El pasado viernes día 2 de diciembre de 2022 se reunió la Comisión pedagógica del CEJ con las distintas asociaciones de Letrados de la Administración de Justicia y otros operadores jurídicos (Fiscales, Médicos forenses, etc.).
El representante de UPSJ puso de manifiesto la existencia del conflicto entre el Ministerio de Justicia y los Letrados de la Administración de Justicia por el notorio incumplimiento por parte del Ministerio de los compromisos adquiridos.
Esta situación de confrontación y crispación, que ha ocasionado diversas huelgas a lo largo del año 2022 y está anunciada una huelga indefinida para principios del año 2023, se extiende a todos los ámbitos en las relaciones existentes entre las partes en conflicto incluida la formación de los LAJ.
Expresamente se expuso por UPSJ que no existe ninguna garantía de que se vaya a cumplir el plan de formación continua de LAJ para el año 2023, porque el equipo actual del MJ carece de credibilidad, ya que quien incumple lo prometido una vez puede incumplir el resto de las ocasiones, como ejemplo la cláusula de enganche de las retribuciones de los LAJ a la carrera judicial y la supresión de los grupos de población 4 y 5, que fue pactada entre el MJ y las Asociaciones de LAJ el pasado mes de abril, sin que el MJ haya cumplido su palabra dada.
No hay que olvidar que el CEJ está adscrito al Ministerio de Justicia, a través de la Secretaria de Estado de Justicia, como establece el art. 1 del Estatuto del CEJ, es decir, depende orgánicamente del Secretario de Estado, esto es, del Sr. Rodríguez quien ha incumplido sus compromisos, por tanto, carece de credibilidad y además ha manifestado de forma pública su antipatía y desprecio por el Cuerpo de LAJ.
Respecto de las continuas quejas de los LAJ (y también de otros actores jurídicos como los Fiscales) por las pésimas e indignas condiciones de los alojamientos para asistir a los cursos de formación, el representante de UPSJ expuso que el problema viene del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, es decir, desde hace más de 20 años Hacienda no actualiza las dietas de alojamiento y manutención y el CEJ como es natural, no puede hacer milagros en el sentido de encontrar un hotel que ofrezca un servicio decente a precios de hace 20 años, en consecuencia, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Hacienda están impidiendo la formación de los LAJ, ya que los mismos dejaran de apuntarse a cursos de formación continua por las deplorables condiciones de los hoteles y comida, lo cual redundará en un peor servicio público de la justicia al recibir menos formación los LAJ.
Igualmente el representante de UPSJ manifestó que existe desde hace tres largos años otro agravio al Cuerpo de LAJ, cometido en está ocasión por la entonces Ministra de Justicia doña Mª Dolores Delgado consistente en aprobar el Estatuto del CEJ (Real Decreto 312/2019, de 26 de abril, por el que se aprueba el Estatuto del Organismo Autónomo Centro de Estudios Jurídicos), en cuyo artículo 6 se regula el órgano de gobierno constituido por siete Vocales: dos Fiscales, un Vocal del CGPJ, el Secretario de Estado, un Abogado del Estado, un Médico Forense y la Directora del propio CEJ; y sin que exista en dicho órgano de gobierno ningún representante de los LAJ, es decir, el Cuerpo más numeroso que recibe formación del CEJ (los LAJ son unos 4.200) no tienen representación en el órgano de gobierno del CEJ.
Dicho perjuicio se puso de manifiesto en su día por UPSJ y se nos prometió que se subsanaría a la mayor brevedad ya que había sido un error. Llegó al MJ el equipo del Ministro don Juan Carlos Campo Moreno y no hizo absolutamente nada. Llegó el equipo actual de la Ministra doña Pilar Llop Cuenca y suponemos que tampoco han llevado a cabo ninguna iniciativa para modificar el art. 6 del Estatuto del CEJ y así corregir la ofensa cometida.
Todo parece indicar que es otro incumplimiento más del Ministerio de Justicia hacia el Cuerpo Superior Jurídico de Letrados de la Administración de Justicia.
