El viernes 24 de octubre pasadas las dos de la tarde, recibimos la circular informativa por parte de la secretaria general de la Administración de Justicia en la que se ponía fin al teletrabajo.
Desde UPSJ hemos recibido esta noticia con sorpresa y con tristeza, pues entendemos que es un grave paso atrás para la Administración Pública, por parte de un Ministerio que ha alardeado durante toda la legislatura de ser un equipo vanguardista entorno a la modernización y digitalización.
Poner fin al teletrabajo sin una regulación legal alternativa que permita su consolidación y progreso es regresar a una Administración de Justicia medieval y que manifiesta una gran falta de compromiso con la igualdad. Existe una gran parte del presupuesto de Justicia que ha ido dirigida al desarrollo del teletrabajo, por lo tanto, desechar esta inversión es una falta de respeto a todos los ciudadanos que en este país lo están pasando mal, y por consiguiente es un mal ejemplo por parte de la Administración hacia todo el Estado.
Esta forma de proceder, el derroche de recursos, la falta de regulación legal y la ausencia de diálogo con los operadores jurídicos afectados es una disfunción en la gestión de los asuntos que afectan a Justicia.
Desde UPSJ defendemos que el teletrabajo ha llegado para quedarse porque supone un gran ahorro de tiempo, un gran ahorro de energía que reduce la además la contaminación, permite la flexibilidad y la autonomía del trabajador lo cual ayuda a cumplir sus objetivos, mejora la motivación, la productividad, mantiene el compromiso con la conciliación laboral y la natalidad, permite la integración de las personas con discapacidad, reduce los costes laborales a la Administración y optimiza el tiempo de trabajo.
Finalmente, el Ministerio de Justicia introduce además otra desigualdad injusta entre trabajadores, porque se veta el teletrabajo para los LAJ en todo el territorio nacional y para los funcionarios de la Administración de Justicia que son de su competencia, pero se mantendrá en muchas comunidades autónomas con competencias transferidas, siendo en muchos casos el LAJ el único que no podrá teletrabajar en el órgano judicial.
Por todas estas razones, pedimos con carácter urgente una reunión que permita regular la situación laboral de teletrabajo con la mayor celeridad posible demostrando por parte del Ministerio de esta forma, su compromiso más firme con la modernización de la Administración de Justicia y con los ciudadanos.
