En el día de ayer, el Consejo de Ministros y Ministras ha aprobado la tramitación urgente de un Real Decreto por el que se crearán otras 500 plazas de jueces y 200 de fiscales. Como hemos señalado con ocasión del anterior Real Decreto que creó el idéntico número de plazas judiciales, y con ocasión del Real Decreto de 2025 que creó otra serie de plazas judiciales y fiscales especializadas en violencia de género, no se están creando plazas proporcionales de letrados y letradas de la Administración de Justicia (LAJ).
Desde UPSJ nos alegramos siempre del incremento de efectivos y dotaciones de los servicios públicos, como en este caso, pero tenemos que remarcar que incrementar únicamente plazas de jueces y de fiscales, como se está haciendo por tercera vez, no va a servir por si solo para mejorar el servicio prestado a los ciudadanos.
La nueva organización judicial en tribunales de instancia y servicios comunes procesales permite la creación de plazas separadas de unos y otros cuerpos, y actuar así de forma quirúrgica donde es necesario reforzar. Pero ello no implica que se pueda o se deba crear a partir de ahora plantillas desproporcionadas.
Desde la puesta en marcha de la tercera fase del nuevo modelo judicial ha quedado patente algo que ya se veía en las dos anteriores y que se ha destacado en el XVIII Congreso de la UPSJ celebrado hace unos días en Bilbao: hay muy pocos LAJ. La creación de una estructura directiva de LAJ era necesaria y va a permitir gestionar de forma eficiente los grandes servicios comunes creados, pero también ha disminuido el número de LAJ disponibles para la dirección técnica procesal de los asuntos. Igualmente, la eficiencia del nuevo modelo se basa en la especialización en equipos y grupos, lo que requiere tener suficiente personal para especializarlo. Idénticas apreciaciones se pueden hacer respecto de los funcionarios de cuerpos generales. Finalmente, la liberación de varios presidentes de tribunales de instancia de funciones jurisdiccionales nos lleva a pedir que se permita la liberación de funciones procesales a los directores de los servicios de los partidos más grandes, lo que exige la dotación de nuevo personal para realizar el trabajo que dichos directores no pueden ya asumir.
Las plantillas del servicio público de justicia deben de estar equilibradas para permitir la admisión y tramitación de las demandas que deberán enjuiciar los nuevos jueces, así como para su ejecución, sin incurrir en nuevos cuellos de botella. Otra cosa supone generar un gasto público ineficiente para el ciudadano, que no verá mejorada la respuesta del servicio de justicia.
Secretariado de UPSJ
