SE REÚNE POR PRIMERA VEZ LA COMISIÓN PEDAGÓGICA DEL CEJ, mientras pedimos

LA INEXCUSABLE OBLIGACIÓN DE REFORMAR LOS NUEVOS ESTATUTOS DEL CEJ

El pasado viernes 13 de diciembre de 2019 se reunieron todas las asociaciones de Letrados de Justicia en el Centro de Estudios Jurídico con la Directora María de las Heras y la Jefa de Estudios, en el seno de la Comisión Pedagógica cuya función principal es realizar recomendaciones e informes sobre los programas formativos. También asistieron integrantes de las carreras Fiscal, Abogados del Estado, Médicos Forenses y Facultativos, a los que el CEJ también imparte formación.

La Directora realizó una detallada explicación del nuevo Estatuto del Organismo Autónomo Centro de Estudios Jurídicos (Real Decreto 312/2019, de 26 de abril, BOE 11-05-2019) para adaptarlo a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y de la situación actual del Centro. Destacándose las siguientes:

Entre los órganos de gobierno del Centro está el Consejo del CEJ, dentro del cual no se encuentra ningún representante de los Letrados de Justicia ni de los Médicos Forenses. La propuesta inicial del CEJ sobre el nuevo estatuto si se incluían representantes de ambos cuerpos pero en la posterior tramitación en la que intervienen otros organismos (Función pública, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Justicia, etc.) se suprimió, no obstante ya se ha propuesto su modificación para incluir a representantes de los Letrados de Justicia y de los Médicos Forenses.

El presupuesto del CEJ es el mismo desde el año 2015 y a su vez el número de asistentes a los cursos se ha incrementado, sobre todo en formación inicial con promociones más numerosas, lo cual crea serias dificultades para gestionar la impartición de los cursos.

La plantilla del CEJ es de 43 funcionarios, pero por desgracia no se encuentra completa, ya que únicamente cuenta con 28 personas, (existe un déficit del 35% de funcionarios) lo cual ocasiona que resulte muy difícil organizar los cursos con la antelación y el detalle que a todos nos gustaría.

Se planteó el debate sobre la calidad o lejanía de los hoteles donde se alojan los asistentes a los cursos, el problema principal viene porque el decreto que regula las dietas y gastos es del año 2002 sin que se hubiera actualizado, siendo difícil hoy en día encontrar en Madrid hoteles a precios de hace 17 años. Se propusieron como solución estudiar la posibilidad de que el CEJ gestione sus propios viajes en lugar de hacerlo a través de la agencia de viajes de Presidencia, llevar a cabo cursos de formación de formadores para que estos puedan realizar cursos descentralizados, así como cursos on line y comunidades virtuales. También es de destacar la firma de convenios con otras entidades y con Comunidades Autónomas.

En cuanto a la tardanza en abonar los gastos de desplazamiento de los asistentes a los cursos, se indica que la “cuenta justificativa” tiene que rellenarse correctamente y acompañar todos los documentos de forma adecuada como tarjetas de embarque, billetes de tren, facturas de taxi con todos los requisitos legales como por ejemplo lugar de origen y destino, etc., porque mientras no consten todos esos documentos en el expediente administrativo no se pueden realizar los abonos del curso.

En relación a las renuncias a los cursos las mismas deben hacerse con la antelación suficiente para evitar, tanto la pérdida de la plaza del curso para otro compañero, como los gastos de cancelación de billetes y hoteles. El CEJ se compromete a ser más claro en la explicación de las normas de asistencia para evitar estas disfunciones, pero en las renuncias no justificadas el gasto ocasionado puede ser repercutido en el asistente que ha renunciado porque es un dinero público que no puede ser mal gastado.

Respecto de los idiomas, se ha firmado un convenio con la UNED para impartir idiomas on line y también de forma semipresencial para llegar a toda España, ya que antes a las clases presenciales únicamente podían asistir los destinados en Madrid.

