El lunes 20 de junio tuvo lugar en el Salón de Actos del Consejo General de la Abogacía el debate “Propuestas electorales en materia de Justicia”, al cual asistieron los cuatro partidos políticos más importantes del panorama político español. Entre otros temas, se debatió sobre el futuro del Registro Civil, en referencia al cual los diferentes partidos plantearon posicionamientos diversos. La asociación profesional de Letrados de la Administración de Justicia , UPSJ, quiere trasladar a los partidos políticos en particular y a la opinión pública en general su opinión, ante lo que parece un consenso generalizado para la desjudicialización del Registro, que es esencial mantener un Registro Civil público y gratuito y, para conseguirlo, es imprescindible primero, que el Letrado de la Administración de Justicia sea el futuro encargado del Registro Civil, y segundo, que se mantengan los funcionarios que actualmente lo sirven.
Desde UPSJ, siempre se ha defendido que el “Letrado de la Administración de Justicia es inexcusablemente el funcionario que debe ejercer la jefatura del Registro Civil”, concediéndole la competencia exclusiva del Registro, con la creación de plazas específicas y sin compaginar con ninguna otra función que no sea la dirección del Registro Civil. Reglamentariamente, esta adaptación del L.A.J. como encargado del Registro Civil sería “muy sencilla” y bastaría con establecer de forma “exclusiva e inequívoca” que este funcionario es el único del Grupo A de la Administración del Estado que puede encargarse de esta labor. Sería la solución más lógica, habida cuenta de que el actual L.A.J es el “único” funcionario que tiene el carácter de fedatario público judicial, siendo el ejercicio de la fe pública una de las funciones propias y esenciales de un encargado del Registro Civil. Reúne además “todos” los conocimientos y la experiencia adecuada para desempeñar esta jefatura. Tanto los L.A.J como el resto de funcionarios que trabajan actualmente en el Registro son los más capacitados para ejercer dicha labor, porque ya tienen la experiencia y la formación adecuada, mientras que otros operadores habrían de ser formados para este cometido. Claro ejemplo de ello es que los LAJ de los Registros Civiles en virtud de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción voluntaria, han asumido la competencia de celebrar matrimonios civiles, hasta ahora exclusiva de los jueces encargados, desempeñando dicha competencia con total normalidad. Sería un auténtico desperdicio de capital humano y totalmente anti económico para el ciudadano, desaprovechar personal totalmente capacitado.
Por otro lado, la necesaria modernización del Registro Civil sería muy sencilla y económica. Es vital terminar con el sistema decimonónico actual, con firma manual, libros de elaborados a mano, y la falta de sistema alguno de gestión procesal central, salvo los creados en los los propios registros. Dicha modernización precisaría dotar al Registro de un sistema de gestión procesal centralizado, firma digital y conexión digital con los diferentes registros, juzgados, y resto de operadores jurídicos y no jurídicos.
En este momento político en que nos encontramos, donde la necesidad de pactos se demuestra esencial para avanzar en democracia, después de las elecciones del 26 de junio sería un momento ideal para efectuar un Pacto de Estado al efecto, sobre todo tras escuchar a los partidos políticos en el día de ayer defender la necesidad de huir de las confrontaciones y lograr acuerdos que consigan hacer avanzar a España; hace falta sólo un poco de buena voluntad y disposición por su parte para lograr ese Registro Civil, moderno, eficaz y gratuito al que todos aspiramos.
Tras las elecciones, UPSJ iniciará los contactos pertinentes para trasladar a los partidos políticos nuestra voluntad de consensuar y nuestro plan de modernización del Registro Civil.
