El proyecto estrella de esta legislatura, según el Ministro de Justicia, será la aprobación de una nueva LECRIM, adaptada a los tiempos actuales, en la que, entre otras cuestiones relevantes, los fiscales asumirán un nuevo modelo de instrucción.
En evidente contraste con las líneas de ese proyecto, los LAJs, con las leyes procesales penales vigentes, nos seguimos encontrando con algunos fiscales que, a lo largo del territorio nacional, reclaman la transcripción de declaraciones recogidas bajo fe pública por medios audiovisuales, amparándose en la literalidad de un puñado de artículos del siglo XIX redactados en una época en que no existía otra forma de documentación que la manuscrita; o confundiendo la tutela judicial efectiva y el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa con la simple mera comodidad a la hora de poder consultar las declaraciones. Todo ello ha ido dando lugar a recursos y pronunciamientos dispares en una cuestión que debería hoy estar clara a la luz del art. 230 LOPJ e incluso del sentido común, toda vez que juzgados, tribunales y fiscalías estamos obligados a utilizar los medios técnicos a nuestra disposición y que las grabaciones videográficas que reúnen los requisitos de integridad y autenticidad son documentos originales que suplen eficazmente el acta escrita.
Hoy acompañamos el último auto resolviendo un recurso de apelación del ministerio fiscal sobre esta cuestión que hemos conocido, de la AP de Jaén, referido en este caso al procedimiento del Jurado, y cuya argumentación UPSJ comparte de la primera a la última palabra.
La actual situación sanitaria global ha obligado a la justicia a moverse y a actualizarse, con la generalización del expediente digital, la firma electrónica, el teletrabajo, las videoconferencias y los juicios telemáticos. Por lo que es inevitable que, al final, al igual que pasamos de la pluma a la máquina de escribir, y de esta al ordenador, también en la justicia pasará a ser normal lo que lo es en Hacienda, en otras administraciones, en las empresas y entre los ciudadanos, por mucho que les pese a algunos.