Los primeros veinte días de funcionamiento de los tribunales de instancia y de las oficinas que le dan soporte en los principales partidos judiciales no permiten todavía extraer conclusiones claras de la eficiencia del nuevo modelo. Como es obvio, nos encontramos en un proceso de transición de un modelo a otro, transición que sigue un ritmo dispar entre los diferentes territorios del Estado, entre aquellos administrados directamente por el Ministerio de Justicia y aquellos por comunidades con competencias en Justicia. Estamos en un periodo en el que hay que ajustar los equipos, realizar nuevos repartos de trabajo, otorgar los permisos informáticos correctos a cada funcionario y, en numerosos casos, desplazar personal y expedientes a nuevas ubicaciones. Será necesario esperar a la estabilización del cambio para realizar observaciones más de fondo en cuanto al nuevo modelo organizativo.
Sin embargo, sí hay una serie de observaciones que ya se pueden hacer en estos momentos. La principal es la constatación objetiva de que las plantillas están infradotadas, lo que está dificultando sobremanera la configuración de equipos, grupos de trabajo y negociados. La escasez de dotación se ve agravada por la decisión del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y de las Comunidades Autónomas de cesar los numerosos refuerzos que estaban nombrados antes del 31 de diciembre. Ya éramos pocos, y hemos empezado a funcionar con el nuevo modelo con menos personal del que había. El pasado lunes se ha dado a conocer por el gobierno la intención de crear 500 plazas judiciales. Esas plazas son necesarias, pero tendrán nula efectividad si no se crean a su vez plazas suficientes de LAJ, gestores, tramitadores y auxilios procesales. En anteriores notas ya referimos la urgente necesidad de crear 45 plazas de LAJ para atender a las nuevas plazas judiciales de violencia sobre la mujer, necesidad previa y anterior a lo referido en esta nota.
Esa infradotación nos debe llevar a destacar todavía más el enorme trabajo que están realizando los y las LAJ y funcionarios de los Cuerpos Generales para la puesta en marcha del modelo, supliendo con su profesionalidad, buena voluntad, esfuerzo y vocación de servicio público numerosas carencias de las administraciones prestacionales, sin que se les esté dando el reconocimiento que merecen.
Finalmente, debemos observar que la gestión del proceso del cambio no ha sido correcta. Ha habido precipitación, poca información, disparidades importantes entre territorios. Se han convocado concursos en agosto, ha habido constantes cambios en las RPT, se ha obligado a tomar decisiones sin tener información suficiente. El acoplamiento ha producido numerosas situaciones individuales injustas, en las que compañeros y compañeras LAJ se han visto perjudicados frente a otros con menos antigüedad o respecto de LAJ sustitutos y sustitutas. Se han perdido derechos individuales, como un concurso de traslados ordinario tan importante para la conciliación familiar y el desarrollo de un proyecto de vida.
Ello no conlleva una crítica de fondo al proyecto, al que nos comprometimos al finalizar la huelga de 2023 y que añade grandes responsabilidades organizativas a unos LAJ que estamos perfectamente preparados para asumirlas, tal y como lo hemos hecho con todas las competencias procesales y de todo tipo recibidas año tras año. Pero ello ocurre cuando el Ministerio todavía tiene numerosos compromisos sin cumplir: decreto de sustituciones, carrera profesional, teletrabajo, productividad, registro civil…
Se nos dijo en 2025 que no habría tiempo para otra cosa que para la implantación de los tribunales de instancia. Estamos ya en 2026, por lo que es ineludible ya cumplir con los compromisos pendientes.
EL SECRETARIADO DE UPSJ
