El Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) y la Asociación independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ), de común acuerdo emiten este comunicado:

PRIMERO.- Los Letrados de la Administración de Justicia constituimos un Cuerpo Superior Jurídico de carácter nacional y dependientes del Ministerio de Justicia, como nos define la LOPJ.

Las funciones que desarrollamos en los juzgados y Tribunales, entre las que destacan, la fe pública judicial, la Dirección exclusiva de las oficinas judiciales en cuestiones técnico-procesales, el impulso de los procesos judiciales mediante resoluciones propias, la decisión final de muchos procesos y la llevanza de la ejecución, entre otras, nos posicionan como garantes del servicio público de calidad que merecen todos los ciudadanos.

SEGUNDO.- La Administración de Justicia como servicio público precisa su modernización de forma urgente, para lo que exigimos al Ministerio de Justicia y Administraciones implicadas  que adopte las acciones necesarias para superar las graves carencias que afectan al ámbito   organizativo, tecnológico, de medios materiales y personales,  y profesional,

En el ámbito organizativo,

  • Es necesaria la implantación y desarrollo la Nueva Oficina Judicial bajo la dirección exclusiva de los Letrados de la Administración de Justicia para obtener una justicia eficiente y un servicio público de calidad en todos los territorios.
  • Demandamos igualmente la revisión de la planta judicial.

En el ámbito tecnológico,

  • Reclamamos la implantación del expediente digital, de forma útil y operativa dotando a la Administración de Justicia de los medios técnicos necesarios para poder desempeñar su función.
  • Es necesario compatibilizar los distintos sistemas informáticos de gestión procesal existentes en todo el territorio nacional.
  • Implantación de un sistema de estadística judicial que obtenga datos eficazmente de los programas informáticos de gestión procesal abandonando la extracción manual.

En el ámbito de los medios materiales, demandamos las inversiones necesarias y planificadas que nos permitan superar las profundas carencias actuales:

  • Un Plan de inversión suficiente y prolongada.
  • Modernizar los edificios judiciales
  • Procurar los medios necesarios para hacer efectivos los derechos reconocidos en las leyes (como el Estatuto de la Víctima, la lucha contra la violencia de género, y la corrupción).

 En el ámbito de los medios personales:

  • Demandamos incrementar la plantilla de Letrados de Justicia, por necesidad estructural, el número de Letrados de la Administración de Justicia debe incrementarse, convocando al menos 250 plazas en cada uno de los próximos cuatro años.
  • Consolidar cientos de refuerzos de Letrado de Justicia que están actuando desde hace años.
  • Un adecuado sistema de sustituciones debidamente retribuidas, y de nombramientos de Letrados en todos los planes de actuación que se decidan para solventar los incrementos de litigiosidad como ha ocurrido con los juzgados de cláusulas suelo.
  • Una inversión adecuada en formación continua jurídica, directiva, y tecnológica.
  • Dotación de formación y medios materiales adecuados a todos los funcionarios públicos. Muy especialmente en los casos de la lucha contra la corrupción, ampliando las plantillas, reforzando especialmente el auxilio de los órganos judiciales y fiscales que investigan causas de este tipo (unidades de Policía Judicial, de auxilio de la Agencia Tributaria y de la Intervención General del Estado).

TERCERO.- El Letrado de la Administración de Justicia es un Cuerpo Superior jurídico, fedatario público, autoridad, directivo público de las oficinas judiciales, y procesalista. Hemos asumido desde la reforma procesal del 2009 el 80% del trabajo procesal antes de jueces y magistrados, resolvemos muchas reclamaciones judiciales, nos responsabilizamos de impulsar la modernización tecnológica, dirigimos las oficinas judiciales con plena eficacia y asumimos multitud de tareas gubernativas de la organización judicial. Sin embargo, esta esencial función está ausente de reconocimiento e incentivo profesional, lastrando la debida modernización y desincentivando a nuestro colectivo, no en vano, un Letrado de nuevo ingreso percibe un salario de 1.400,00€

Ni siquiera se han equiparado las retribuciones de estos funcionarios con las que perciben otros cuerpos nacionales de la misma categoría A 1 dentro y fuera del mismo Ministerio de Justicia.

Ante esta situación, demandamos urgentemente la adecuación salarial que compense las nuevas funciones y responsabilidades asumidas, pues una Administración de Justicia de calidad también requiere profesionales justamente retribuidos.

CUARTO .- Reclamamos también un Registro Civil de calidad y público, a cargo de los Letrados de la Administración de Justicia . Es  incomprensible una nueva prórroga de entrada en vigor de la Ley 20/2011

QUINTO.- En materia estatutaria, demandamos un Nuevo Reglamento orgánico adaptado a la nueva realidad competencial que hemos asumido y a la última modificación de la LOPJ de 2015, y además

  • Exigimos respeto a nuestra condición jurídica a la hora de la atribución de tareas y funciones.
  • El desarrollo de la previsión orgánica de la audiencia previa a las asociaciones profesionales
  • Reconocimiento del derecho a la negociación colectiva diferenciada como personal directivo de la Administración de Justicia.
  • Adecuación del régimen de categorías profesionales, dando solución a los problemas de la tercera categoría, concursos de traslado, especialización y escalafón.
  • Desarrollo del régimen de libranzas por trabajo extraordinario más allá de la jornada laboral establecido en la LOPJ.
  • Estudio e implantación de las cargas máximas de trabajo y la adopción de medidas preventivas frente a los riesgos laborales y psicosociales.
  • Medidas de protección personal y de la intimidad cuando intervenimos en garantía de los derechos de los investigados como fedatario público, más si cabe en los registros policiales.
  • El establecimiento de una regulación clara y adaptada del nuevo Reglamento de protección de datos a Justicia, que garantice los derechos de los ciudadanos y nuestra posición en la organización.
  • Las medidas precisas de respeto a nuestra unidad de actuación y dependencia jerárquica como garantía de homogeneidad del funcionamiento de la Justicia y la propia independencia del Poder Judicial que dispone de su propia estructura de Gobierno.

Las asociaciones firmantes de este comunicado nos comprometemos a hacer uso de las medidas que sean precisas para alcanzar estos fines.

CARTELES PARA CONCENTRACIONES