La Unión Progresista de letrados de la Administración de Justicia hemos celebrado nuestro XVII Congreso en Córdoba del 17 al 19 de abril.
En estos tres días hemos debatido, aprendido y alcanzado conclusiones desde la libertad de pensamiento y también desde el disenso, quedando constatado el empeño y el compromiso permanente de nuestra asociación de contribuir al esfuerzo colectivo de la mejora de un servicio público básico para la convivencia democrática.
Durante el Congreso se ha puesto de manifiesto que es necesario adecuar nuestros Estatutos a la nueva realidad de una asociación mucho más numerosa, más participativa y más en consonancia con la sociedad actual. Así, nos hemos propuesto hacer entre todas y todos un ejercicio responsable de análisis y de reflexión, que hemos iniciado estos días y que culminará en las próximas Jornadas con la reforma de las normas de organización y funcionamiento que nosotros y nosotras mismas nos queramos dar.
Retomamos así el espíritu de quienes desde un compromiso personal dieron el paso necesario para constituir hace ya 37 años la UPSJ, una organización plenamente democrática, donde todas las decisiones fueran tomadas, previo debate, por todos los afiliados.
Además, se celebraron varias mesas redondas en las que nos ocupamos de la mediación y la conciliación como funciones que nos atribuye la ley a los letrados de la Administración de Justicia; y del impacto que está teniendo en el proceso el Real Decreto ley 6/2023, la reforma procesal omnibus, y ello no solo desde la perspectiva de la dirección técnico procesal que nos corresponde a los letrados y letradas de la Administración de Justicia, sino también desde el punto de vista de la universidad o del de otros operadores jurídicos.
En los próximos días daremos a conocer las conclusiones de dichas mesas por esta web.
Igualmente, pudimos celebrar una Mesa Política con los portavoces de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, en la que pudimos conocer de primera mano la marcha de los trabajos parlamentarios de, entre otras, las leyes de eficiencia, y en la que nuestros representantes políticos pudieron tomar conocimiento de nuestras alegaciones, sugerencias, inquietudes, y de toda la información que los letrados y las letradas de la Administración de Justicia podemos suministrar como perfectos conocedores de la materia sobre la que van a legislar.
Como señaló nuestro portavoz, Francisco Aguilar, en su discurso de clausura, este Congreso nos ha dado el impulso para seguir trabajando en reivindicaciones que esta asociación considera irrenunciables, y entre las que se encuentran las siguientes:
– Debe cumplirse en su integridad y sin dilación el Acuerdo que puso fin a la huelga, sobre lo que se ha ido avanzando y sobre lo que estamos permanentemente vigilantes. Así, tiene que aprobarse ya de manera inminente el decreto que regula nuestro sistema de sustituciones, y la modificación de nuestro reglamento orgánico que, entre otras medidas, elimine la “cuarta categoría”, establezca el régimen de los Encargados del Registro civil, regule el sistema de libranzas, y garantice la efectividad de la obligación legal de audiencia a las asociaciones, máxime ello tras los recientes pronunciamientos judiciales y de organizaciones internacionales que denuncian la absoluta anomalía democrática que supone que carezcamos de una negociación colectiva propia.
– Respecto al Registro Civil ya mencionado, UPSJ ha denunciado las disfunciones que se están produciendo en la implantación del nuevo modelo, su solución pasa por que todos los encargados letrados estén en registros exclusivos y para ello hemos elaborado una enmienda para la LO de medidas para la eficiencia del servicio público de Justicia que estamos pasando a todos los partidos políticos, para incardinar los registros civiles en una sección de registro civil en los servicios comunes generales.
– Se hace fundamental asumir que en todas las renovaciones del órgano de Gobierno del Poder Judicial, que no de los jueces, siempre haya, como mínimo un letrado de la Administración de Justicia, puesto que, por más que no se trate de un órgano de representación, la sensibilidad de nuestro colectivo debe estar presente en dicho órgano de decisión.
– Es fundamental que el Secretario General de la Administración de Justicia, que culmina la pirámide organizativa de los letrados de la Administración de Justicia, lo sea un integrante de nuestro carrera. Huelga decir que existen compañeros y compañeras con preparación suficiente como para que puedan asumir ese cargo que, por su propia definición y por la justificación de su inclusión fuera del Decreto de organización del Ministerio, estuvo pensado para que así fuera.
– Según ha informado el Gobierno al Congreso de los Diputados, nuestro Cuerpo cuenta actualmente con 871 vacantes. Esa situación no es asumible y debe remediarse con convocatorias de oposición con plazas suficientes. Es esencial contar con letrados y letradas titulares que acceden al cuerpo por mérito y capacidad, superando una oposición, como garantía de un servicio público de calidad.
– Tras la experiencia de veinte años, se hace urgente que, mediante una reforma de la LOPJ se incorpore de manera expresa a los Secretarios de Gobierno en las Salas de Gobierno, sin que pueda estar al albur de la buena intención del Presidente correspondiente que aquéllos puedan votar en los temas que afecten a los letrados de la Administración de Justicia y a la Oficina Judicial.
– En nuestra idea de aproximación a las otras dos carreras técnicas de la Administración de Justicia, reivindicamos también la necesidad de que todos los principales hitos de nuestra carrera profesional tengan acceso a las páginas del BOE, de forma que, no solo la resolución de concursos, sino también las jubilaciones y otras circunstancias profesionales, tengan reflejo en este diario oficial.
– Al igual que ocurre con la carrera fiscal, nosotros también aspiramos a que los letrados de la Administración de Justicia puedan participar en las oposiciones a especialistas, en sus distintas modalidades, aunque para ello haya que determinar un número determinado de años de servicio o que estos lo hayan sido en la jurisdicción correspondiente. Esta cuestión ya estuvo en el debate político a finales de los años 90 del siglo pasado, se presentaron algunas enmiendas a las diferentes reformas de LOPJ, elaboradas por la UPSJ y deberá retomarse.
– Y por qué no, a la vista de lo acontecido en estos últimos años no hay que orillar un debate serio y sosegado sobre la ubicación de la gestión orgánica de nuestra carrera, pues no son pocas las voces que asumen que ante las competencias jurisdiccionales que nuestro Cuerpo ha asumido en los últimos años, debería ubicarse más en el seno del CGPJ que en el Ministerio.
Hemos de lamentar no haber podido trasladar in situ todas estas cuestiones al Sr. Ministro, al Secretario de Estado o al menos a la Secretaria General, como cúspide de nuestra organización jerárquica ,ya que, por primera vez en 37 años, no pudimos contar con la presencia de ninguno de ellos.
Junto con la parte académica, también hemos podido conocer estos días algunos de los rincones de Córdoba, ciudad histórica y monumental que nos acogió con los brazos abiertos y que queda ya señalada de manera muy destacada en el mapa afectivo de nuestra asociación por los días y momentos allí vividos.
