Publicada en el BOE de 28 de octubre la Orden JUS/997/2020, de 21 de octubre, por la que se crea una Unidad Administrativa en la Administración de Justicia como medida urgente complementaria para hacer frente al COVID-19, para el apoyo a la recuperación y esfuerzo de los órganos jurisdiccionales de lo social, mercantil y contencioso, adscrita al Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General para el Servicio Público de Justicia.
Se atribuye a esta unidad como principal función, el apoyo en la programación, impulso y coordinación de las acciones necesarias para la recuperación y normal funcionamiento de la actividad de los órganos jurisdiccionales del orden social y contencioso-administrativo y los Juzgados de lo Mercantil de conformidad con el Plan de actuación de la disposición adicional decimonovena del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, aprobado en el Consejo de Ministros de 7 de julio de 2020. Así como el seguimiento y control de los planes concretos de actuación en relación con los Juzgados y con los funcionarios incluidos en dichos planes.
La dotación temporal con la que se crea está compuesta por siete plazas, en lo que a los Letrados de la Administración de Justicia se refiere, que se cubrirán únicamente en comisión de servicios.
Al margen de la valoración que se pueda realizar respecto de la efectividad de esta Unidad Administrativa, lo cierto es que se están destinando recursos económicos a una oficina que poco puede contribuir a hacer frente al enorme retraso que se está generando en las oficinas judiciales y sin embargo no se está retribuyendo de forma adecuada la participación en los planes de recuperación y refuerzo de la actividad de los órganos jurisdiccionales del orden social y contencioso-administrativo y los Juzgados de lo Mercantil.
En lo relativo a la dotación y cobertura de plazas dada su naturaleza temporal, las plazas de la Unidad Administrativa se cubrirán únicamente en comisión de servicios, recurriendo de nuevo a un sistema de provisión de puestos de trabajo opaco, que no está sometido a ningún control, generando por ello una total desconfianza, y muy lejos de la transparencia en la actuación dentro del Ministerio de Justicia
