Como colofón de un Congreso marcado por la extensión e intensidad de los trabajos, ponencias y reuniones, la Asamblea de UPSJ ha aprobado las conclusiones de este VII Congreso.

Las conclusiones del Congreso han sido:

1. Elaborar una lista de puntos innegociables para la Carrera de los Secretarios Judiciales, los cuales deberán ser asumidos por el Ministerio de Justicia y el Gobierno. esta lista se presentará al Ministerio de Justicia y pide la eliminación de la jerarquización de la Carrera que se quiere imponer, la atribución al Secretario Judicial de la dirección del proceso, haciéndolo responsable de la jurisdicción voluntaria y el registro civil, y la facultad de dictar resoluciones propias, susceptibles de recurso ante el juez pero no revisables de oficio.

2. Acordar que el Ministerio de Justicia debe asumir esas reivindicaciones, o acordar la extinción del Cuerpo, pues el Borrador en trámite ministerial de reforma de la LOPJ supone jurídicamente su extinción. No cabe aceptar fórmulas intermedias.

3. Acordar una inmediata convocatoria de huelga nacional, secundando las Asambleas de los Secretarios de Madrid de Abril y Mayo de 2002, si se produce una subida retributiva a Jueces y Fiscales y en el mismo Boletín Oficial del Estado no aparece la correspondiente a los Secretarios Judiciales. Estos puntos han sido por la absoluta mayoría de los Secretarios Judiciales presentes, procedentes de toda España.

En cuanto a la reforma que se quiere realizar del proceso penal español, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 1. Es necesaria la presencia del Secretario judicial, a quien con carácter exclusivo le ha de estar encomendada la fe pública, en todos los actos limitativos de derechos. 2. El Secretario Judicial ha de dirigir realmente el procedimiento a través de las diligencias de ordenación resolviendo cuestiones procesales que, aunque provoquen cargas o afecten a derechos procesales de las partes, no supongan restricción de derechos fundamentales. 3. En la fase de instrucción del proceso penal, junto a resoluciones que necesariamente han de ser dictadas por el juez, otras muchas pueden serlo por el Fiscal, si se optase por atribuir a éste la instrucción. Caso de continuar residenciada en el juzgado, respecto de las segundas habría que distinguir las referidas al fondo del asunto de las de contenido procesal, encomendando éstas al secretario. 4. La opción de atribuir al Ministerio Fiscal la instrucción exige profundas reformas de su estatuto y la presencia constante de algunos de sus miembros en todos los partidos judiciales. 5. La introducción del principio de oportunidad ha de estar sujeta al de legalidad. La conciliación y la reparación, con un ámbito limitado de aplicación, han de ser considerados mecanismos de terminación o suspensión del proceso penal. Ha de garantizarse que la conformidad se presta de forma libre y voluntaria, lo que exige la presencia del Secretario. 6. La efectividad del derecho al recurso en el proceso penal requiere la generalización del recurso de apelación y que la ausencia de inmediación en la práctica de la prueba y el acta dejen de ser considerados un obstáculo para la revisión de los hechos. En este sentido, frente a la repetición de prueba s en segunda instancia, propugnamos la necesidad de grabación del juicio, al menos en las causas por delito. 7. Es necesaria una regulación legal de la realización de actos del proceso documentados mediante videoconferencia. Los importantes fines del proceso penal y las garantías de los derechos del imputado excluyen el uso de este sistema para los reconocimientos en rueda. la solemnidad que debe presidir los juicios por delitos, también la excluyen para la declaración del acusado.