1.- Hace dos años escribí un artículo (La partitocracia y el “nuevo” CGPJ); no era precisamente optimista sobre lo que cabía esperar del actual CGPJ, pero cualquier temor se ha revelado como tan corto como fundado.
Cada vez que llega el momento del nombramiento de altos cargos judiciales invariablemente se pone de manifiesto la parte menos edificante de la naturaleza humana. Las crónicas periodísticas dan cumplida cuenta de las estocadas, mandobles, conspiraciones, felonías y vilezas que unos y otros realizan; no sé que es más asombroso: si la general indiferencia ante fenómenos de gravedad incalificable, si la desvergüenza de quienes en ellos participan o si el hecho de que en España la democracia (si es que existió realmente) haya sido sustituida por una partitocracia que se exhibe sin el más mínimo rubor.
Como es notorio, el C.G.P.J se ha convertido en un “Parlamento sobre asuntos judiciales” por decisión de nuestros representantes políticos; la única diferencia con las Cortes Generales es el añadido de la lucha por el poder entre las diversas asociaciones judiciales. Tenemos así al Grupo Parlamentario “Progresista”, al “Conservador”, e incluso al Grupo “Mixto”. Todavía recuerdo el cierto revuelo que se formó cuando una portavoz parlamentaria utilizó el posesivo “nuestros vocales” para referirse a los “nombrados” por su partido político: las críticas se centraban en la falta de tacto de la expresión, no en su falsedad. Nos tratan como a niños: mejor que no sepan los asuntos de los mayores porque no los entenderían. También recuerdo que no hace mucho un Vocal del C.G.P.J denunció el mercado persa de nombramientos judiciales, pero no estaba claro si tal denuncia era fin o medio para otras cosas o ajustes de cuentas. En cualquier caso, todo está ya olvidado.
2.- Pero cuando llega la ocasión del nombramiento de presidentes de tribunales superiores de justicia (auténticos virreyes) hay que tener en cuenta otro condicionante: quien ostenta el poder en la CC.AA de que se trate. Todo lo cual complica más el espinoso asunto, ya agravado de por sí por la falta de un baremo oficial. Sería infinitamente más sencillo crear una tabla de puntuación: un presidente de audiencia provincial vale como dos magistrados del TS; una presidencia de sala del mismo, como tres magistrados; una presidencia de TSJ, como tres de AP; o bien: la presidencia de Andalucía vale como Canarias y Cantabria, etc. ¿No creen que algo así haría las cosas mucho más fáciles? No comprendo cómo no existe hasta la fecha.
Pues bien, recientemente se ha llegado a un acuerdo para nombrar los presidentes de los tribunales superiores de Andalucía, Canarias, Valencia, Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Casi nada. Eso sí, ha costado lo suyo. El negocio se cerró con dos presidencias para la APM, dos para JpD y una para los vitorinos. La “formación de la voluntad contractual” ha sido un tanto complicada: resulta que trascendió que uno de los candidatos para Andalucía era el “oficial”...de la Junta de Andalucía. El hecho de que, como presidente de una sala de lo contencioso-administrativo conozca los recursos contra actos de la administración autonómica de la que es “candidato”, como comprenderán, no tiene la más mínima relevancia; pero ese carácter “oficial” motivó el veto de la APM. Por lo demás, otros candidatos tampoco eran aceptables bien porque no eran “cómodos” para la Junta de Andalucía o bien porque podrían impedir un acuerdo global para todas las presidencias en juego (nunca mejor dicho). Además los vitorinos son el Grupo Mixto del C.G.P.J y su voto puede ser muy interesante para otros nombramientos futuros. Para colmo parece que hubo dos casos de transfugismo dentro del C.G.P.J.; intolerable deslealtad por parte del vasallo hacia el señor a quien debe su feudo o encomienda. Ingrata que es la naturaleza humana, ¡qué le vamos a hacer! Queda por averiguar si el motivo es una discusión doméstica entre “familias” o si los discrepantes han pensado que pueden votar en conciencia y no siguiendo órdenes; en el segundo caso les queda penitencia por cumplir porque además de estar incursos en flagrante delito de desobediencia, ponen en evidencia a los demás vocales.
