El Boletín Oficial del Congreso de los Diputados de 6 de mayo de 2015 publica las enmiendas que los grupos parlamentarios formulan al proyecto del Ejecutivo de reforma de la LOPJ (vid. http://www.congreso. ... -134-2.PDF ).
Ciñéndonos, única y exclusivamente, en aquellas cuestiones que afectan al estatuto jurídico de los Secretarios Judiciales, muchas de las enmiendas planteadas por los grupos parlamentarios desestiman nuestras peticiones y no nos sorprenden (aunque nos entristezca):
1) El PNV, CiU y el grupo mixto interesan que se nos transfiera a las Comunidades Autónomas;
2) Se condiciona el derecho a la especialización profesional y las libranzas a un reglamento orgánico, dejándolo vacío de contenido puesto que desconocemos si verá la luz dentro de doce años (igual que la competencia en materia de jurisdicción voluntaria prevista en la LO 19/03);
3) Asimismo, se establece como una nueva competencia del Secretario Judicial la mediación vacía de contenido (¿habrá que esperar doce años, como la jurisdicción voluntaria, para que se apruebe una ley de mediación intrajudicial?);
4) El PP propone que el Consejo del Secretariado únicamente informe (sin carácter vinculante) sobre el candidato a Secretario de Gobierno y Coordinador Provincial que quiera nombrar el Ministerio de Justicia (con un mandato máximo de diez años) y no sobre todos aquellos que se presenten, estableciéndose que el Consejo del Secretariado continúe siendo un mero espectador; etc
Sin embargo, entendemos que el debate acerca del texto orgánico debería versar sobre las cuestiones esenciales que preocupan al colectivo de Secretarios Judiciales:
1) Ninguno de los grupos parlamentarios soluciona la carencia de los Secretarios Judiciales a una negociación colectiva real y efectiva. Visto la nula voluntad política de todos los Gobiernos, la única vía para su consecución es la judicial. Como sabéis, estamos impugnando la inclusión de los censos electorales de los Secretarios Judiciales en las elecciones sindicales de la Administración de Justicia obteniendo sentencias judiciales favorables. Llegaremos hasta el final e incluso, si hiciera falta, demandaríamos a España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos;
2) El sueldo: es necesario que el Ministerio de Justicia adecue las retribuciones de los Secretarios Judiciales a las funciones que actualmente ostentamos. De forma análoga a la “negociación colectiva” hemos iniciado las acciones legales para obtener dicho reconocimiento por parte de los tribunales de justicia (la semana que viene os informaremos sobre el estado actual de las mismas).
3) Las categorías: no se introduce en la exposición de motivos del proyecto de ley una explicación sobre el art. 441.6 lo que puede dar lugar a que sea interpretable en función del Gobierno que esté en cada momento generando inseguridad jurídica.
4) El cambio de nombre: consideramos que el Ministerio de Justicia, con carácter previo a la aprobación del proyecto en Consejo de Ministros, tenía que haber convocado a las asociaciones para conseguir un consenso sobre el mismo y no imponernos uno. Con certeza que se hubiera alcanzado. Sin embargo, optó -primero- por Letrados al servicio de la Administración de Justicia y -después- por Letrados de la Administración de Justicia pese a las críticas recibidas tanto del CGPJ, Consejo Fiscal y el Colegio de Abogados de España entre otros colectivos. La postura de esta asociación es clara porque así lo expresaron nuestros afiliados en una votación que llevamos a cabo en diciembre de 2013: nuestros afiliados prefieren el nombre de “Letrado Judicial”. Además, si se apuesta por el cambio de nombre hay que ser coherentes y la denominación de nuestros superiores jerárquicos (Secretarios de Gobierno y Coordinadores provinciales) también debería modificarse. El PSOE e IU interesan que nuestra profesión se denomine “Directores procesales”. El Sisej también. En el debate que tuvo lugar el 5 de mayo en la Comisión de Justicia del Congreso el PSOE ofreció la posibilidad al PP de alcanzar un acuerdo, cediendo todos, para que nos llamemos “Letrados Directores”. Creemos que es hora de que el Ministerio dé un paso al frente y convoque a las asociaciones para consensuar, si fuera posible, el nombre de nuestra profesión y, si no se alcanzara, continuar llamándonos Secretarios Judiciales. |
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