Como corresponde a una asociación profesional, UPSJ defiende y ha defendido ante todos los Ministerios de Justicia, la mejora de las condiciones laborales de los Letrados de la ADJ. La defensa hace años por desgracia siempre parte de los mismos parámetros, sea cual fuere el signo político del Ministerio: la mejora retributiva, la ansiada negociación colectiva propia y el impulso de la modernización de la administración de justicia. Hemos pasado épocas de crisis económicas y políticas, pero UPSJ ha persistido en las reclamaciones, frente crisis económicas o políticas. Todas las excusas las guardamos en la memoria, como un catálogo de “déjà vu”, que marcamos con una cruz.

Y si hasta ahora, el trato a todos los colectivos de justicia venía a ser similar, y se daba a todos o a nadie, resulta inaudita e increíble la conducta del actual Ministerio. En los pocos meses que ha resistido antes de convocar elecciones, ha sido incapaz ni siquiera de hacer realidad en la nómina de los compañeros de tercera categoría del 0,2% de los fondos adicionales que nos reconoce el acuerdo sindical y que todas las asociaciones unánimemente solicitamos se destinara a los peor retribuidos. Tampoco ha conseguido llegar a un acuerdo con los sindicatos para repartir la parte que corresponde a los otros cuerpos al servicio de la administración de justicia.

Ni actualizar el escalafón de los Letrados de la ADJ les ha parecido urgente, tras cuatro años de retraso. Simplemente se han incorporado los últimos aprobados y listos.

En cambio, sorprende que el Ministerio sí ha gestionado con rapidez y eficacia la parte que corresponde a jueces y fiscales, a pesar de que nuestras regulaciones retributivas son en parte homólogas.

Por suerte, tenemos nuestra parte de fondos adicionales, y no hay posibilidad para que la Ministra desvíe fondos de otros para beneficiar a los suyos, como parece perseguir con los famosos 7 millones ganados a última hora en el presupuesto de 2018 para repartir entre todos los que trabajamos en la Administración de Justicia. Estamos ojo avizor, no dejaremos que la jugarreta de los 7 millones se consume sin un coste político.

Pero nos preguntamos qué pretende alguien que acepta el cargo de Ministro de Justicia, mientras se dedica sistemáticamente a ignorar las necesidades evidentes y justificadas de todos aquellos que mueven la máquina de la justicia, excepto los suyos propios. Cualquiera sabe que la mejora de la justicia española pasa si o si por mejorar la oficina judicial.

Es lamentable que otros ejemplos nos ratifiquen el panorama. Hablamos del trato desigual a la hora de convocar oposiciones. La Ministra concede tantas plazas como le piden sus asociaciones, cuando no se necesitan más jueces, se necesitan en todo caso más juzgados, con sus letrados y funcionarios, pero solo jueces, pues no. Problemas hay para colocar las últimas promociones.

Pero a la Ministra no le interesa ninguna mejora, porque sus actos así lo demuestran; ella sabrá sus verdaderos intereses.

UPSJ sin embargo tiene la obligación de dar a conocer que las todas estas medidas aprobadas e impulsadas por esta Ministra, por un lado han beneficiado a su propios compañeros, pero más grave es el dispendio que suponen de un erario público, de por sí insuficiente.

UPSJ pidió su dimisión como Ministra, y ahora nos toca pedir su no renovación.

 

 

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