No es de extrañar que uno de los candidatos haya manifestado: "Conmigo que no cuenten. La cuestión de fondo es el modelo de selección. Evoluciona hacia un corporativismo asociativo que cierra puertas a otras oopciones. A los que no nos definimos a nivel político se nos penaliza y por eso prima APM y JpD". Y otro dice: "Creo que no debo volver a presentarme. No importan capacidades ni programa. Sólo mérito partidario". En un país medianamente civilizado declaraciones semejantes darían lugar a un escándalo mayúsculo: se dice a las claras que los jueces no son independientes y que los nombramientos son una cuestión de mercadeo político. El caso es que leemos cosas semejantes regularmente y, por supuesto, se consideran una menudencia del tipo de la información meteorológica. La asunción banal de algo que supone la quiebra total de un régimen democrático entra en la normalidad.
Al final, todos contentos y el C.G.P.J está para lo que está el Parlamento nacional: escenificar negocios realizados fuera de él: todos los vocales votan a todos los candidatos elegidos, sonrisas en las ruedas de prensa, felicitaciones, etc. Eso sí: sobre el mérito y valía de los candidatos, ni una palabra; a fin y al cabo es algo indiferente para el nombramiento. Hay que reconocer que, como comedia, tiene un guión malo y los actores son pésimos: puestos a analizar lo peor de la naturaleza humana, no me digan que no prefieren alguna película de aquellas con Bogart con los pantalones por el estómago y largando frases inolvidables. La guinda de la tarta es que estos jueces son los que pueden juzgar a los políticos que los han elegido: cosas de los privilegios que se encubren con el técnico nombre de “aforamientos”. Añadamos tan sólo que quienes nombran a los que nombran a los altos cargos judiciales tienen también en sus manos el Poder Ejecutivo y el Legislativo, y de paso, cualquier órgano de control o vigilancia; el que gana las elecciones se lo lleva todo: repartirá cargos con la oposición pero la mayoría de cada órgano queda en sus manos. Es como el turno de partidos del siglo XIX pero sin elecciones amañadas (dejando de lado las luchas por el control de los medios de comunicación o la utilización del dinero de todos para favorecer a ciertos colectivos que presumiblemente darán su voto a quien ofrece la prebenda). Y por cierto que la última idea sobre el plazo de nombramiento de los magistrados del TC es gloriosa como pocas: de suyo los feudos siempre estaban ligados al destino del señor feudal que los otorgaba.
3.- Pero lo que realmente me saca de quicio es que cualquier día alguno de estos presidentes nos puede venir con una disertación entre alarmada y erudita sobre la importancia de la independencia judicial. ¡Manda huevos! Que si se puede ver atacada o inquietada por esto o aquello, que si es esencial para la función jurisdiccional y demás palabrería vana, hueca y cínica, según quien la use. Más o menos como si un canalla diserta sobre el honor: una ironía maravillosamente deliciosa siempre que se tome como un ejercicio literario. Todavía recuerdo el revuelo que se armó cuando se confirieron a los secretarios judiciales atribuciones de dirección y resolución procesal en la última reforma procesal: intolerable injerencia del Poder Ejecutivo (de quienes dependen los secretarios judiciales) en el Judicial, mediatización y daño de la potestad jurisdiccional, etc. Añádanse los improperios apocalípticos que se quieran, porque se dijeron todos. Y ya vemos también cómo de vez en cuando se recuerda que la Oficina Judicial no puede desconectarse del Poder Judicial, que los jueces deben tener también ámbito de decisión en la misma: es una olla en la que no se puede renunciar a intentar meter la cuchara. Y qué cosas: ¿adivinan quienes hacen tales afirmaciones?
4.- En realidad cualquier sistema basado en configurar a los jueces como un cuerpo funcionarial tiene dos puntos de quiebra evidentes: la promoción profesional y la responsabilidad disciplinaria. Si ambos quedan (como ahora) en manos, directas o indirectas, de los políticos, también los jueces quedan en sus manos. Creo que Alemania, pese a tener un sistema parecido, no tienen nuestros problemas, y por supuesto, en los países de tradición jurídica anglosajona estas cuestiones son desconocidas aunque tengan otras (jueces irrresponsables y elegidos directa o indirectamente por los ciudadanos). Añadamos que la idea de la Judicatura como carrera profesional la tuvo Napoleón: fácil es suponer el porqué. Ejemplos, los que se quieran. Todavía recuerdo a una Vicepresidenta del Gobierno manifestando públicamente que “esperaba” una sanción disciplinaria más dura para un juez o a un Parlamento autonómico reclamando que se retirase una imputación penal contra cargos políticos autonómicos.
