Juan Manuel Ávila de Encío

Letrado de la Administración de Justicia

Por dignidad profesional y personal.

Desde que entró en vigor la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, por la que se atribuyeron a los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) numerosas funciones y competencias, que hasta entonces venían atribuidas a los Jueces, se viene reclamando de forma insistente una adecuación salarial acorde al número de funciones, competencias y responsabilidad asumidas por los LAJ.

La paciencia y lealtad del Cuerpo Superior Jurídico de Letrados de la Administración de Justicia, para con el Ministerio de Justicia ha quedado más que demostrada, como es fácilmente comprobable, por la espera de estos largos once años desde la mencionada Ley del año 2009. Además la atribución de numerosas competencias no fue un hecho puntual y aislado de aquella lejana Ley, ya que posteriormente se han promulgado otras muchas leyes y reformas legislativas en las que se han cargado sobre las espaldas de los LAJ nuevas funciones, como por ejemplo liderar las nuevas tecnologías o la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria.

Ante este panorama, por fin se vislumbró un rayo de esperanza con la aprobación de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 cuya  Disposición adicional 157ª recogía en su párrafo 2º la tan ansiada y justa reclamación y establecía la obligación del Ministerio de Justicia de negociar la adecuación salarial.

Pero la frustración ha sido aún mayor que en otras ocasiones, porque el Ministerio de Justicia ha considerado como únicos y exclusivos interlocutores válidos para afrontar tal negociación a los sindicatos generalistas, es decir, a CCOO, UGT, CSIF, STAJ, etc.

Esta decisión del Ministerio de Justicia puede considerarse un fraude de ley, pero sobre todo resulta indignante porque es una realidad pública y notoria que no hay ni un LAJ afiliado a dichos Sindicatos, ya que tenemos nuestras propias asociaciones como UPSJ, COLEGIO, AINLAJ y SiSej, lo que significa que dichos Sindicatos generalistas carecen de legitimidad para representarnos y se están irrogando una representatividad de la cual carecen, todo ello con la connivencia del propio Ministerio.

Lo peor de todo es que el Ministerio de Justicia ha manifestado que la representatividad por los Sindicatos generalistas es innegociable, que es una raya roja infranqueable y que sobre este punto no se va a sentar en busca de un consenso, ni ahora ni mañana, por tanto, el futuro de las condiciones laborales de los LAJ queda en manos de CCOO y demás sindicatos.

Aquietarse o Consentir a semejante atropello supone que los Sindicatos generalistas decidirán en adelante, a través de la negociación con el Ministerio de Justicia sobre temas tan cruciales como nuestras retribuciones salariales, complementos, sustituciones, productividad, etc., pero también sobre otros muchos aspectos del día a día como las vacaciones, los días de permiso, cuando se convoca un concurso de traslado de LAJ o cuando se convocan oposiciones para LAJ, etc.

A la vista de esta postura intransigente por parte del Ministerio de Justicia no queda más remedio que afrontar desagradables y dolorosas medidas de conflicto, ya que seguir esperando un posible acuerdo resulta estéril, porque la actual Ministra de Justicia, con independencia del equipo que le acompañe, ha manifestado a través de éste, que la representatividad de los LAJ por los Sindicatos generalistas es irrevocable.

La única esperanza es que el Ministerio recapacite y vuelva a la senda de la búsqueda de un consenso, que satisfaga a todas las partes en conflicto y para eso no queda más remedio que sentarse a hablar de los problemas comunes del Cuerpo Superior Jurídico de LAJ y lógicamente los únicos interlocutores válidos tienen que ser quienes los propios LAJ decidan o sus asociaciones.

Por dignidad profesional y personal es necesario sumarse a la huelga.

tribuna libre