La Secretaría General de la Administración de Justicia y, más en concreto, el área de Letrados de la Administración de Justicia lleva más de un año paralizada en todo aquello que más directamente nos afecta.

Somos conscientes que actualmente está España colapsada por el frío, pero eso no justifica el estado de hibernación en el que parece encontrarse el Secretario General.

Esta situación genera una duda de enorme envergadura, que es el saber que está ocurriendo.

En el Área de Letrados de la Administración de Justicia, siempre han existido cuestiones que nos afectan  y que ha sido necesario regular. Eran los tiempos de la NOJ; de los cambios de programa en las oposiciones, y de regular la forma de acceso al Cuerpo; la responsabilidad disciplinaria; las reformas procesales con la asunción de nuevas competencias como  directores técnico procesales para el desarrollo de la nueva Oficina Judicial, asumiendo la máxima responsabilidad en materia de ejecución; la reforma de la LOPJ en la parte relativa a los Letrados de la Administración de Justicia; y ahora…la nada.

Desde finales de la legislatura anterior -recordemos que el equipo ministerial era el mismo- tenemos multitud de asuntos pendientes, y no se hace absolutamente nada al respecto.

Sin ánimo de ser exhaustivos citaremos algunos de ellos:

– Se encuentra pendiente la inaplazable adecuación de nuestras retribuciones. No es que no se haya producido, es que ni siquiera se ha formado una comisión de estudio con las asociaciones para explorar las vías para hacerla posible. A día de hoy no son suficientes para nosotros las buenas palabras sino que es justo y necesario que esas palabras se traduzcan en hechos, o tendremos que pensar que las promesas realizadas son un “brindis al sol”.

– La ley 20/2011 del Registro Civil y su entrada en vigor. Nos parece una aberración permitir que el treinta de junio de dos mil dieciocho entre en vigor la reforma del Registro Civil, después de haberse prorrogado en varias ocasiones, sin regular nada al respecto, con la pretensión de atribuir al Letrado de la Administración de Justicia la función de Encargado del Registro civil asumiendo el doble de trabajo, y sin que ello se vea reflejado en una adecuada retribución.

– Causa desconcierto la falta de regulación de las libranzas. Tenemos que recordar que fue uno de los puntos importantes de la mínima reforma de la LOPJ llevada a cabo ya en el año 2015, junto con cambio de nombre, y ahí sigue pendiente.

– Y otro tanto ocurre con la modificación del Reglamento Orgánico, que lleva demasiado tiempo paralizada. La reforma de la LOPJ otorgaba al Ministerio de Justicia el plazo de un año para aprobar un nuevo escalafón y ha transcurrido con creces y multiplicado por dos dicho periodo de tiempo, sin que ese mandato se haya cumplido.

En enero de 2017, a instancias del propio Ministerio, las asociaciones de Letrados de la Administración de Justicia, presentamos alegaciones para adecuar el Reglamento a la nueva regulación de la LOPJ  y a su vez proponer avances en nuestro estatuto jurídico, y de aquello ya no hemos tenido noticia alguna relativa al estado de desarrollo del referido reglamento. Ha pasado más de un año y la respuesta ministerial es el silencio más absoluto.

– Continúa pendiente la actualización del PAC de sustitución. En periodo electoral el propio Ministro se comprometió a actualizarlo al mismo nivel y condiciones que tienen reconocidas los jueces y magistrados. A día de hoy, también ha transcurrido más de un año, pendiente de informe del Consejo de Estado.

– Otro tema preocupante es la ausencia de protocolo de actuación para las actuaciones propias del juzgado en funciones de guardia, especialmente para las entradas de registro. En muchas ocasiones los Letrados de la Administración de Justicia nos sentimos desprotegidos, desamparados y para colmo de males…muy mal pagados cuando, fuera de nuestro horario laboral y en perjuicio de nuestra vida personal y familiar, debemos acudir a colaborar en la realización de entradas y registro simultaneas.

En muchos casos (sin ir más lejos, hace poco en la provincia de Madrid), se dan circunstancias que afectan a nuestra seguridad y que haría necesaria una regulación de los riesgos laborales a los que nos vemos expuestos día a día.

-Tampoco entendemos porqué sigue existiendo la cuarta categoría, de forma absolutamente irregular…

– El Ministerio pacta con el CGPJ los planes de trabajo sobre los juzgados especializados en contratos de consumidores y las asociaciones de Letrados de la Administración de Justicia no hemos sido ni escuchadas, cuando sobre nuestro colectivo recae la difícil tarea de organizar y dirigir unos planes en cuya elaboración no hemos participado.

– Y el tema económico no siempre es la excusa para no aceptar una petición. Algunas de las propuestas que hemos formulado son a coste cero o prácticamente. Ya hace tiempo, solicitamos al Ministerio la organización de encuentros de preparadores de opositores al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia. La idea no es original ya que el CGPJ organiza dichos encuentros con los preparadores de opositores a la Carrera Judicial con buenos resultados. ¿Qué impide que esa medida se implemente en nuestro caso?

Todo ello evidencia que la actitud del Ministerio frente a éstas y otras muchas cuestiones que siguen pendientes ha sido la contemporización o en el peor de los casos el silencio.

Eso sí, a la hora de buscar responsables parece que la inacción desaparece y se reactiva la toma de decisiones del Secretario General. El ejemplo más reciente lo encontramos en la sanción a una compañera de Ibiza, como consecuencia del suicidio de una víctima de violencia de género. La compañera ha sido sancionada a pesar de que su actividad profesional se desarrollaba en circunstancias penosas, con una total y absoluta falta de medios personales pues eran cuatro funcionarios de baja en un órgano judicial con funciones en el orden civil y penal. Y aún cuando el juez titular estaba de baja, alguna corresponsabilidad tendrán el juez sustituto (que realiza las mismas funciones que el titular), el resto de funcionarios, el Ministerio Fiscal y especialmente el Ministerio de Justicia que no atendió convenientemente las bajas de funcionarios. No podemos admitir que siempre se nos exijan responsabilidades, con las consiguientes sanciones, independientemente de las circunstancias que concurran y de medios de los que disponemos.

A lo anterior, se unen decisiones lamentables y poco democráticas, como ha sido la de excluir de las reuniones a nuestros compañeros del SISEJ, al parecer, porque son molestos, critican y no son amables con el Ministerio.

El propio Ministro debería tomar cartas en el asunto, porque la legislatura avanza y el contador de los resultados está a cero.

Por todo ello, UPSJ pide desde aquí y nuevamente, en concordancia con las peticiones que vamos remitiendo periódicamente al Ministerio, que se pongan manos a la obra. Y si el Secretario General no sabe o no quiere ponerse a ello no estará de más valorar que de un paso al lado.

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