El nuevo Registro Civil sigue en stand by  y el futuro no es nada halagüeño. Seguimos con un modelo decimonónico y desfasado, absolutamente manual, y con juzgados municipales sin sentido.

El pasado 7 de septiembre el Boletín Oficial de las Cortes Generales publicó la Proposición de Ley presentada por el PSOE relativa al Registro Civil que pone el tema de nuevo en la palestra, pero para destinarlo a la debacle.

La Ley 20/11 de 21 de julio del Registro Civil es una ley muy especial. Que fuera aprobada por la mayoría absoluta del Congreso, con los votos del PSOE y del Partido Popular le dota de un carácter muy especial. Inusual hoy en día. Que su entrada en vigor haya sido prorrogada durante nueve años por varios equipos ministeriales, también es especial y solo puede interpretarse como el respeto a una ley que marcará un antes y un después en un servicio público esencial para el Estado y para el ciudadano. Porque todos sin excepción necesitamos el Registro Civil. Todos nacemos, morimos y en un momento dado precisamos certificados registrales, y muchos de nosotros tenemos hijos, o contraemos matrimonio.

En febrero de 2018 el Partido Popular propuso al Congreso de los Diputados una reforma muy similar a la que nos ocupa, a la cual voto en contra el PSOE, y que no obtuvo mayoría para ser aprobada.

Los papeles ahora se invierten, y es el PSOE el que presenta el engendro. Parece que cuando uno llega al poder más que luchar por ejecutar aquellos que valen la pena, algunos molestan.  Nos parece una malísima noticia que uno tras otro desprecien un Registro Civil de futuro para los ciudadanos, y muy peligroso que los dos grandes partidos del arco parlamentario decidan dar un plumazo a la Ley 20/11. Lo que convendría al país es planificar una implantación a medio plazo de la Ley, y reservar cada presupuesto las cantidades que fueren precisas y que todos los partidos aceptaran esa planificación por el bien de España.

La Ley 20/11 recordamos que descansa sobre dos pilares: 1) la modernización tecnológica de un servicio que, como decíamos, es amanuense y  2) la reorganización territorial y reordenación de los efectivos para ser eficaces y eficientes en la gestión.

La Proposición de Ley presentada por el PSOE pretende derribar uno de esos dos pilares: el de la organización territorial y reordenación de los efectivos. Sin los cambios territoriales aprobados en 2011 seguiremos con una estructura territorial ineficiente por no decir deficiente. Los Registros civiles de ámbito provincial previstos en la Ley en vacatio podrian prestar un servicio de más calidad en comparación a los actuales  puesto que contarían con una plantilla amplia de funcionarios especializados, compuesta por los funcionarios que ahora están prestando sus servicios dispersos en los Registros del territorio.

Parece que el PSOE ha olvidado el espectáculo vergonzoso ofrecido al ciudadano cuando se quiso recontar el número de fallecidos por el COVID19 al inicio de la pandemia. Hagamos memoria, y recordemos que el Gobierno fue incapaz de facilitar con agilidad el número de fallecidos por COVID19 pasado más de un mes del inicio de la pandemia. La causa no fue otra que la obsoleta organización registral. Tengamos en cuenta que las defunciones se inscriben en el lugar del fallecimiento, y España cuenta solo con 16 Registros Civiles exclusivos ( en grandes ciudades) y 431 Registros principales ( en las cabezas de partido judicial), pero el resto de inscripciones las practican los 7.667 Registros delegados ( uno en cada municipio). Es tal la ramificación de órganos que fue imposible que se coordinaran con rapidez y exactitud para ofrecer las cifras reclamadas. Debemos recordar también que estos Registros Delegados corren a cargo de Jueces de Paz, y disponen de muy poco personal, sin preparación especial para la llevanza del Registro, y con horarios de atención al público muy reducidos. La propia Ley vigente del Registro Civil reconoce estas circunstancias, y por ello obliga a estos Registros Delegados a pedir minuta al Registro Principal del cual dependen para poder realizar algunas de las inscripciones. O sea, que necesitan ser en muchas ocasiones tutelados para evitar disfunciones al inscribir los hechos del estado civil.

A pesar de todo ello, llama la atención que en plena crisis sanitaria, económica y social,  el PSOE se atreva a presentar esta proposición de Ley con la intención de poner en jaquemate uno de los pilares que hemos mencionado: el de la reorganización territorial y reordenación de los efectivos.

La proposición no ofrece ninguna solución adecuada a la organización del actual Registro Civil; y es lógico, porque no hay mejor solución que la aprobada por la Ley 20/1, que está en vacatio. La proposición salvo algunas mejoras tecnológicas que aplaudimos – algunas de ellas inevitables como el código personal,  y otras avergonzantes como la firma electrónica a estas alturas – , en el plano organizativo simplemente pretende excluir a los Jueces como Encargados del Registro, sin más.

Por tanto, para UPSJ la proposición responde a intereses corporativistas, ajenos desde luego al bien del servicio público y por tanto, al bien del ciudadano.  Como decimos, España no puede permitirse el lujo de prescindir del pilar organizativo de la Ley 20/11, bajo pena de mantener una estructura ineficiente e ineficaz, y un derroche de recursos públicos que hay que ser conscientes que salen de los impuestos, precisamente de los ciudadanos.

