital de un territorio pueda remitirse a cualquier parte del territorio nacional. UPSJ felicita al Ministerio por su decisión, que nosotros venimos años reclamando.
Ya en ruegos y preguntas, UPSJ ha recordado al Ministerio dos temas que llevan tiempo pendientes:
El primero, la aprobación del Decreto de sustituciones que fue anulado. Sobre ello, el Secretario General ha vuelto a contraponer que Hacienda no da su visto bueno; aunque UPSJ no entiende que algo presupuestado pueda ser cuestionado, y así se lo hemos manifestado al Secretario General. En todo caso, ha manifestado su compromiso de tener el tema resuelto antes de que finalice este año.
El segundo, la necesidad acuciante de adaptar a la LOPJ y modernizar nuestro Reglamento Orgánico, tarea que lleva pendiente más de cinco años, y cuya ausencia provoca problemas continuos. No solo problemas en la interpretación de la consolidación de categorías, el escalafón, sino otros problemas como el último y más reciente sobre la posibilidad de acumular las plazas desiertas de las reservadas para las personas con discapacidad a las plazas para el turno libre en las oposiciones que se están ahora mismo celebrando. UPSJ ha solicitado dicha acumulación de las plazas desiertas, por ser de justicia y lo más deseable; pero hay que esperar a que la próxima semana el Secretario general decida sobre ello, puesto que puede que exista un choque de normas precisamente por la antigüedad de nuestro Reglamento Orgánico.
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Como veis, mucho trabajo para tan poco rendimiento. Una lástima.
