Tras algo más de un año desde el cambio en los responsables del Ministerio de Justicia, es obligación del Secretariado de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales informar a sus afiliados, y a todos los Secretarios Judiciales en general de la situación, a nuestro modo de ver, grave en la que nos encontramos.

Cuando en nuestro último Congreso, celebrado en Soria en la primavera de 2004, el recién estrenado Ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, y el flamante Director General de Relaciones con la Administración de Justicia, Ricardo Bodas, nos prometieron que desarrollarían las previsiones de la reforma de la L.O.P.J., se inició entre el Ministerio y la U.P.S.J una estrecha colaboración con conversaciones y consultas encaminadas a resolver los problemas y retos que estaban planteados. Hemos de reconocer que el fácil acceso y disponibilidad de todo el equipo ministerial, nos causó una impresión muy favorable y nos hizo pensar que podríamos resolver las cuestiones de forma satisfactoria. Sin embargo, desde el mes de abril pasado en que se produjo el primer incumplimiento grave por parte del Ministerio de lo pactado con los Secretarios Judiciales, se han producido otros signos alarmantes que nos inducían a pensar que no se iban a cumplir esos acuerdos. Por ello, miembros del Secretariado y del Comité Permanente de la UPSJ, encabezados por nuestro portavoz, Emilio López Durán, se reunieron el pasado miércoles día 28 de septiembre con el Director General de Relaciones con la Administración de Justicia, Ricardo Bodas, y le exigieron una respuesta clara a todos los temas que en los últimos meses se han estado planteando.

Los temas que se plantearon son los que más preocupan a la Carrera, y ante sus respuestas, el día 30, viernes, se reunió de urgencia el Secretariado de la UPSJ para analizar la situación.

Estos son los temas que se trataron, las respuestas que dio el Sr. Bodas, y la actitud que en adelante adoptará el Secretariado:

- Productividad: Se le recordó que el Decreto de Retribuciones de los Secretarios Judiciales establece que éste se devenga desde el 1 de enero de 2005, y que se nos detrajo del incremento de los complementos fijos el 5% de la masa salarial bruta para retribuir la productividad. Que estamos en el mes de octubre y aún no sabemos ni cual es el montante a repartir ni como va a hacerse. El Sr. Bodas contestó que no se iba a cobrar desde el 1 de enero; eso estaba decidido. Que estaba absolutamente descartado que la cantidad global fuera a ser el 5%. Que de la cantidad que fuera, que no dijo, en todo caso se destinaría un 70% a retribuir sustituciones voluntarias entre Secretarios, y el 30% restante a lo que pueda entenderse como productividad. Que lo tiene que discutir con los sindicatos, y se hará lo que salga de allí.

Esta respuesta incumple todo lo adelantado en reuniones anteriores que se venían manteniendo desde el mes de febrero del presente año. En dichas reuniones iniciales el Sr. Bodas dijo que el concepto de productividad era para retribuir un especial rendimiento en el trabajo, y que el concepto estaba claro. Que el problema era definir los parámetros para su devengo ya que en ningún caso se repartiría de forma lineal y que por supuesto se cobraría desde el uno de enero, aunque se pagara con retraso. Es más, cuando en reuniones posteriores se planteó la forma de resolver el difícil tema de las sustituciones, y se apuntó que se podría crear una bolsa de secretarios titulares voluntarios para realizar las sustituciones, con la correspondiente retribución, quedó muy claro por su parte, que el dinero que se dedicara a este concepto nada tenía que ver con el complemento de productividad. Pues bien, ahora pretende que la productividad se manifiesta haciendo sustituciones en otro Juzgado, no trabajando con especial dedicación en el tuyo.

La UPSJ entendemos que con esta respuesta tajante están terminadas y agotadas las conversaciones sobre productividad con el Ministerio. No estamos dispuestos a aceptar que se utilice un dinero que es nuestro desde el 1 de enero, para pagar conceptos que nada tienen que ver con la productividad. Son unos mil doscientos millones de pesetas, para entendernos todos, en el año 2005. No podemos estar conformes conque sean precisamente los compañeros que tienen destinos más desahogados de trabajo, y que por tanto podrían realizar sustituciones más fácilmente, los que cobren un sobresueldo que debería retribuir precisamente a los que desarrollan más actividad. No estamos pidiendo que nos regalen nada. Solamente que se cumpla la legalidad, recogida en nuestro Decreto de Retribuciones. Y damos por terminadas, que no rotas, las conversaciones por dos razones fundamentales: una, que de la actitud del Sr. Bodas se desprende claramente que no está dispuesto a cumplir este Decreto ya que según sus propias palabras, a los Secretarios se nos subió el sueldo a cambio de nada; y dos, para no dilatar más el resultado, sea el que sea, ya que una vez vencido el ejercicio presupuestario habríamos perdido la totalidad del dinero. Es la segunda vez en la historia reciente que a los Secretarios Judiciales se nos quita lo que es nuestro. La primera fue en el año 1.991, en el que, pese a estar aprobado y presupuestado, se nos dejaron de pagar otros mil doscientos millones de pesetas. Ya no tenemos un único agravio comparativo con la subida experimentada por las retribuciones de Jueces en el año 1.989. Ahora tenemos dos. El abismo entre las retribuciones de ambas carreras se profundiza nuevamente, y, triste es reconocerlo, en ambos casos con un Gobierno del Partido Socialista.


