Desde que empezó a hablarse de la Nueva Oficina Judicial ha pasado tanto tiempo que ya casi parece un sarcasmo seguir colocándole el adjetivo, así que en adelante hablaré de Oficina Judicial a secas.

No es la primera vez, desde que arrancó este ingente proyecto, que me asomo por diversas circunstancias y coyunturas a  alguna de las ciudades protagonistas de este gran cambio, primero fue en Burgos allá por Noviembre de 2010, a los pocos días del despliegue y subsiguiente endurecimiento de las hostilidades, después Cuenca en 2012 y ahora León.

Me he vuelto a casa convencido de que León es el ejemplo a seguir por diversas razones:

La primera porque,  conviniendo que la esencia de este nuevo modo de organizarse  está en los Servicios Comunes (general, de ejecución y de  ordenación del procedimiento) es la única plaza que, hasta ahora, los ha implantado y desplegado por completo.

La segunda porque ofrece servicio integral a todo el partido judicial, incluida  la Audiencia Provincial, gracias al magnifico edificio del que se ha podido disponer, quedando  asegurada así la concentración física  de todos los órganos y sus dependencias.

En tercer lugar por el capital humano que con su esfuerzo y dedicación “a fondo perdido” ha permitido superar las muy diversas circunstancias obstativas que han ido surgiendo y que hoy aún se reproducen pero cada vez en menor medida e importancia.

Pese a todo no podemos dejar de mencionar importantes carencias y desajustes que hacen que el engranaje no vaya fino, además de algunas importantes  incertidumbres.

La mayor parte de las primeras se refieren a las llamadas tecnologías de la información y la comunicación (TICs) El principal desajuste es de naturaleza normativa fácilmente subsanable si hay voluntad de hacerlo; en cuanto a las incertidumbres, se espera que no pasen a hechos ciertos.

Entre las carencias la principal es (la falta de) el Sistema Integrado de Justicia  con un único modelo de gestión procesal totalmente interoperativo en todo el Estado y en concreto la carencia de aplicación y desarrollo del expediente electrónico que curiosamente tuvo asignados para León fondos materiales y personales en un primer momento para luego abandonarse. No pocas veces he escuchado que la Oficina Judicial sin expediente electrónico es menos eficiente, siendo una gran verdad  como lo es, no puedo evitar pensar que algunos usan este aserto como muleta o excusa para instalarse en el inmovilismo.

También brilla por su ausencia la agenda programada de señalamientos, al menos tal y como se concibió para la Oficina Judicial en orden al máximo aprovechamiento de esos recursos materiales tan importantes que son las salas de vistas.

Hablando de desajustes la rigidez comúnmente admitida de la regulación de la  dotación mínima de las UPADs por la Orden JUS/3244/2005 produce el indeseado efecto de una evidente descompensación de efectivos en dichas unidades sin carga competencial suficiente en perjuicio de los SC, con mucha mas carga de trabajo. Efectivamente se viene observando, a través de la experiencia, que la asignación de  un secretario para cada dos UPADs civiles allí donde esta implantado el SCOP (e incluso sin éste) no es razonable ni la Administración se lo puede permitir porque influye negativamente en el trabajo de los SC. Lo mismo se puede decir  respecto de los tramitadores.

Por ultimo quería mencionar la alarma y preocupación que nos produce la incertidumbre de una posible modificación normativa, contrareforma, si se quiere, que atribuya controles, supervisones o superiores direcciones en la Oficina Judicial que hasta hoy no existen, a órganos judiciales, gubernativos o cualesquiera otros que no sean los ya establecidos.

Por otro lado, no está muy claro, al menos para éste que suscribe el encaje de la Oficina Judicial en el proyecto de ley de Tribunales instancia.

En los días que hemos invertido en tan acogedora, pese al frío, villa, he tenido oportunidad de verificar la cantidad de horas que le han dedicado a este  empeño, entre otros, nuestros compañeros Secretarios Judiciales, empezando por la Secretaria Coordinadora y siguiendo por  los ilustres compañeros tutores que además han sido unos estupendos cicerones.

Algo han cambiado las cosas desde que se estableció esa primera cabeza de puente que fue Murcia y sobre todo Burgos, por aquellos entonces el Ministerio remaba contra corriente; sindicatos, judicatura, abogacía,  procura, prensa y hasta algunos de nuestros compañeros recelaban cuando no atacaban abiertamente esta nueva forma de organización. Esa resistencia al cambio de la que hablan los manuales de “coaching” se presentaba en toda su crudeza.

Parece que rolaron los vientos, parece que se ha caído en la cuenta de que esto sí funciona. La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha aprobado a mediados de diciembre pasado  una iniciativa presentada por el Partido Popular en la que se insta al Gobierno a extender la implantación del nuevo modelo de Oficina Judicial a toda España, hay cuatro CCAA (sin contar País Vasco- que va muy por delante gracias a nuestra compañera Rosa Gómez Álvarez) que llevan muy avanzado su diseño, hasta en Andalucía se anuncia un Decreto de implantación para  este año.

En estos momentos de supuesta “bonanza” no puedo terminar sin reconocer y agradecer las ingentes aportaciones personales y profesionales tanto como a los Secretarios de León y del resto de ciudades afectadas, al amigo y compañero  José Luis Gómez Arroyo, que tanto ha luchado con su Tizona en ristre desde las trincheras de su cargo de Coordinador haciendo frente con gallardía a los envites  de corporativismos bizcos y añejos.

Dionisio Carrillo Fuillerat

Secretario Judicial