El desarrollo e implantación de la oficina judicial (NOJ), nuevo modelo de la estructura organizativa de la Administración de Justicia, establecido en la Ley Orgánica 19/2003, de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, surgido del Pacto de Estado para la reforma de la Justicia de mayo de 2001, y que arrancó en noviembre de 2010 en Burgos y Murcia, se encuentra inacabado a día de hoy.
Ahora va a sufrir la NOJ un nuevo frenazo, en este caso en Guadalajara. La actual situación del proceso de implementación de la NOJ, se explica en la falta del suficiente impulso decidido y continuado por parte de las Administraciones públicas competentes, una mejorable gestión y por la entorpecedora actitud de determinados colectivos, muy influyentes, que no desaprovechan momentos de debilidad gubernativa para remarcar y anteponer sus acérrimas posiciones e intereses corporativistas, al no comulgar con ciertos aspectos del diseño del moderno modelo de oficina judicial, como el balanceo de funcionarios y especialmente su gobernanza, dado que no ven en la NOJ un modelo auténticamente dependiente de Jueces y Tribunales e instrumentalmente subordinada al servicio de su función.
En la ciudad de Guadalajara, sede del Partido Judicial, desde mayo de 2016 se realiza la tramitación digital de los procesos judiciales, conforme al proyecto Justicia Digital. La Orden JUS/451/2017, de 27 de abril, prevé la implantación en Guadalajara la Oficina Judicial con los tres servicios comunes. También, desde hace más de 6 meses el nuevo edificio de juzgados está terminado. El Ministerio de Justicia dio a conocer en mayo de este año el proyecto de implantación de la NOJ, sin embargo, a esta fecha, no se ha iniciado la tramitación necesaria para la previa aprobación de las relaciones de puestos de trabajo (RPTs), que es otro de los pilares necesarios para implantar la nueva estructura.
La falta de RPTs y la necesaria negociación de los complementos específicos, según reciente pronunciamiento jurisdiccional, parece ser el motivo (o escusa) oficial manifestada por los responsables del Ministerio durante la visita institucional girada al nuevo edificio el pasado jueves, 14 de noviembre, ante las autoridades judiciales fiscales y gubernativas, autonómicas, provinciales y del partido judicial, asistentes al acto, para decidir la ocupación del nuevo edificio sin implantar la NOJ.
Esta decisión para UPSJ no resulta coherente con la necesaria transformación y modernización del servicio público de la Administración de Justicia, ni con los avances del proceso de implantación de la NOJ que siempre ha apoyado, ni con los esfuerzos presupuestarios efectuados al respecto. Sin embargo, no ha recibido objeciones desde los órganos de gobierno del poder judicial, puesto que se alinea con el posicionamiento oficial del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, cuya Sala de Gobierno, por ejemplo, ya adoptó en Pleno un Acuerdo el 22 de marzo de 2018 de “no ser el momento adecuado” para implantar la NOJ en órganos judiciales colegiados.
Ante estas posiciones, que parecen más apegadas a una concepción de una Justicia de potestades que a una concepción de servicio público, y que derivan de un inadecuado concepto de independencia judicial que históricamente lastra el avance de la Administración de Justicia, -como acertadamente ya diagnosticó en 1997 el CGPJ en el Libro Blanco de la Justicia-, un gobierno débil como el actual, en funciones, se doblega, cede y opta por no incomodar, aunque sea a costa de desatender el interés general del proyecto.
Aun así, uno de los capítulos que mayor presupuesto exige la implantación de la NOJ, es la disponibilidad de edificios judiciales aptos para la nueva oficina judicial. Su disponibilidad es lo que ha condicionado de modo determinante en todos los casos la implantación de la NOJ. Para superar las barreras arquitectónicas por la NOJ se ha hecho un nuevo edifico en Guadalajara, ya que los antiguos edificios no se adaptaban a la estructura de la misma; y ahora resulta que con la paralización de la NOJ, se pretenden realizar nuevos cambios para adaptar dicho edificio a la vieja estructura decimonónica; lo que puede suponer un gasto un gasto inútil y más en los tiempos que corren, y un claro retroceso en la Administración de Justicia, en este caso en Guadalajara, a un modelo obsoleto.
Por tanto, desde UPSJ, se solicita que no se abandone el fundamental y necesario camino de transformación de la Administración de Justicia del sistema decimonónico actual al de la NOJ, iniciado en noviembre de 2010 en Burgos y Murcia, ya que de persistir en ello causaría un daño irreparable al sistema judicial español.
