Los próximos miércoles y jueves, las letradas y letrados de la Administración de Justicia volveremos a la huelga ante la negativa del Ministro de Justicia y su titular, la Sra. Llop, a resolver un conflicto que el pasado día 26 de enero paralizó la Justicia en nuestro país.
Más de un mes después, por parte del Ministerio no se ha abierto periodo de negociación o diálogo para acercar posturas y buscar soluciones a las justas, legítimas e históricas reivindicaciones de nuestro Cuerpo.
En un intento burdo de deslegitimar y contrarrestar la huelga, el Ministerio ha anunciado haber alcanzado una serie de acuerdos con una de las asociaciones de letrados de la Administración de Justicia (incumpliendo así el imperativo de audiencia a TODAS las asociaciones que establece el art. 444 LOPJ), que, en algunos casos no son más que exigencias legales y, en otros, promesas que se llevan repitiendo más de una década:
– Cuarta categoría: la LO 7/2015, y su reforma del art. 441 de la LOPJ, ya suprimió la cuarta categoría. El Ministerio lleva siete años de retraso en la adaptación de nuestro Reglamento orgánico. Por tanto, no estamos ante una concesión, sino ante una obligación.
– Productividad: la ley ya exige que la cuantía que deba destinarse a este concepto sea el 5% del total de la masa salarial. Pese a la opacidad que siempre ha exitido en esta cuestión, parece que el montante actual ronda el 1,5%, sin que se nos haya aclarado cuándo y cuánto se actualizará, siendo éste un debate ya recurrente durante los últimos años.
-Decreto de sustituciones: anulado en 2019, el Ministerio lleva desde entonces prometiendo que salvaría el trámite formal para volverlo a aplicar, sin que a día de hoy se haya fijado fecha para ello.
– Entradas y registros: el Secretario General ya prometió en la reunión celebrada en diciembre, entonces sí, con todas las asociaciones, que se incremetarían las entradas simultáneas fuera del periodo de guardia hasta los 100 euros. A día de hoy, desconocemos cuándo se concretará su pago.
Sin embargo, nada recogen esos supuestos acuerdos sobre negociación colectiva y adecuación salarial, cuestiones estas nucleares de nuestra reivindicación, que nos volverán a llevar a la huelga esta semana.
Por sorprendente que parezca, tras el abrumador seguimiento de la convocatoria del pasado 26 de enero, el Ministerio y su titular, asumen y consienten el perjuicio que la huelga de esta semana ocasionará a los ciudadanos, a los profesionales y al servicio público, sin haber intentado ni siquiera evitarlo.