- Aprobación del Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales: En el mes de marzo, las dos asociaciones de Secretarios Judiciales pactamos con el Ministerio un borrador de Reglamento. Los miembros del Secretariado y del Comité Permanente trabajamos a destajo en fin de semana porque era urgentísimo que entregáramos al Ministerio enmiendas y propuestas. En el mes de abril, el Ministerio pacta con UGT una reducción del programa para el turno de promoción interna al 50% de los temas del turno libre, en un intento de conseguir desmovilizar una huelga de funcionarios. Ambas Asociaciones consideramos esta cesión como una traición y así se lo hicimos saber al Sr. Bodas. Desde entonces, y a pesar de que en reiteradas veces se le ha preguntado por el Reglamento, no hemos vuelto a saber nada de él. En la reunión que tuvimos en el Ministerio el 28 de junio pasado, se nos dijo que estaba en la Secretaría General Técnica, donde estaban preparándolo para enviarlo a los órganos consultivos pertinentes. El 12 de septiembre, ante nuevos requerimientos nuestros, se nos dijo que desde antes del verano estaba en el Consejo General del Poder Judicial para informe, y que ellos no tenían la culpa si el Consejo lo retenía más de lo debido. Ahora, el pasado miércoles día 28 de septiembre, y ante nuestra insistencia, pues en el Consejo se nos decía que allí no había entrado, nos ha reconocido el Sr. Bodas, que el Proyecto de Reglamento ha pasado el verano en un cajón del Ministerio, y que hasta el día 26 de septiembre no se ha remitido al Consejo. Nos han estado induciendo a engaño y dando largas desde el mes de abril. Ni siquiera sabemos si el texto que ha salido del cajón es el mismo que el que entró. La irresponsabilidad que esto denota es inconcebible. Sin Reglamento no se pueden convocar oposiciones de acceso al Cuerpo de Secretarios, por lo que entre 2004 y 2005 se han perdido 300 plazas, que no se cubrirán, pues ya no hay tiempo material para hacerlo este año, sin perjuicio de que se recuperen el año que viene, y que por tanto habrá que resolver mediante sustituciones, que habrá que pagar, al parecer con nuestro dinero. Además, el plan de implantación de la Oficina Judicial requiere un incremento de las plazas de Secretarios, que no se podrán cubrir porque el Director General de Justicia ha sido incapaz de elaborar un Reglamento a pesar de toda la ayuda y colaboración que desde la UPSJ se le ha proporcionado. Tampoco se pueden convocar Concursos de traslado, por lo que nuestros compañeros destinados lejos de sus lugares de origen tendrán que esperar sine die para poder optar a una plaza cerca de su casa. Pero no solo nos molesta la incompetencia, sino sobre todo, el engaño del que hemos sido objeto.

- Instrucción sobre horario y jornada laboral. La U.P.S.J. recurrió esta Instrucción en la que se sometía a los Secretarios Judiciales al régimen de horario que en cada Comunidad Autónoma con competencias transferidas se estableciera para los funcionarios destinados en ellas. Esa misma semana, nuestro Portavoz se reunió con el Ministerio para expresarles nuestro malestar y exponerles las múltiples razones que hacían que el horario de los Secretarios debiera ser fijado de forma diferente por el propio Ministerio, contemplando la especificidad de su trabajo. Se les hizo ver la ilegalidad que suponía la medida y la transferencia encubierta de competencias sobre los Secretarios que suponía la resolución recurrida. Se nos dijo que lo mirarían bien, que intentarían arreglarlo y que no nos preocupáramos que estudiarían el recurso. Pues bien, el Sr. Bodas, el día 28, nos ha dicho que eso estaba pactado con las Comunidades Autónomas y que se va a quedar así, y además que él está de acuerdo conque así sea. Añadió que si teníamos problemas en alguna, que tendríamos que negociar con cada una de las Comunidades. Esta actitud del Ministerio no solo descubre una falsedad supina en su actitud anterior, sino que denota un total desconocimiento de la legalidad vigente, ya que las Comunidades Autónomas no pueden adoptar decisión alguna sobre el horario de los Secretarios destinados en su territorio, pero sí dar cuenta al Ministerio o al Secretario de Gobierno correspondiente de los incumplimientos de horario de los Secretarios, que podrían dar lugar a actuaciones disciplinarias por parte de estos. Por lo tanto, nada podemos negociar con quien nada puede disponer de forma diferente para nosotros.

