José Mª Casasola Díaz

Letrado de la Administración de Justicia

Una de las mayores proezas de la historia antigua. y que marcó para muchos la diferencia entre lo imposible y lo posible, fue el periplo de Aníbal y sus ejércitos desde la península Ibérica hasta las puertas de Roma.

En efecto corría el año 218 AC y con un ejército que rondaba los 50.000 efectivos—incluyendo sus famosos 37 elefantes—los púnicos atravesaron zonas hostiles bien por la influencia del acérrimo enemigo, bien por lo agreste del territorio. En particular, no los detuvieron ni los galos narbonenses, aliados de Roma; ni tan siquiera los imponentes Alpes, que cruzaron en lo más crudo del invierno. Tampoco los galos cisalpinos y otros pueblos que se unieron en gran medida a sus huestes, para acabar cruzando la península Itálica ante la fútil oposición de Roma, que se calcula pudo perder en las épicas batallas de Trebia, Trasimeno y Cannas el equivalente a ocho ejércitos consulares—unos 200.000 efectivos—no sin un coste altísimo para las tropas de Aníbal. Fue en este contexto cuando se acuñó la frase de Aníbal a las puertas, puesto que parecía que la acometida del cartaginés a la urbe debía ser inminente, por mucho que lo mermado de su ejército; la falta de apoyo desde la metrópoli de Cartago; y la falta de alianzas efectivas hubieran impedido el asalto a la colosal ciudad, y a la postre la rendición incondicional de Roma.

Pues bien, se cumple ya una semana en la que más de 900 letrados de la administración de justicia marcharon a las puertas del ministerio. En un cuerpo que, según datos del ministerio ronda los 4200 efectivos, y respecto del cual los servicios mínimos –que se fijaron de manera leonina como en otras ocasiones—imponían que unos 1500 acudieran a su puesto de trabajo de manera necesaria, supuso que en torno a un tercio de los LAJs que no estaban designados se desplazaran a pedir cuentas al empleador.

Pedir cuenta por el incumplimiento de lo dispuesto en la Ley. Pedir cuenta por el incumplimiento de lo firmado y pactado. Y pedir una solución, ya que la medida extrema de la huelga indefinida convocada de manera unánime no sólo por las tres asociaciones profesionales de los LAJ, sino con rotundidad por las bases adscritas a las asociaciones o no, está causando perjuicios a los ciudadanos y a los demás profesionales de la administración de justicia, y nuestra vocación es prestar ese servicio, y prestarlo bien. A esta solución ha exhortado hasta el propio presidente del gobierno.

Ante esta movilización, y tras una única declaración relevante de la cabeza visible del ministerio en la que la Sra. Llop pedía huir de posiciones maximalistas—obviando el acuerdo que había firmado meses atrás su propio gabinete—las armas de nuestro empleador han sido la manipulación de datos, el ninguneo, la guerra sucia, el insulto, y en especial la desinformación a la ciudadanía.

Respecto de la manipulación de datos, ésta se ha producido de manera patente tanto en lo que se refiere a los propios relativos a los trabajadores que hemos acudido a la huelga, como en relación a lo pretendidamente injusto de nuestras reivindicaciones en materia salarial. En el primer grupo, se considera recurrentemente no ejercen su derecho a la huelga tanto los designados servicios mínimos—inflados de manera artificial y artificiosa para maquillar una estadística—como aquellas personas en situación de baja o disfrutando de permisos y vacaciones previamente concedidos, ya que el límite para disfrutar los del año vencido expiró el 31 de enero. El límite del paroxismo de la estrategia ministerial ha llegado con una instrucción donde se prohíbe disfrutar de licencias en estos días, o excepcionalmente permitirlas siempre que voluntariamente sustituya alguien que no haga huelga. En el segundo, diversos datos incongruentes y sesgados donde se intenta predisponer a la ciudadanía en contra de quienes ejercemos nuestro derecho a la huelga.

El ninguneo la guerra sucia y el insulto a fecha de hoy tienen un nombre y apellidos concreto, en este caso el de secretario de Estado de Justicia, Antonio ‘Tontxu’ Rodríguez, pero también la complicidad silente del la propia Sra. Ministra, que no ha desautorizado en ningún momento al responsable de haber llamado a los trabajadores en huelga golpistas, endiosados y al mismo tiempo acomplejados. Si hacemos un símil sería equivalente a que el vicepresidente de las Cortes Generales llamara golpistas a quienes presentan una moción de censura como medida extrema ante la paralización de un gobierno, o que lo hiciera el del CGPJ a los Magistrados y Jueces si éstos adoptaran medidas contundentes en defensa de sus legítimos derechos e intereses.

Respecto de la desinformación esta se traduce en verter información sesgada o directamente mendaz desde declaraciones institucionales, privando de la posibilidad de dar respuesta a los trabajadores que estamos ejerciendo nuestro derecho a la huelga, utilización torticera de datos, falsedades en cuanto a la naturaleza de esta huelga, empleo de correos corporativos con fines espurios, y en todo caso obviar la existencia de los acuerdos previamente firmados y que no han sido cumplidos. No, Sr. Rodríguez. Es incierto que se nos haya subido el sueldo un 14%–pasado el clic bite inicial se vislumbra que computan las futuras subidas a tres años vista del IPC comunes a la función pública. También es incierto que cobremos entre el 63 y el 83 por ciento más que otros funcionarios de clase A1 del Ministerio. Lo que es posible es que cobremos el 63 por cien aproximado de la retribución que éstos, en especial Jueces y Fiscales, perciben. Y lo que es rotundo es que no se ha dado cumplimiento a lo acordado por las Cortes en la Disposición Adicional 157.ª de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año pasado.

Es por todo ello que la huelga va a proseguir. Que el ciudadano se va a ver abocado a esperar sine die que sus pretensiones se sustancien ante los Juzgados y Tribunales con normalidad- Y esto es así porque si permitimos que lo dispuesto por ley, lo firmado y lo justo no se cumplan; si permitimos que sean el insulto, el ninguneo y la desinformación las armas que nos venzan, estaremos pisoteando el estado de derecho.

Estamos a las puertas de un Ministerio, cargados de la justicia, la unidad y los apoyos de los que Aníbal carecía a las puertas de Roma. Además, el adalid del ministerio no es precisamente un Escipión, sino el Sr. Rodríguez, cuyas estrategias ya nos son de antiguo bien conocidas.

Frente a la desinformación del Ministerio, ofrecemos transparencia. Frente al ninguneo y al insulto hemos propuesto medidas concretas sin caer en la falsedad ni en el desprecio. Operadores e instituciones de todos los sectores nos están manifestando su apoyo. La determinación no nos va a faltar, y la planificación, en muchos casos, nos va a permitir sostener largo tiempo esta situación, situación que lamentamos por los perjuicios que causa al ciudadano, pero que llegados a este punto no podemos consentir.

Por lo tanto, cumplan el mandato del legislador, cumplan los acuerdos pactados y hagan que esta situación cese. Es lo justo.

tribuna libre