Olaya Sagarribay Esteve
Letrada de la Administración de Justicia
La Administración de Justicia tradicionalmente ha sido olvidada por nuestros gobernantes, y no ha sido objeto de un proyecto modernizador de calado hasta hace muy escasas fechas. Para que los lectores se hagan una idea, todavía resultan vigentes leyes del siglo XIX, como la Ley de Enjuiciamiento Criminal que es de 1881.
A partir del año 2003, se inicia una profunda labor de reforma que cristaliza con las leyes procesales del año 2009, para la implantación de la nueva oficina judicial, y que continúa en la actualidad. Este ambicioso proyecto ha tratado de modernizar la Administración de Justicia pasando de una organización del siglo XIX, a un diseño moderno y eficaz de administración pública. Para esta transformación organizativa se traspasaron desde el año 2009 múltiples funciones que antes realizaban los Jueces a los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) para permitir que los jueces dediquen todo su tiempo al dictado de Sentencias y autos resolviendo los conflictos de los ciudadanos.
Entre las funciones atribuidas a los LAJ se encuentran múltiples funciones como la dirección de la oficina judicial, y funciones técnicas y decisorias, siendo más de seiscientas las nuevas competencias atribuidas.
Por ejemplo, si usted tiene una pequeña deuda e interpone un proceso monitorio, uno de los procesos más comunes, se desarrollará ante el LAJ, que si no hay oposición dictará un decreto poniendo fin al proceso. O si usted presenta su divorcio y no tiene hijos menores de edad, finalizará y se tramitará ante el LAJ. Igualmente si usted tiene una sentencia a su favor será el LAJ el responsable de su ejecución para que tenga eficacia el derecho reconocido. También gestionamos las cuentas de depósitos y consignaciones y ordenamos diariamente pagos por valor medio de 50 millones de euros.
A pesar de este importante traspaso de funciones en el año 2009, se nos dijo que no era el momento de establecer nuevos complementos por estas funciones debido a la crisis económica que atravesaba nuestro país.
Desde entonces estamos reclamando que nuestro salario se adecúe a estas nuevas funciones, que han multiplicado por 100 nuestra carga de trabajo y nuestra responsabilidad.
La propia Ley de Presupuestos Generales del año 2021 acogió esta reivindicación y ordenó al Gobierno que procediese a la adecuación salarial de los Letrados de la Administración de Justicia en la Disposición Adicional 157.
A pesar de este mandato del Parlamento, el Ministerio de Justicia no ha cumplido lo ordenado. Se ha limitado a pactar con los sindicatos generalistas un complemento de destino para todos los cuerpos de la administración de Justicia.
El problema es que los sindicatos generalistas no defienden los derechos del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, quienes queremos negociar nuestras condiciones laborales con el Ministerio, por lo que pedimos tener negociación colectiva propia.
A pesar de no atender nuestras reclamaciones, el Ministerio de Justicia no deja de encomendarnos nuevas funciones.
Actualmente el proyecto Justicia 2030 tiene por objeto una profunda transformación de esta administración y continúa apoyándose en la figura del letrado de la administración de Justicia. Este Plan Justicia 2030 se basa en tres leyes, actualmente anteproyectos de ley.
La primera, la Ley de eficiencia digital del servicio público de la Justicia tiene por objeto la digitalización, y en materia de documentación y fe pública somos los LAJ los funcionarios competentes, por lo que nuestra función será esencial.
La segunda, es la Ley de eficiencia organizativa del servicio público de la Justicia, que pretende implantar los tribunales de instancia y la oficina judicial, en la que los LAJ somos los directores procesales.
Finalmente, la ley de eficiencia procesal del servicio público de la Justicia reformará los procedimientos, regulando las competencias y actuaciones de los LAJ.
Sin embargo, no es posible transformar y modernizar la administración sin una inversión económica suficiente. Es necesario dotar de medios a la justicia, invertir en medios materiales, aumentar las plantillas, y retribuir adecuadamente a los profesionales que trabajan en la misma. Lo contrario supone implantar un modelo de justicia low cost, alejado del servicio público de calidad que merece la ciudadanía.
Somos un colectivo muy consciente de que cada día que dejamos de trabajar, los problemas de los ciudadanos se acumulan sin resolver, pero creemos que es necesario que el Ministerio tome conciencia de que la justicia importa, que se debe implantar una justicia de calidad en la que quienes trabajamos en ella seamos tratados con la dignidad y respeto que merecemos y estemos adecuadamente retribuidos.
Estas razones hacen que los letrados y letradas de la administración de Justicia volvamos a ir a la huelga los próximos días 9 y 10 de marzo y los días 5, 6 y 7 de abril.