- Las certificaciones de las Guardias: Se le dijo al Ministerio que no estábamos dispuestos a hacer de mecanógrafos, sacando el certificado de la guardia del Juez a través de Aino@, imprimiéndolo y llevándoselo al Juez Decano para que luego simplemente lo firme. El Sr. Bodas, cuando se le hizo la protesta mostró su extrañeza por la disposición, sin embargo, en la reunión del pasado miércoles, reconoció que era conocedor de la instrucción en este sentido y que estaba conforme con ella.

- Secretario General de Justicia: Se le volvió a preguntar para cuándo el nombramiento del Secretario General de Justicia, o al menos el desarrollo del organigrama del Ministerio que lo contemple. En el Congreso de Soria, el propio Ministro de Justicia dijo públicamente que, salvo que ocurriera una hecatombe, el Secretario General de Justicia sería un Secretario Judicial. En conversaciones posteriores, incluso se nos pidieron sugerencias acerca de la ubicación orgánica y las funciones que deberían establecerse para el puesto.

Pues bien, cuando se le apremió al Sr. Bodas el pasado miércoles para que de una vez por todas dijera cuales eran las intenciones del Ministerio en este tema, dijo que estaban pensándolo y que el Secretario General de Justicia podría ser él mismo u otra persona, pero que no tenía por qué ser un Secretario Judicial. Que este nombramiento podría realizarse al final de esta legislatura o incluso en la siguiente. Al menos ya sabemos que podemos encontrarnos de nuevo con un miembro de la carrera judicial al mando, que no al frente, de la carrera del secretariado.

- Incumplimiento de la obligación de consultar ciertas disposiciones: Se le reprochó que no se nos ha dado trámite de audiencia antes de la aprobación de todas las instrucciones y disposiciones que nos afectan, como se comprometieron inicialmente. Que ni siquiera ha convocado al Consejo del Secretariado en aquellos casos en que su informe es preceptivo conforme a la LOPJ. La respuesta del Sr. Bodas no pudo ser mas peregrina. Nos dijo que está desbordado; que no puede, que tiene tal desastre y tanto que hacer, que se le pasó por alto. Realmente una situación inaudita. A los miembros del Secretariado y del Comité Permanente que asistieron a la reunión les causó verdadero bochorno oír esas excusas en boca de todo un Director General.

- Reglamento de Aspectos Accesorios de las actuaciones judiciales del CGPJ: Se exigió del Ministerio una actitud beligerante ante las continuas intromisiones del Consejo en sus funciones, y se les requirió para que la Abogacía del Estado recurriera ese Reglamento. Solo obtuvimos una respuesta evasiva, diciendo que lo estudiarán. No tenemos ninguna confianza en ello, ya que con relación a otro Reglamento aprobado por el Consejo, aunque no haya visto aún la luz en el BOE, el de las Oficinas de Señalamiento Inmediato (OSI) para los juicios rápidos civiles, tuvimos que enterarnos por el Consejo General de los Procuradores de que, para su elaboración, se había constituido una Comisión Nacional, integrada por el propio CGPJ, el Ministerio de Justicia, Abogados, Procuradores, Jueces y Fiscales, pero en la que se excluyó a los Secretarios Judiciales. Es probable que con éste de los aspectos accesorios haya pasado lo mismo.

Hay muchas más cuestiones sobre las que, a esta fecha, aún no sabemos nada cierto, pero lo que ha quedado claro en esta última reunión, es que hemos sido engañados y entretenidos durante todo este tiempo con el peor de los estilos. Que el Ministerio de Justicia no va a cumplir los compromisos adquiridos con los Secretarios Judiciales. Y la Unión Progresista, y su Secretariado, no pueden permitir que esto vuelva a ocurrir. Sobre todo, por respeto a sus afiliados y a toda la Carrera.

El Sr. Bodas, al que le hemos prestado más apoyo, personal y técnico, del que haya recibido nunca un Director General de Relaciones por parte de la U.P.S.J., es incapaz de llevar adelante el proyecto que tiene entre manos. Un proyecto que supone, ni más ni menos, la transformación más profunda que se haya realizado en la Administración de Justicia. Por eso, esencialmente, exigimos desde ahora su dimisión. Errores como los que el Sr. Bodas ha cometido y sigue cometiendo, pueden dar al traste con un proyecto del que depende un servicio tan fundamental como es la Justicia, y el Ministro de Justicia no debería permitirlo.