La propia Exposición de motivos de la proposición dice expresamente por un lado “Dada la complejidad de la Ley y el cambio absoluto respecto al modelo anterior del Registro Civil, se precisa de un periodo de implementación desde el punto de vista tecnológico, estructural y organizativos a los efectos de dotación de medios digitales y materiales, provisión de plazas y formación de personal. “ Y  por otro dice “ La puesta en funcionamiento de forma simultánea de todas las nuevas Oficinas del Registro Civil constituiría una forma de organización enormemente ineficiente ante la escasez de recursos públicos y a la luz de los principios sobre el funcionamiento de las administraciones públicas y los órganos del sector público  …” Falacias. No es que no se pongan todas las Oficinas del Registro civil en funcionamiento, sino que no se pone ninguna.

Tras leer el articulado de esta proposición, el único cambio organizativo propuesto es excluir a los Jueces de la llevanza del Registro. El resto es un simple cambio de denominación. Lo que ahora llamamos Registros Principales, la proposición lo llamaría Oficinas Generales ( en la capital del partido judicial, articulo 3 de la proposición). Donde ahora dice Juez o Magistrado encargado, se sustituiria por un Letrado de la Administración de Justicia Encargado o por un funcionario del subgrupo A1. Se abre, pues,  la veda del puesto de Encargado,  cuestión que nos sorprende muy, muy negativamente cuando desde el Ministerio se va diciendo que es un proyecto del Partido Popular, pero no es cierto, puesto lo previsto era que el Encargado fuera un Letrado de la ADJ, y el grupo parlamentario de En comú Podem presentó no hace tanto un Proyecto en el sentido de la proposición. Ningún funcionario del subgrupo A1, repetimos, ninguno, tiene preparación para ser a día de hoy el Encargado. Esta licencia política a favor de las CCAA, tampoco persigue la excelencia en la llevanza de este servicio. Tendrá otros intereses, pero no los públicos.

Pero hay más falsedades. Por ejemplo, que se ha intentado alcanzar un consenso con trabajadores, sindicatos y partidos políticos para revisar la reforma del Registro Civil, y que se van a respetar completa y escrupulosamente los derechos de los profesionales durante y después de la implantación. Denunciamos que esta propuesta nunca se ha trasladado a UPSJ, ni nos consta a ninguna asociación de Letrados de la ADJ, en clara infracción del artículo 444.2 c) de la LOPJ, que obliga a darnos audiencia de cualquier modificación que nos afecte, circunstancia que significa que esta reforma no está respetando la legalidad.

Mentira también el aludido respeto a los derechos de los afectados en cuanto al Letrado de la ADJ.  Y nos explicamos seguidamente.

Pretende el proponente que el próximo 30 de abril de 2021 finalice la vacatio legis y entre en vigor la nueva ley, y el Nuevo Registro Civil.  UPSJ considera inadmisible que los propósitos corporativistas para satisfacer a los jueces se enmascaren en una pseudoreforma que dejaría  nuestro Registro Civil esencialmente igual al que tenemos.

Los LAJ somos el Cuerpo mejor preparado para encargarnos de este servicio en cuanto sea desjudicializado, pero el planteamiento de la proposición es absurdo y suicida desde el punto de vista organizativo. ¿Que se pretende ?  ¿Que un LAJ haga de Encargado, ya sea en un Registro Civil exclusivo o compartido, doble su tarea y responsabilidad y encima por el mismo sueldo? Sólo se eximirá a los Registros de las cuestiones jurisdiccionales que son tareas menores que no suponen ni un 15% de la labor diaria. Si encima se reitera desde el Ministerio que no hay dinero, UPSJ entiende que hay que dejar de lado el cambio, o el nuevo Registro civil nacerá inviable.

Inviable en cualquier Registro, pero especialmente inviable en los Registros con funciones compartidas, o sea, quienes además de Juzgados de Primera Instancia e Instrucción tienen asignada la llevanza del Registro Civil. La reforma propuesta liberará de la llevanza del Registro al Juez Encargado, pero el LAJ que se quede después como Encargado compatibilizará a la vez el Registro civil con sus otras funciones: dirección de las oficinas,  guardias de instrucción con entradas y registros, detenidos, vistas de delitos menos leves, vistas civiles, y dirección técnico procesal de todas las causas civiles y penales. O se duplican plantillas de LAJ, o se establece un sistema adecuado que permita que dicho LAJ Encargado lo pueda asumir, con plazas exclusivas que se encarguen de más de un Registro, etc… siempre con el reconocimiento económico que esta responsabilidad ha de llevar aparejado.

Si el Ministro de Justicia quiere pasar a la posterioridad como el Ministro que se cargó un  Registro Civil digno, va por buen camino.  Pero USPJ se opone frontalmente a esta proposición, por lo cual, vamos a reunirnos con los diferentes partidos políticos, para parar tal despropósito, como ya hicimos con la PPL presentada por el PP poco antes de las últimas elecciones, o la debacle registral está próxima.

 

 

 

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