Manipulación es la acción y efecto de manipular, verbo transitivo entre cuyos significados se encuentra el de “Intervenir con medios hábiles y, a veces, arteros, con distorsión de la verdad o de la justicia, y al servicio de intereses particulares”, sinónimo también de mangonear en el sentido de “intervenir en un asunto con la intención de dirigirlo o manipularlo, imponiendo a los demás su voluntad”, término que por considerarlo más vulgar es preferible no utilizar.
La manipulación no solo involucra poder, sino específicamente abuso del poder, es decir, dominación. Las condiciones sociales para el control manipulativo pueden ser formuladas en términos de pertenencia de grupo, posición institucional, profesión, recursos materiales o simbólicos y otros factores que definen el poder de los grupos o sus miembros. Así, los padres pueden manipular a sus hijos debido a su posición de poder y autoridad en la familia, un profesor puede manipular a sus alumnos debido a su posición institucional o su profesión y por su conocimiento, y lo mismo sucede con los políticos que manipulan a los votantes, los periodistas que manipulan a los receptores de los discursos de los medios y la administración pública cuando de forma arbitraria lleva a cabo una determinada actuación.
Siendo la manipulación una de las prácticas de los grupos dominantes dirigidas hacia la reproducción de su poder, tales grupos dominantes pueden hacerlo de muchas maneras, incluso, a través de la toma de decisiones en el nombramiento de cargos de libre designación en este caso concreto referidos a los puestos de Secretarios de Gobierno y Secretario Coordinador Provincial, a día de hoy pendientes de resolver.
Por Orden JUS/236/2020, de 27 de febrero, se convoca la provisión de puestos de trabajo de Secretario de Gobierno de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla León, Cataluña, Extremadura, Illes Baleares y la Ciudad Autónoma de Ceuta, y por Orden JUS/237/2020, de 27 de febrero, se convoca la provisión de puestos de trabajo de Secretario Coordinador Provincial de Almería, Ciutadella de Menorca, Huesca, Lleida, Ourense, y Segovia.
Pendientes de resolver ambas convocatorias por Orden JUS/581/2020, de 25 de junio, se declara desierto puesto de trabajo de Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, y por Orden JUS/661/2020, de 7 de julio, se declara desierto puesto de trabajo de libre designación de Secretario Coordinador Provincial de Huesca, y de forma casi inmediata vuelven a ser nuevamente convocados los puestos de trabajo que han sido declarados desiertos.
Dichas resoluciones constituyen los medios hábiles para el control manipulativo con total apariencia de legalidad, aun cuando resulta, cuando menos extraño: primero, que se resuelvan de forma parcial dichas convocatorias en las que se han de designar varios puestos de trabajo; y segundo que de forma inmediata vuelvan a ser nuevamente convocados los puestos de trabajo que han sido declarados desiertos. Siendo todavía más llamativo, aunque no casual, que sean objeto del control manipulativo descrito puestos de trabajo que se encuentran en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.
La finalidad que con ello se persigue puede hacer pensar que estamos en presencia de una auténtica “dedocracia” que pone en cuestión la neutralidad, la objetividad y la independencia con la que deben actuar los funcionarios públicos, primando méritos no profesionales a la hora de seleccionar a los candidatos, ya se trate por afinidad ideológica, confianza, la amistad o el puro y simple intercambio de favores.
Y el resultado que con ello se consigue es que quienes ostentan la condición de superior jerárquico de los Letrados de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma o en la Provincia, se convierten en un súbdito más de la Comunidad Autónoma, en este caso la de Aragón, despojando a los mismos de las verdaderas facultades que legal y reglamentariamente tiene atribuidas.
Como conclusión se puede afirmar que el sistema actual de cobertura de puestos por el sistema de libre designación está claramente corrompido. Urge cambiarlo y urge controlarlo exigiendo procedimientos internos transparentes y rigurosos, donde se conozcan bien los méritos de cada uno de los candidatos y se justifique la selección.
Afortunadamente aunque a quienes adoptan este tipo de decisiones se les olvide cada vez con mayor frecuencia España es todavía un Estado de Derecho, no se puede perder la confianza en la dignidad de la función pública que muchos funcionarios conservan intacta con una vocación de servicio a los intereses generales en estos tiempos complicados.
