Estos días han sido publicadas en prensa diversas noticias sobre el juicio ante el Tribunal del Jurado conocido como “el caso Sala” que se ha desarrollado en Alicante. Desde la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia, UPSJ,  hemos conocido con estupor las injustas noticias vertidas sobre la actuación de nuestro compañero como Letrado de la Administración de Justicia en el procedimiento del Tribunal del Jurado celebrado en Alicante.

Lamentablemente, los Letrados y Letradas de la Administración de Justicia (LAJ) estamos acostumbrados a que los litigantes que no han recurrido en forma nuestras resoluciones traten de utilizar otras vías, como las quejas, la difamación pública en redes o en prensa, o incluso la presentación de denuncias por nuestra actuación profesional.

Lo que no tiene precedente es la actuación de la Junta extraordinaria de Fiscales de Alicante y la posterior difusión en los medios de comunicación de lo que constituye una mera opinión de una de las partes del procedimiento, como lo es el Ministerio Fiscal. La prensa ha difundido el ataque mendaz a un compañero en su actuación profesional, lesionando su credibilidad, y poniendo en duda públicamente la objetividad e imparcialidad de su actuación en el procedimiento.

Sin embargo, la actuación de nuestro compañero ha seguido escrupulosamente lo establecido en la Ley Orgánica  del Tribunal de Jurado, que sólo contempla la posibilidad de que exista un veredicto y que considera secretas las deliberaciones del jurado. Del mismo modo que las deliberaciones colegiadas de los tribunales profesionales no son públicas hasta que se llega a una conclusión que se plasma en la Sentencia, las deliberaciones del Jurado son reservadas hasta que se plasman en el veredicto.  Y todo lo que no es veredicto es borrador, y la ley obliga a su destrucción para salvaguardar el secreto de las deliberaciones. El fiscal pudo pedir la unión de ese borrador y la Presidenta del Jurado hubiera resuelto esta petición conforme a derecho, en la vista de devolución del veredicto, pero no se pidió, como se ha visto en la grabación divulgada por los medios de comunicación.

Por esto mostramos nuestro más firme apoyo al compañero afectado que ha sido cuestionado de esta forma tan injusta.

Pero además, la actuación de los Fiscales supone un gravísimo ataque a todo el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y al papel que desarrollamos, pues hemos visto como la fiscalía lejos de ejercer las vías de recursos procesales que le corresponden, ha decidido nada menos que requerir “explicaciones” desde la Junta extraordinaria de Fiscales de Alicante a un Letrado de la Administración de Justicia, advirtiendo públicamente que en función de éstas se podrían incoar diligencias preliminares en la propia fiscalía.

La función del Letrado de la Administración de Justicia en un proceso no está sujeta al criterio de la fiscalía. Precisamente nuestra función es garantizar bajo fe pública lo que debe constar en autos para evitar manipulaciones, ya sea de las partes como es el fiscal, ya sea de los jueces y Magistrados. Somos una garantía de autenticidad de lo ocurrido en el proceso, y esto es una garantía adicional para los ciudadanos que son parte.

Lo que hemos leído estos días es sin duda el mayor ataque a la profesión en los últimos tiempos y sorprendentemente proviene de otra institución del estado como es el Ministerio Fiscal.

Las Juntas de Fiscales no tienen competencia para pedir “explicaciones” a los Letrados de la Administración de Justicia al margen de un proceso abierto.

Los Letrados de la Administración de Justicia dependemos del Ministerio de Justicia y ejercemos nuestras funciones con sujeción al principio de legalidad, por lo que todas las decisiones que adoptemos deben estar justificadas en la aplicación de la ley. En este caso, la actuación del compañero fue consecuencia de la aplicación de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado y del protocolo para su aplicación.

Además, los Letrados de la Administración de Justicia ejercemos nuestra función en el ámbito procesal, en un concreto proceso, por lo que cualquier discrepancia con nuestras decisiones debe seguir el régimen de recursos establecido legalmente. Nos cuesta entender por qué no se interpusieron los recursos previstos en las normas procesales y, actuando al margen del proceso, fue convocada Junta extraordinaria de Fiscales para posteriormente, trasladar a los medios de comunicación la interpretación de parte y el ataque al Letrado de la Administración de Justicia.

Esta actuación de la fiscalía provocó que se solicitase la celebración de Junta de Letrados de la Administración de Justicia, pero también Junta de Jueces, siendo la última finalmente desconvocada por el paso atrás dado por la Junta de Fiscales.

Los diversos cuerpos de funcionarios públicos que trabajamos en la Administración de Justicia debemos mantener un respeto institucional, por respeto a la Administración de Justicia a la que servimos. Todos nosotros formamos parte del engranaje que constituye la Administración de Justicia, en el que los contrapesos de la función que cada interviniente ejerce y la posibilidad de discutir en el proceso las decisiones adoptadas tienen precisamente como finalidad evitar la arbitrariedad y el autoritarismo en la resolución de conflictos sociales.

No podemos olvidar que la Justicia constituye un servicio público esencial para todos los ciudadanos, que merecemos una justicia de calidad en la que todos los operadores actúen conforme a la ley, porque las faltas de respeto a otro cuerpo dañan profundamente la imagen de la justicia, por la que los Letrados de la Administración de Justicia luchamos cada día.

Con la actuación de estos días de la fiscalía distorsionando lo que ha ocurrido en el juicio del caso Sala, se ha dañado la imagen de un compañero y de todos los Letrados de la Administración de Justicia, pero también la de la propia justicia y con ello se daña a todos los ciudadanos, por lo que exigimos a la Fiscalía de Alicante que guarde el debido respeto institucional.

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