Desde que tuvimos conocimiento de los planes del CGPJ y del Ministerio de Justicia a finales de febrero de 2017, sobre la idea de especializar y concentrar en determinados Juzgados de forma provincial el conocimiento de tales asuntos, planteamos nuestras dudas al respecto públicamente puesto que hasta junio , fecha de comienzo del plan, en los juzgados de Primera Instancia y Mixtos de toda España se sacaban adelante los procedimientos de cláusulas abusivas en plazos muy razonables y se cobraba por parte de los afectados también en plazos muy razonables. Era evidente que había que hacer frente a la avalancha de demandas por venir, pero no era necesario crear el caos actual.
Conforme se han ido desarrollando los acontecimientos, nos han dado lamentablemente la razón, y más que encontrar una solución al problema de las cláusulas suelo, etc., se ha creado un problema mayor, y ahora tenemos la absoluta certeza, que se está produciendo un absoluto desastre.
Desde UPSJ, es una situación permanentemente denunciada, tanto a través de nuestra página web en diferentes notas de prensa, en marzo, junio, julio y publicadas por la prensa, como en nuestras jornadas de Cuenca el 8 y 9 de junio donde se lo advertimos personalmente al Ministro y a los propios portavoces de la comisión de justicia del Congreso de los partidos políticos con mayor representación que acudieron a Cuenca. Igualmente en las propias Cortes donde lo denunció, en la Subcomisión de Justicia para el Pacto de Justicia, nuestra portavoz Lidia Urrea Marsal.
Más recientemente el día 20 de julio en la reunión que con la Secretaria de Estado, el Director de Relaciones con la Administración de Justicia y con el Secretario General tuvimos en la sede del Ministerio las organizaciones de Letrados, donde UPSJ en ruegos y preguntas puso de manifiesto la insuficiente dotación de medios materiales y personales en la mayoría de los juzgados, la discriminación salarial que sufren los compañeros Letrados que no cobran el 100% de los emolumentos como si sucede con el Juez y los funcionarios en la mayoría de los casos, y nuestra valoración negativa de la solución adoptada por el CGPJ y el Ministerio de Justicia, ante la gran cantidad de este tipo de litigios que se esperan.
El Secretario General de la Administración de justicia respondió personalmente que desde el Ministerio se hace un seguimiento diario de las entradas de asuntos así como de la situación de cada uno de estos juzgados, a través de los datos que diariamente reciben de todos los Secretarios de Gobierno, y que la situación es de total normalidad.
Desde luego, y puesto que parece que el Ministerio parecía que tenía información que no encajaba con la nuestra, pedimos aprovechando que el punto 9 del Acuerdo de 25 de mayo del CGPJ, prevé reuniones mensuales entre CGPJ, Ministerio y CCAA para evaluar las medidas adoptadas, que se nos hicieran llegar los informes de evaluación que el Ministerio elabora para estas reuniones. No hemos obtenido respuesta.
En comunicado del CGPJ se pone de manifiesto que entre el 1 de junio al 8 de septiembre entraron 57.000 demandas, y sigue in crescendo. Y seamos conscientes que todavía irá a peor, mucho peor, ya que hay muchos ciudadanos pendientes de que se consolide la jurisprudencia al objeto de reclamar a los bancos los gastos notariales, registrales y el impuesto de Actos Jurídicos Documentados efectuados en las compraventas de sus pisos.
Miles y miles de demandas por incoar en toda España, de juicios por señalar, y todo pese al trabajo ímprobo de nuestros compañeros Letrados, de Jueces y funcionarios; se nos niega desde el Ministerio que el plan no funciona, pero es fácil de demostrar que se esconde la verdad. Basta con pasarse por los juzgados creados y ver los despachos los juzgados con montones de demandas sin incoar. No hay datos oficiales de la pendencia, no interesa, solo de la entrada de asuntos. Basta con pensar en las sentencias obtenidas desde la entrada en funcionamiento del plan, que no llegaran a pocos cientos, frente a las 57.000 entradas.
Nos obliga el Ministerio, por su oscurantismo a trabajar arduamente para conseguir los datos de las principales ciudades con mayor población y entrada de asuntos de España, como Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Sevilla, etc., y podemos informar que como mínimo hay unas 20.000 demandas por incoar solo en dichas ciudades, sin tener en cuenta el resto del territorio nacional, cuando de ordinario, si no se hubieran creados los juzgados bis, dichas demandas estarían mayoritariamente al menos incoadas.
Hemos conocido que muchos bancos que habían llegado a acuerdos con los afectados para pagarles extrajudicialmente se desdicen de los mismos a la vista de la dilación que se va a producir en este tipo de procedimientos, por culpa de la incapacidad del CGPJ de Justicia.
A todo ello, habrá que añadir el desastre añadido que supone otorgar competencia provincial a los juzgados en cuestión, lo que agrava la situación de los particulares que deben desplazarse a la capital de provincia y encima a juzgados absolutamente inoperativos. La respuesta oficial para eludir el tema es que hoy en día todo está informatizado, y que no se causa perjuicio alguno al ciudadano. Increíble la falta de veracidad del Ministerio, o acaso cree que la informatización es uniforme en todo el país.
En consecuencia, reclamamos de forma inmediata de que se proceda a la paralización y terminación del fallido plan, devolviendo a los juzgados de primera instancia y juzgados mixtos la competencia para conocer de dichos pleitos, con los refuerzos que sean necesarios; como así también han interesado los Colegios de Abogados de España, aunque tomando las medidas oportunas para los asuntos hasta ahora turnados sean finalizados por los juzgados bises , ante el absoluto colapso de los juzgados de Cláusulas suelo, por el poco interés de dotar a los mismos de los medios personales, económicos y técnicos adecuado para su correcto funcionamiento tanto por parte del CGPJ, como del Ministerio de Justicia y las CCAA.