En UPSJ llevamos muchos años reclamando nuestra adecuación salarial, defendiendo la compensación por el aumento de funciones asumidas desde el año 2009 y que hemos concretado al Ministerio.

Nuestra reclamación coincide sustancialmente con las propuestas por la Asamblea de Madrid y secundadas los compañeros que estos días se han reunido en casi todos los partidos judiciales.

Por ello, desde UPSJ apoyamos las movilizaciones impulsadas por la Asamblea de Madrid, en reclamación de la adecuación salarial del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia por las competencia asumidas desde 2.009 y las responsabilidades que estas comportan.

Apoyamos tanto las cartas propuestas y que se dirigen a los Excmos. Ministros Sr. Catalá y Sr. Montoro, como  la concentración autonómica  del día 18 abril a las 12 horas y la concentración nacional del día 21 abril a las 12 horas ante el Ministerio de Justicia, todo ello conscientes de la obligación de respetar los tiempos en el marco de la negociación que se ha iniciado en el Ministerio de Justicia sobre retribuciones.

En este momento, entendemos imprescindible la unidad de todo el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, y la participación en las movilizaciones convocadas supone además el respaldo de las asociaciones en nuestra negociación con el Ministerio.

Por eso en UPSJ, seguiremos trabajando activamente en el grupo de retribuciones creado por el Ministerio de Justicia, y acudiremos a la reunión señalada para próximo día 23 de abril  a la que hemos sido citados, y ello con el objetivo de defender e impulsar las medidas necesarias para conseguir la  inaplazable e imprescindible adecuación salarial.

Pero además, nuestra adecuación salarial se enmarca en el mal estado de nuestra Administración de Justicia, y en UPSJ ponemos  de manifiesto la existencia de otros motivos para la movilización.

Como Asociación, debemos y  queremos  impulsar  al Ministerio para que dirija sus esfuerzos a la mejora del servicio púbico de la Justicia que se merecen los ciudadanos, tanto en lo que se refiere a la implementación de la Nueva Oficina judicial, al desarrollo eficaz de una administración de Justicia tecnológicamente avanzada,  como en la consecuencia de un Registro Civil de calidad y público.

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