Desde que en mayo de 2017 el Consejo General del Poder Judicial, con informe favorable del Ministerio de Justicia, acordase la creación de juzgados especializados en materia de cláusulas abusivas en contratos en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física, se ha venido demostrando que la solución elegida es totalmente ineficaz.

Se han presentado más de 250.000 demandas, de las que sólo se han resuelto un 20% de media.

Es alarmante el número de demandas que se presentan diariamente, y unido a los pocos Letrados y Letradas de la Administración de Justicia designados en estos órganos la demora para la admisión de las mismas se sitúa ya en un tiempo superior a un año.

En algunas ciudades como Barcelona los datos son aún más preocupantes, la tasa de resolución se queda en el 7,14 % , y existen  26.000 demandas pendientes de incoación, del total de 28.000 presentadas desde el inicio del plan.

A pesar del colapso de los Juzgados especializados, el CGPJ decidió su prórroga mediante acuerdo del 27 de junio de 2018 de la Comisión Permanente del CGPJ. No hemos visto en cambio un aumento proporcional de Jueces y Juezas, Letrados y Letradas de la Administración de Justicia, Funcionarios y Funcionarias para canalizar las demandas de miles de consumidores.

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por el Consejo General de la Abogacía Española contra el Acuerdo del CGPJ sobre juzgados especializados en cláusulas suelo de 25 de mayo de 2017.

Además, la nueva doctrina que se fije por el Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo en materia del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, que conoceremos esta semana, puede suponer un aumento todavía mayor de las demandas que van a recibir estos juzgados especializados.

Es necesario que se revise el modelo elegido para resolver estas demandas de los consumidores.  Pero visto que desde el CGPJ y el Ministerio de Justicia se insiste en mantener esta especialización, es urgente que los Juzgados especializados se doten de los medios necesarios para hacer frente al aluvión incesante de demandas, medios que permitan garantizar tanto las condiciones laborales adecuadas de los Letrados y Letradas de la Administración de Justicia como los derechos de los consumidores.

En UPSJ no hemos dejado de poner de manifiesto la saturación e ineficacia del sistema. Las estadísticas quincenales de asuntos de entrada y resolución no han sido publicadas, y siendo su conocimiento imprescindible para valorar la situación de estos Juzgados especializados agradecemos al Grupo Parlamentario Unidos Podemos En Comú- Podem En Marea su solicitud el pasado viernes en el Congreso de los Diputados.