Curioso efecto secundario de todo lo relatado es la existencia de dos “Carreras” judiciales: la de los altos cargos que han dejado las embarradas trincheras gracias no al trabajo hecho en ellas, sino a reunir las condiciones de previsibilidad exigidas por los políticos que tienen en sus manos los nombramientos; en su órbita están también los muchos centenares de jueces que ha conseguido algún descansadero en servicios especiales que también, de paso, sirve como trampolín para metas más altas; 1400 jueces sustitutos están para lo que haga falta en el interín. Los demás son los destajistas, que han hecho por primera vez en la historia un día de huelga como protesta, pero que el resto de su vida profesional lo pasarán enterrados entre papeles y cogiendo caspa en la toga, compitiendo estúpidamente a ver quien pone más sentencias mirando de reojo los datos de los compañeros. En realidad no hacen justicia tampoco: se limitan cada vez más a echar papel fuera como sea y eso es lo más grave (para nosotros) y humillante (para ellos). Inamovibles son, sin duda; el problema son los que sí han jugado para “moverse”. Algo extraño tiene que suceder, de todas formas, para que no se considere inaceptable que un día un magistrado sea ministro, secretario de estado o director general, y al día siguiente aparezca en el TS juzgando casos del partido político que lo nombró. Cuando se habla de “cargos de confianza” se sobreentiende que la referencia es a la “confianza política”.
De todas formas no sólo el poder corrompe; el dinero también es como el aceite que encuentra cualquier rendija para suavizar el rigor moral. Cursos, conferencias o colocaciones de familiares son algo útil en manos de quienes manejan el dinero con mayúsculas. No hay que asombrarse: en realidad no son gastos sino inversiones de futuro que rendirán dividendo en su momento. Ya sabemos que los únicos deudores a los que los bancos condonan sus créditos graciosamente son los partidos políticos.
5.- Conclusión: tenemos una justicia que como servicio es un puro desastre y como poder no es independiente y se parece bastante a una gusanera. Sobre el primer extremo, se quiera o no reconocer o se intente encubrir, basta con observar que el funcionamiento normal de los juzgados, como organización, no resiste el más mínimo análisis racional. Sobre el segundo, no es de extrañar que España obtenga un horrible 3,82 de nota y un desastroso puesto 66 en independencia judicial según el último estudio del World Economic Forum. No ya es que quedemos lejos de los países de nuestro nivel económico (salvo Italia, que está peor), es que nos ganan con soltura países como Singapur (5,64), Chile (5,36), etc.
6.- Culpables: somos todos los ciudadanos, que consentimos el secuestro de la democracia por los políticos y nos autocompadecemos pensando que todos hacen lo mismo. Peores son los se quejan de las corrupciones del poder sólo porque tienen envidia por no ser ellos los agraciados por sus frutos. También las asociaciones de jueces, que se quejan de la injusticia de los repartos de cargos no porque consideren que el sistema es perverso, sino porque su trozo de tarta siempre es más pequeño que el del vecino. Y los mismos jueces: que también se quejan, pero se suben a la noria o no hacen nada por pararla. En el fondo sería sencillo: alguien se imagina qué pasaría si no hubiese un sólo candidato a ninguna plaza de presidente de órgano o de vocal del CGPJ. El sistema saltaría en pedazos y se pondría de manifiesto la podredumbre de la olla levantando la tapadera. Sin embargo, me temo que siempre habrá candidatos; existen los pecados únicamente porque hay pecadores.
Juan Calzado Juliá
Secretario Judicial
Referencias
La partitocracia y el “nuevo” CGPJ)
World Economic Forum: 2010 report
Postscriptum (11-11-10): con relación a ciertos comentarios que amablemente me han realizado algunos lectores, quiero aclarar que no soy en absoluto partidario de que los vocales del CGPJ sean elegidos exclusivamente por los jueces; tal cosa sólo conduciría a sustituir la dictadura de los partidos por la de las asociaciones judiciales. O ni tan siquiera eso, por cuando dos de dichas asociaciones no son sino el brazo judicial de los dos partidos mayoritarios. Y eso no por decir que tal cosa conduciría a dejar un Poder del Estado en manos exclusivas de un Cuerpo funcionarial, que respondería únicamente ante sí mismo. En realidad, el problema no es del sistema de nombramiento, sino de cómo se utiliza. No hay herramienta alguna que garantice que no se puede hacer mal uso de ella.