Para los LAJ es importante el conocimiento de los contenidos jurídicos, pero también hoy día es preciso poner en práctica dichos conocimientos a través de las aplicaciones informáticas y el uso de las herramientas telemáticas, debiendo los cursos tener en cuenta ambos aspectos, como por ejemplo las subastas electrónicas que es preciso profundizar en el procedimiento de apremio, en la CDCJ y en el Portal de Subastas del BOE.

El CEJ está gestionando que el curso de formación inicial tenga la consideración de máster.

Por último, se planteó que seamos los Letrados de Justicia quienes podamos proponer las materias respecto de las que queremos recibir formación y no se reserve el Ministerio de Justicia la impartición de un gran número de cursos, así como que para poder valorar la calidad de un curso, con el fin de repetirlo en sucesivos planes de formación o suprimirlo, es necesario que la encuesta de satisfacción sea rellenada por la mayoría de los asistentes a los cursos, lo cual no ocurre a veces porque no es obligatorio. Como posible solución se estudiará que para percibir los gastos del viaje sea preceptivo rellenar dicha encuesta.

Sin nada que más que tratar se dio por finalizada la reunión en un ambiente de participación, entendimiento y con contenidos muy prácticos y orientados única y exclusivamente a la formación.

Los temas tratados,  que acabamos de explicarlos, referentes a la formación, tras la reforma de los Estatutos del Centro de Estudios Jurídicos han sido derivados a la recién creada Comisión Pedagógica,  lo cual, UPSJ considera muy acertado,  puesto que con anterioridad estas cuestiones se discutían dentro del Consejo Rector.

Sin embargo, UPSJ valora negativamente la reforma estatutaria, ya que los Letrados de la Administración de Justicia nos hemos quedado sin representación en el Consejo Rector, a pesar de ser el grupo más numeroso de funcionarios entre aquellos que reciben formación en el Centro de Estudios Jurídicos. La propia Dirección del Centro considera que procede una reforma urgente de los Estatutos, como indicamos al inicio de la esta nota.

El RD 312/2019 de 26 de abril que aprueba el Estatuto del Organismo Autónomo Centro de Estudios Jurídicos, en su artículo 6 dispone la Composición del Consejo Rector que  queda formado por la Presidenta ( Ministra de Justicia) y como Vocales: la Fiscal General del Estado, un vocal del CGPJ con competencias en materia de formación, el Secretario de Estado de Justicia, el Fiscal Jefe de la Secretaria Técnica de la Fiscalía General del Estado, la Abogada General del Estado, el Director del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y la Directora del CEJ.  Ninguno de estos cargos nos representa, en una decisión inédita, incongruente e incorrecta, que UPSJ denunciará ante el Ministerio de Justicia.

Actualmente de los 8 miembros del Consejo Rector, 5 de ellos son miembros de la misma Carrera Fiscal, aunque ello puede ser coyuntural, lo que es inexcusable es que los Letrados de la ADJ no tengamos un representante en el Consejo, que entendemos debería recaer en el Secretario General de la ADJ. Nos extraña que el actual Secretario General de la ADJ no haya defendido su posición ante otro menosprecio al cuerpo de Letrados de la ADJ, del cual, él es su máximo representante.

No se trata de una petición baladí puesto que el Consejo Rector informa nada más y nada menos que sobre los criterios generales que han de regir los planes anuales de actividades,  sobre la selección de profesorado y los ejercicios y programas de las pruebas selectivas de acceso a nuestro cuerpo, además de aprobar el anteproyecto de presupuesto (artículo 7 del RD). El resto de órganos del CEJ son órganos de gestión (Dirección, Jefe de Estudios, Secretario General) o consultivos (Comisión Pedagógica).

Cada materia que se reforma es una marcha atrás. A pesar de ello, UPSJ no cesa, ni cesará en la defensa de nuestros derechos, aunque el peso de la cartera de  temas pendientes vaya lamentablemente in crescendo.

 

 

 

 

 

 

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