Toda organización compleja acaba muriendo si no puede renovar su personal, mediante la incorporación de nuevos miembros que releven a los que causan baja y cubran nuevas necesidades. En el ámbito de la Administración Pública y de la Justicia, ello implica que tiene que haber en todo momento un contingente suficiente de personas preparadas para superar las oposiciones y cubrir las plazas que se convoquen.  Sin los miles de opositores que están estudiando por su cuenta, realizando un enorme sacrificio de tiempo, dinero y esfuerzo sin garantía de recompensa alguna, no habría nuevos jueces, fiscales, LAJs o funcionarios de ningún otro tipo.

El Ministerio de Justicia, como las demás administraciones, se beneficia de este sistema sin ofrecer gran cosa: cuando necesita nuevos LAJs, convoca plazas y cuenta con que encontrará aspirantes cualificados en número suficiente que lleguen ya preparados a coste cero. Así, aprovechándose de la vocación de servicio público literalmente de miles de jóvenes graduados en derecho, así como también de la de tantos gestores procesales que preparan la promoción con un coste personal y familiar enorme, no se preocupa en cuidar mínimamente a este colectivo. Pongamos el caso actual:

  • Las convocatorias son irregulares, se ha pasado de tener una convocatoria anual a tener una cada dos años o más.
  • No se sabe con certeza cuando se publicará la siguiente, lo que hace muy difícil para los opositores planificar cuando pueden ser los exámenes.
  • No se ha confirmado si habrá novedades en el temario o no, cuando podemos estar a pocos meses de los exámenes y daría ya escaso tiempo a adaptar los temas.
  • Se desconoce si se convocará un concurso oposición, como en 2019, o una oposición pura del tipo habitual, lo que conlleva la lógica incertidumbre del opositor sobre si tiene que dedicar parte de su tiempo a sumar puntos realizando cursos o no (lo que también implica un desembolso económico).

UPSJ propuso hace años ya, en 2016, la conveniencia de organizar más racionalmente el proceso de selección de los nuevos letrados: que las oposiciones se convoquen más o menos en las mismas fechas, para que el opositor tenga más seguridad a la hora de su preparación y el CEJ pueda a su vez planificar mejor la fase de prácticas (evitando la posibilidad de tomas de posesión dentro de los meses de inactividad como agosto…). Así los cambios de fechas de los exámenes no serían inesperados y sin justificación. Es una pena que no se nos haya hecho caso entonces.

Seguimos pensando que un calendario racional es necesario, así como tener unas reglas de juego claras, en cuanto a temario estable, formato de la oposición y programación de convocatorias que deberían ser anuales, de tal forma que haya una suficiente previsibilidad para el opositor.

Lo que sí es urgente, es que el Ministerio de Justicia informe lo antes posible sobre si la próxima convocatoria será por concurso-oposición u oposición ordinaria; si habrá cambio de temario para esta convocatoria; y sobre un calendario aproximado de publicación, fecha de presentación de instancias y fecha de primer examen.

Tenemos por ello que pedirle en el día de hoy al Ministerio de Justicia que informe públicamente sobre los extremos mencionados arriba, y que a futuro se siga una planificación racional de fechas para las oposiciones. El riesgo, en caso de no hacerlo, es que un día el Ministerio se encuentre con que ya no hay aspirantes.

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