Recientemente estamos leyendo como los Procuradores de los Tribunales están reclamando unas competencias nuevas, concretamente las relativas a la ejecución de las sentencias civiles que condenan al pago de cantidad o a la entrega de bien inmueble. Basan su petición en que existen en la actualidad 10.500 millones de euros pendientes de recuperar tras haber resolución firme de condena. Alegan, no sin razón, la dificultad de conseguir el cumplimiento de las resoluciones, achacando dicha dificultad al “mal funcionamiento de la Administración de Justicia”.
Este “mantra” parece que, repetido mil veces, se convierte en verdad. Esta Asociación de Letrados de la Administración de Justicia ha publicado informes que demuestran que, desde que hemos asumido esa competencia (añadida a las que ya veníamos desempeñando y que estamos a la espera de que se vea debidamente remunerada), se ha reducido considerablemente el número de ejecuciones pendientes, y ello a pesar de que se han incrementado exponencialmente el número de demandas de ejecución.
Queremos, en primer lugar, hacer unas reflexiones sobre el estado socioeconómico del país. La crisis de 2008 todavía arrastra un enorme número de ejecuciones derivadas de los impagos que se produjeron al no poder cumplir los ciudadanos con el pago de los créditos solicitados. Actualmente no hace falta recordar que estamos en una situación sino peor, en camino de serlo. Ello comporta que se estén ejecutando microcréditos de consumo, que se otorgan apenas sin garantías. Pero el problema llega cuando ese ciudadano no cumple con los plazos. Se le requiere para que pague, no paga y entonces se inicia la maquinaria de la ejecución forzosa. Actualmente, a través de la plataforma del Punto Neutro Judicial, dependiente del Consejo General del Poder Judicial, los Letrados de la Admón. de Justicia y los funcionarios a su cargo, pueden averiguar cuantos bienes tenga una persona: saldos en cuentas bancarias, empresas para las que trabaja, vehículos e inmuebles de su propiedad. El problema es que estos ciudadanos que solicitaron los créditos no tienen ninguno de esos bienes, o bien cobran pensiones de desempleo o sueldos que permiten embargar solamente una pequeña proporción de los mismos. Por lo tanto, esa ejecución se eterniza, pero no porque la Administración de Justicia “funcione mal” (recordemos el mantra), sino porque la situación socioeconómica del país está como está. Por lo tanto, dejémoslo claro: esos 10.500 millones de euros pendientes de recuperar, no lo están porque Letrados de la Administración de Justicia y funcionarios no cumplan su trabajo, sino porque no existen en los bolsillos de los ciudadanos.
Añadimos que la reclamada competencia de los Procuradores conllevaría un encarecimiento de esa ejecución forzosa, ya que las actuaciones de estos profesionales no está limitada a un tercio de la cuantía del procedimiento, como establece el art. 394.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para los abogados, por lo que el ciudadano deudor, una vez conseguido pagar el principal, deberá cumplir con los intereses y las costas, que incluirían, además de la Tasa Judicial y el 21 % de IVA, todas las actuaciones realizadas por los Procuradores de los Tribunales que, con la pretendida reforma, serían mucho más numerosas que las que actualmente se practican.
Por otra parte, recordemos que el art. 117.3 de la Constitución tiene un mandato claro hacia los Juzgados y Tribunales, otorgándoles y obligándoles a ejercer la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y “haciendo ejecutar lo jugado”.
En definitiva, por cumplimiento del mandato constitucional, por dignidad en el desempeño de la función que tenemos encomendadas, y por apoyo al ciudadano, no podemos dejar de ver la petición de los Procuradores de los Tribunales como una privatización de la justicia, a lo cual, como Letrados de la Administración de Justicia y como ciudadanos, nos oponemos.
