En los primeros meses del año, las letradas y los letrados de la Administración de Justicia secundamos mayoritariamente la huelga convocada por UPSJ y respaldada por AINLAJ, pese a la postura en contra de una asociación -ya extinta-, y del boicot de otra, en defensa de nuestra dignidad retributiva y negociación propia. El conflicto fue aparcado como voto de confianza, y tras manifestar el Ministerio ser consciente de la problemática y de lo justo de lo reivindicado, y haber adquirido determinados compromisos públicos.

Como indicábamos en una nota anterior, UPSJ ha mostrado al Ministerio su disconformidad con el modo en que se están desenvolviendo las relaciones laborales tras la desescalada del conflicto, ante la falta de fijación de fechas para las reuniones, incumpliendo el compromiso de establecer un calendario para ello, como por la falta de información y consulta previas, imprescindibles para la audiencia a las asociaciones leal y reforzada, propia de un clima colaborativo.

A día de hoy, y pasadas ya más de dos semanas desde que el asunto fuera llevado a mesa sindical, siguen sin ponerse en marcha los planes de actuación que permitan el pago, conforme a las nuevas cuantías, de las diligencias de entradas y registro, y sin haberse dado las instrucciones oportunas en relación con el plan de las sustituciones, entre tanto se apruebe el decreto correspondiente. Decreto que este Ministerio ha sido incapaz durante casi cuatro años de volver a aprobar, causándonos, también en esta materia, un perjuicio económico intolerable.

Tampoco se tiene noticias de que se haya iniciado la modificación de los reales decretos retributivos de 2003 y 2009 para reducir los grupos de población de 5 a 3. Sin perjuicio de ser conscientes que es una cuestión compleja, a nadie se le escapa que el impulso de dicho proceso depende en gran medida de la voluntad política. En este caso, el Ministerio no parece estar demostrando mucha, cuando después de tantos meses siguen sin iniciarse los trámites oportunos de audiencia, y sigue escudándose en memorias técnicas y económicas  que parecen no tener fin.

También hemos denunciado que el Ministerio remitiere sin consensuarla la enmienda a la Ley de Eficiencia Organizativa que recoge la cláusula de enganche, y en un tanto por ciento absolutamente insuficiente.

Con ser estos asuntos los nucleares, hay igualmente otros que siguen sin ser afrontados:

– Sigue sin destinarse a la productividad, ni de manera remota, el 5% de la masa salarial a lo que obliga la ley, habiéndose recibido,  en la última nómina y en este concepto, cantidades irrisorias e indignas.

– Siguen sin aprobarse las RPT de los Registro civiles de Madrid y Barcelona.

– Siguen sin convocarse las elecciones al Consejo del Secretariado, ocho meses después de caducado su mandato.

Ante esta situación, no es de extrañar el profundo malestar reinante, y que hace escasos días los compañeros de Alicante se reunieran nuevamente en asamblea al objeto de reclamar a las asociaciones la puesta en marcha de medidas del conflicto en el mes de septiembre en el caso de que no se produzcan avances. Cuando se redactan estas líneas, nos llegan noticias de próximas convocatorias similares en otros partidos judiciales.

UPSJ ha comprometido su palabra de adoptar, si el colectivo así lo demanda de nuevo, las medidas que sean necesarias para acabar de una vez por todas con la injusta discriminación retributiva que padecemos. Así las cosas, si el Ministerio no pone en marcha de forma inmediata en los próximos días los planes de actuación prometidos, no inicia de una vez por todas la tramitación del Decreto de sustituciones, y no hay avance en las modificaciones para la reducción de los grupos de población, a la vuelta del periodo estival se reiniciará el conflicto con la intensidad que las circunstancias requieran.

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