Recogemos las conclusiones de las distintas mesas del Congreso de Bilbao:
Primera mesa: “Justicia y perspectiva de género”
1.- Pese a los indudables avances que se han producido en las últimas décadas, y de la significativa incorporación de la mujer a nuestra profesión y al resto de profesiones del ámbito de la Administración de Justicia, aún queda camino por recorrer para la consecución de una igualdad real y efectiva.
2.- Es imprescindible mejorar en medidas y derechos de conciliación de la vida familiar y laboral que coadyuven a la igualdad pretendida, incluyendo adaptaciones del puesto de trabajo y adopción del teletrabajo, cuestiones que tienen un importante impacto de género.
3.- Proponemos al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes la creación de una Comisión de Igualdad específica para el Cuerpo de letrados y letradas de la Administración de Justicia, siguiendo el modelo existente en el CGPJ y en el Ministerio Fiscal, como órgano que permita analizar nuestra realidad e identificar obstáculos que dificulten la igualdad real.
Segunda mesa: “Balance implantación NUMO: retos pendientes”
1.- Las disfunciones iniciales en la implantación del nuevo modelo organizativo de los Tribunales de Instancia han venido asociadas, entre otras, a la necesidad de poner en marcha nuevas estructuras, redistribuir cargas de trabajo, adaptar relaciones de puestos de trabajo (RPT), modificación de aplicaciones informáticas, o la necesidad de establecer cauces de coordinación entre los letrados de la Administración de Justicia, las Presidencias de los Tribunales de Instancia, los magistrados y el personal de la Oficina Judicial.
2.- La implantación de la NUMO debe entenderse como un proceso, necesariamente flexible, y no como un momento concreto, resultando fundamental la importancia del liderazgo y la implicación y la motivación de los equipos.
3.- La comunicación y la cooperación son elementos esenciales en la nueva organización, siendo imprescindible una relación fluida entre las Direcciones de los Servicios Comunes y las Presidencia de los Tribunales de Instancia, que debe concretarse en protocolos de coordinación consensuados. Resulta igualmente fundamental que esa organización se dé entre los distintos Servicios Comunes entre sí.
4.- La tecnología debe acompañar al cambio organizativo, siendo absolutamente necesaria su adaptación a las nuevas necesidades de organización surgidas, de manera que permita proporcionar los datos para una distribución equilibrada de la carga de trabajo.
Tercera mesa: “El LAJ ante el derecho de representación colectiva, últimas sentencias y perspectivas”
1.- La demanda de una representación colectiva propia del cuerpo de letrados y letradas de la Administración de Justicia es una reivindicación histórica del colectivo, tanto para lograr una adecuada defensa de los intereses del cuerpo como para evitar que se empleen los mecanismos existentes por los sindicatos generalistas en nuestro perjuicio.
2.- El principal obstáculo para lograr una representación colectiva propia es la falta de voluntad política para dar una solución a nuestro problema de representatividad. La vía judicial presenta limitaciones claras, tras las últimas sentencias, aunque las asociaciones deben de seguir insistiendo en ella.
3.- Mientras se logre una representación colectiva propia, el mecanismo de audiencia a las asociaciones, reforzado tras el acuerdo de fin de huelga del 28/03/2023 y la reforma del artículo 82 bis del Reglamento orgánico es el instrumento principal para la correcta defensa de los intereses de los letrados y letradas y por ello es imprescindible exigir su cumplimiento en su literalidad y espíritu.
Cuarta mesa: “La Ley de eficiencia un año después: disfunciones y mejoras”
1.- La nueva estructura organizativa que han implicado los Tribunales de Instancia era una necesidad, por entenderse agotado el modelo de organización de Justicia vigente hasta ahora.
2.- La oportunidad de la Ley de eficiencia no esconde, sin embargo, cierta precipitación en su puesta en marcha, que se ha traducido, fundamentalmente, en una implementación desigual en los distintos territorios y sin estudios serios sobre cargas de trabajo.
3.- La ejecución debe seguir siendo una potestad pública que corresponda exclusivamente al Estado, bajo la dirección de los letrados y las letradas de la Administración de Justicia y de los Servicios Comunes Procesales de Ejecución. Atribuirla a otros operadores jurídicos privados generaría una Justicia de dos velocidades, contraviniendo principios esenciales, disminuyendo las garantías y ralentizando la tramitación de los expedientes judiciales.
Quinta mesa: “El servicio público de Justicia tras la Ley 1/2025, líneas maestras y papel del LAJ”
1.- El nuevo modelo organizativo requiere una efectiva coordinación entre los directores de los Servicios Comunes y los presidentes de los Tribunales de Instancia. Es recomendable que, tanto el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes como el CGPJ, difundan los instrumentos de coordinación más logrados, así como que se insista en la formación en habilidades directivas de directores y presidentes.
2.-Las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Justicia pueden desarrollar la Oficina Judicial de acuerdo con las características y necesidades específicas de su territorio, pero es necesario garantizar una adecuada coordinación con los letrados y letradas de la Administración de Justicia, especialmente con los Secretarios de Gobierno, Coordinadores y directores. Son un instrumento esencial para lograrlo las comisiones mixtas.
3.- Mejorar la respuesta al ciudadano del servicio público de justicia requiere el empleo de los medios tecnológicos adecuados. Es necesario que el sistema de gestión procesal se adecúe al nuevo modelo organizativo, que se integren en él los distintos programas y aplicaciones, hoy dispersas, y que se integre de forma adecuada la inteligencia artificial, así como que se roboticen los procesos que sean susceptibles de ello.
4.- Es necesario dar un impulso importante a la formación en medios tecnológicos y ciberseguridad, así como reforzar los centros de atención al usuario.
