Como continuación a la nota anterior, también se trataron con el señor Secretario General los siguientes asuntos:

 En relación con las comisiones de servicio, se insistió en la necesidad de que se cumplan con los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Acogemos favorablemente que en el Portal de la Administración de Justicia se publiquen las comisiones que se ofertan pero, necesariamente, deberían indicarse los criterios a tener en cuenta para su concesión y el resultado de las posibles baremaciones. Cualquier compañera o compañero debe tener el derecho de saber por qué una determinada comisión le ha sido denegada en favor de otro y, en ningún caso, su concesión debe quedar sujeta al criterio arbitrario y opaco del Secretario de Gobierno o Coordinador de turno.

Sobre la consolidación de nuestras categorías profesiones, se volvió a insistir en la necesidad de que se apruebe un nuevo reglamento de nuestra profesión que recoja las modificaciones que se operaron en esta materia por la Ley 7/2015, de 21 de julio, de modificación de la LOPJ, para dar solución a la confusión todavía existente al respecto, ya que sigue reconociéndose la “tercera categoría por consolidar” y el Ministerio sigue emitiendo certificaciones de consolidación de la misma.

Se solicitó que se nos aclararan los criterios que se tienen en cuenta para computar la consolidación de categorías, ante la casuística que puede plantearse, y desde la Secretaría General se nos indicó que nos facilitarán un documento con los mismos, del cual os daremos debida cuenta por este mismo medio.

Resulta inadmisible, y así lo hicimos constar, que llevemos más de cuatro años esperando a que el Ministerio apruebe un nuevo reglamento, y que en todo este tiempo no haya sido ni siquiera capaz de emitir un borrador, pese a las propuestas y al trabajo muy detallado que UPSJ ha elaborado al respecto y que, en su momento, hicimos llegar al Ministerio. Esta absoluta dejadez no se compadece con las exigencias de eficacia y eficiencia propias de la Administración Pública, y en el Ministerio deben ponerse urgentemente a este menester.

En cuanto al asunto de la devolución de las deducciones por maternidad, se nos indicó que desconocían esta cuestión, y que en cualquier caso no han recibido  queja o reclamación alguna de ningún Letrado de la Administración de Justicia.

Se expuso las quejas que nos habéis hecho llegar de que el Ministerio de Justicia, a diferencia del resto, no ha facilitado los datos pertinentes a la Agencia Tributaria, obligándonos a aportar certificado de retribuciones y otros datos precisos para el cálculo.

Desde la Secretaría General se nos dijo que indagarían a este respecto, y UPSJ también os insta a que hagáis llegar todos los problemas que este tema os pueda estar generando al propio Ministerio de manera individualizada.

Sobre el Registro Civil, y ante lo que parece será una nueva vacatio legis, hemos insistido en la necesidad de que los futuros registros sean ocupados por los Letrados de la Administración de Justicia que lo soliciten. Estamos de acuerdo con que solo deberán darse pasos seguros en esta materia, y en la puesta en marcha gradual que evite las chapuzas a las que este Ministerio nos tiene tan acostumbrado.

En definitiva, trasladamos al Secretario General nuestro profundo malestar por la parálisis permanente, no ya del gran asunto pendiente, la adecuación salarial (que debe abordarse urgentemente en cuanto se forme gobierno y tengamos, finalmente, un interlocutor válido), sino de los asuntos más elementales de la gestión ordinaria. Una vez más, nos quedamos con la duda de si en el Ministerio no quieren o no saben. En cualquier caso, ninguna de estas situaciones nos parece de recibo, y UPSJ seguirá trabajando para exigir que se revierta tanta inoperancia y tanto despropósito.

 

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