En el día de hoy, hemos conocido la interposición por el sindicato STAJ de un recurso contra la recientes resoluciones del Secretario General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia por las que se regulan la retribución de las sustituciones entre letradas y letrados de la Administración de Justicia, y se establece un plan concreto de actuación para la retribución de las entradas y registros simultáneas y otras actuaciones realizadas fuera del servicio de guardia.
Aún a falta de conocer el contenido del recurso, ninguna loable intención cabe esperar del mismo, si atendemos a la inquina gratuita hacia los LAJS con la que ese sindicato minoritario se despacha en sus comunicados y en algunos de los infames panfletos que hace circular por las oficinas judiciales.
Por desgracia nada de esto es nuevo, y todo apunta a que el recurso es un nuevo intento, uno más, de los sindicatos generalistas de retrasar y evitar cualquier mejora, por mínima que sea, de las condiciones laborales y retributivas de los letrados de la Administración de Justicia. Precisamente las resoluciones ahora recurridas (que responden a uno de los compromisos ministeriales asumidos tras la huelga de enero y marzo) tratan de paliar, hasta en tanto se aprueben los oportunos decretos, los graves perjuicios económicos que lleva ocasionando durante tres años el recurso de CCOO al decreto anterior. Tres años, en los que no consta el más mínimo intento o solicitud de esos sindicatos de reactivar el mismo.
Hace unas semanas, uno de esos sindicatos publicó en su web que nuestra retribución máxima por sustitución no será superior al 80% de las retribuciones complementarias, por haberlo fijado así el Ministerio de Justicia “con el aval de las asociaciones”, y que se ha acordado, con nuestra aquiescencia, que las entradas y registro se retribuyan con 100 euros. Con ello, pretendían hacer ver que ellos solicitaban una cantidad superior.
Vano intento, por cuanto que es evidente que no engañan a nadie. Se les ve demasiado la mampostería. Nada les impide exigir y negociar a partir de ahora la mejora de esas cantidades con los medios a su alcance, incluidas las manifestaciones y concentraciones de sus liberados que crean oportunas.
UPSJ seguirá denunciando en todos los foros la deriva sindicalista contra los LAJS y sus continuos intentos de asaltar el cuerpo directivo del Ministerio de Justicia. Continuaremos trabajando en nuestra exclusión de los censos de las elecciones sindicales, y en el resto de acciones emprendidas y por emprender, de las que os daremos oportuna cuenta. A ello se une también la iniciativa de los compañeros que están reclamando ante la Comisión Europea el reconocimiento a una negociación colectiva propia. Iniciativa que esta asociación agradece y valora, por cuanto el esfuerzo y el empeño de todos suma y es importante en esta justa batalla.
Entre tanto se resuelva vía legislativa y judicial la esperpéntica y anómala situación en la que está instalada nuestra negociación colectiva, el Ministerio de Justicia, conocedor de este gravísimo problema, tiene la obligación legal y moral de reforzar la audiencia a las asociaciones, como las únicas legítimas representantes del colectivo, así como de velar por los intereses y derechos de su único Cuerpo Superior Jurídico, que en ningún caso pueden ser moneda de cambio, chantaje o cambalache en la negociación de los del resto de cuerpos.
UPSJ solicitará la personación en el citado recurso, dado nuestro indudable interés legítimo, y continuará con el resto de actuaciones ya iniciadas y las que se puedan adoptar, en aras de algo que por ser evidente sonroja: que las letradas y los letrados de la Administración de Justicia, como cualesquiera otros trabajadores, podamos negociar nuestras propias condiciones laborales, y no lo hagan en nuestro perjuicio los representantes de los cuerpos que nos están funcionalmente subordinados.
