A escasos días de una nueva huelga de letrados de la Administración de Justicia a la que ha empujado otra vez el Ministerio de Pilar Llop, resulta oportuno recordar que ya en el mes de marzo el CGPJ en cumplimiento del trámite consultivo del artículo 561.1 de la LOPJ, aprobó por unanimidad (sí, unanimidad) el informe jurídico respecto el proyecto de RD que modificaba los RD decretos retributivos para dar cumplimiento a la DA 157 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.
El informe (cuyo enlace se acompaña abajo) hablaba en diferentes párrafos de la especificidad orgánica de los Letrados de la ADJ, que nos singulariza y conforman un estatuto particular y único; de la semejanza y vinculación con la función jurisdiccional por la cual estamos sujetos a iguales motivos de abstención, recusación e incompatibilidad, y de que nuestros conceptos retributivos son muy similares a los de jueces y fiscales.
Recomendamos la relectura de todo el informe, pero queremos resaltar del mismo parte del punto 33 que dice literalmente: “33.- … Y, desde luego, no se considera ni se opta por el establecimiento de un nuevo sistema retributivo materializado en su incorporación o asimilación a las previsiones de la Ley 15/2003, de 26 de mayo, que contribuiría a satisfacer una de las reivindicaciones históricas de los Letrados de la Administración de Justicia, esto es, que las revisiones salariales, si bien sometidas a informes de asociaciones y sindicatos, no requieran su negociación en las mesas sectoriales de funcionarios de la Administración de Justicia, donde los Letrados de la Administración de Justicia no se sienten, en general, representados.”
El “enganche” del sistema retributivo de los Letrados de la ADJ al sistema retributivo de jueces y fiscales avanzaría en la solución de las dos cuestiones nucleares que reivindica históricamente UPSJ, junto con la modificación de los grupos de población, y que son el motivo de nuestras huelgas: negociación colectiva propia y adecuación salarial. Esta solución se contempló como posible, justa y legítima por un tercero ajeno al conflicto como es CGPJ.
Como corolario de todo lo anterior, y como acuerdo para la suspensión de las huelga que tuvo lugar a principios de este año, el Ministerio de Justicia se comprometió por escrito en el mes de abril a establecer una cláusula de enganche al régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal vía enmienda al Proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa. Sin embargo, el Ministerio de Justicia no ha cumplido ese compromiso, y sigue sin garantizar el apoyo por parte del grupo parlamentario que sustenta al gobierno a la enmienda de Ciudadanos que sí tuvo entrada.
