La Disposición adicional decimonovena del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, prevé la aprobación por el Gobierno de España, a propuesta del Ministerio de Justicia, de un plan de choque para agilizar la actividad judicial, una vez quede sin efecto la declaración del estado de alarma.
Ante este escenario, muchos operadores jurídicos se han apresurado a hacer llegar al Ministerio sus propias propuestas, en la mayoría de los casos, arrimando el ascua a su sardina sin el más mínimo disimulo. Baste ver como el Consejo General de la Abogacia (además de atreverse a dar instrucciones organizativas del trabajo de los juzgados o sobre cómo y cúando debemos disfrutar las vacaciones los funcionarios) insta, por ejemplo, a que se dé trámite de urgencia a procedimientos tan objetivamente faltos de la misma como las juras de cuentas o los incidentes de impugnación de la tasación de costas. O como el Consejo General de Procuradores llega a proponer, poco más o menos, la privatización de determinados trámites procesales, precisamente en estos momentos en los que la crisis sanitaria ha puesto claramente de manifiesto que urge una revisión de la importancia de lo público.
Pero entre todas las propuestas llama la atención sobremanera el borrador que ha hecho público el Consejo General del Poder Judicial, por ser éste un ente al que se le debería presumir un profundo conocimiento del funcionamiento de los órganos judiciales y de lo que es posible y de lo que no en los mismos.
A través de más de 400 páginas, el CGPJ sugiere una batería de medidas que pueden ser resumidas en una clara y vergonzosa premisa: la mejora de las condiciones laborales y retributivas de los jueces y magistrados. Y es que sin el más mínimo rubor, a río revuelto, el CGPJ pretende aprovechar la crisis que nos azota para poner patas arriba el ordenamiento jurídico, sin ningún debate, sin propuestas que supongan ahorrar tiempo ni costes al sistema o a los ciudadanos y con la descarada e insolidaria finalidad de descargar de trabajo y responsabilidad a los jueces endosándoselo a otros.
No le ha bastado al órgano de gobierno de los jueces con boicotear las instrucciones del Ministerio y las CCAA sobre cobertura de servicios esenciales en los juzgados, pese a no fijar una presencia básica mínima del juez en garantía de los mismos. En esa misma esperpéntica deriva propone ahora que se alargue la jornada laboral a los funcionarios (a ellos no), resucita el debate ya resuelto sobre las transcripciones, pretende que otros les redacten sus sentencias y exige una mejora de sus retribuciones a través del sistema de módulos, entre otras lindezas.
UPSJ ha trasladado al Ministerio un exhaustivo documento con propuestas realistas para afrontar la crisis en cada una de las jurisdicciones, apostando decididamente por la tecnología y por racionalizar los trámites procesales. Cualquier empresa que en esta materia el Ministerio pretenda exitosa pasa necesariamente por tener en cuenta la opinión y la experiencia de los letrados de la Administración de Justicia como directores de las oficinas judiciales.
En el mismo documento ya adelantamos que no permitiremos, de ninguna de las maneras, que se utilice esta situación para retroceder en derechos laborales ni para dar carta de naturaleza a privilegios profesionales o crematísticos de nadie. Si se tuviera la tentación de sucumbir a ello, nos econtrarán enfrente con toda la determinación y beligerancia que el Estado de derecho permita.
Tiene el Gorbieno, pues, por delante la difícil tarea de elaborar ese plan de choque que amortigue las consecuencias que la crisis que está por venir supondrá en los ya maltrechos órganos judiciales. Confiamos en que el Ministerio esté a la altura que la situación requiere y no se deje influir por las presiones y los intereses corporativistas, espurios a veces, de algunos. Ahora más que nunca están los poderes públicos obligados a cumplir con los mandantos de eficiencia, eficacia y de servir con objetividad a los intereses generales que nuestra Constitución les impone.
Y todos tenemos el deber de, haciendo de la necesidad virtud, aprovechar esta situación para acelerar y propiciar de manera responsable los cambios que la Justicia precisa y la sociedad reclama. En caso contrario, cuando despertemos de esta pesadilla, la Justicia paquidérmica, ineficiente y exasperante que conocemos, como en el cuento de Monterroso, todavía estará ahí.
