El Consejo de Ministros aprobó ayer el Real Decreto por el que se crean 500 nuevas plazas judiciales y 200 plazas de fiscales, culminando así los anuncios realizados por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, D. Félix Bolaños García. Se trata, sin duda, de una importante ampliación de efectivos que desde UPSJ valoramos positivamente, porque cualquier inversión en la Administración de Justicia es siempre una buena noticia.
Sin embargo, entendemos que resulta necesario advertir de una realidad que no puede seguir ignorándose: aumentar el número de jueces y fiscales, sin incrementar de forma paralela las plantillas de LAJ y de funcionarios de los cuerpos generales, difícilmente permitirá alcanzar los objetivos de agilidad y eficiencia que se persiguen.
La nueva organización judicial, basada en los tribunales de instancia y en los servicios comunes procesales, ofrece herramientas para reforzar exactamente aquellos ámbitos donde existen mayores necesidades. Precisamente por ello, no tiene sentido centrar el esfuerzo exclusivamente en determinados cuerpos mientras continúan sin resolverse carencias estructurales que afectan al funcionamiento diario de las oficinas judiciales.
Los nuevos jueces y fiscales necesitarán LAJ que impulsen los procedimientos, dicten las resoluciones de su competencia, organicen la actividad procesal y garanticen el funcionamiento de los servicios comunes. Necesitarán también funcionarios suficientes para tramitar los procedimientos. Sin ese refuerzo paralelo, el riesgo es evidente: aumentar la capacidad de una parte del sistema mientras se mantienen los mismos cuellos de botella en el resto.
La experiencia acumulada tras la implantación de las distintas fases del nuevo modelo organizativo ha puesto de manifiesto algo que los LAJ venimos advirtiendo desde hace tiempo: las plantillas actuales son insuficientes. La creación de puestos directivos era una medida necesaria para gestionar estructuras cada vez más complejas, pero también ha reducido el número de LAJ disponibles para asumir funciones jurisdiccionales y procesales en los órganos judiciales. A ello se añade que el nuevo modelo basa buena parte de su éxito en la especialización de equipos y servicios, algo sencillamente imposible cuando los recursos humanos son claramente insuficientes.
Resulta especialmente llamativo que se anuncie una ampliación histórica de 500 plazas judiciales y 200 fiscales sin que se haya planteado simultáneamente una respuesta de dimensiones equivalentes para los LAJ. La Justicia no funciona únicamente con más jueces y más fiscales. Funciona cuando todos los operadores que intervienen en el procedimiento disponen de medios suficientes para desarrollar sus funciones. Pretender mejorar el rendimiento del sistema actuando únicamente sobre una parte de él es ignorar cómo funciona realmente la Administración de Justicia.
El propio Ministerio ha destacado un incremento del 4 % en los señalamientos dentro de su ámbito territorial. Sin embargo, no se han ofrecido datos sobre otros indicadores esenciales para el ciudadano, como los tiempos de admisión de demandas, los emplazamientos, las ejecuciones o la obtención de resoluciones firmes. Y son precisamente esos ámbitos donde la labor de los LAJ y de los funcionarios resulta determinante.
Por todo ello, desde UPSJ reclamamos que el refuerzo de la Administración de Justicia no se limite a las carreras judicial y fiscal. Si el Ministerio considera necesario incorporar 500 jueces y 200 fiscales para afrontar las necesidades actuales, debe asumir también que el sistema necesita con urgencia un incremento muy relevante de plazas de LAJ. De lo contrario, se estará reforzando únicamente una parte de la estructura, dejando sin solución una de las principales carencias que sufre hoy la Administración de Justicia.
Tras analizar las necesidades existentes en las distintas sedes judiciales del territorio nacional, UPSJ considera imprescindible la creación de 431 nuevas plazas de LAJ, una propuesta que será trasladada formalmente al Ministerio.
Porque la modernización de la Justicia no será posible sin una planificación adecuada de la plantilla de los LAJ, que dirigen los servicios comunes y ejercen en ellos la función técnico-procesal en todos los procedimientos y fases.
EL SECRETARIADO DE UPSJ
